El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, considera que el bloqueo de las instalaciones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat por la Guardia Civil supone "un golpe asestado a la organización del referéndum ilegal" y su anulación por el Estado de Derecho
Méndez de Vigo, en declaraciones en el Palacio de La Moncloa, ha subrayado que el Ejecutivo está siguiendo con detalle los acontecimientos en Cataluña la víspera del 1 de octubre y que la actuación de hoy de la Guardia Civil es un paso más para evitar las aspiraciones de los independentistas.
A todas la carencias de legalidad de esta consulta, Méndez de Vigo ha sumado el hecho de que, a diferencia de las 35 consultas electorales que ha habido en Cataluña desde 1977, en la teórica jornada de reflexión estén haciendo campaña a favor del referéndum diversos dirigentes independentistas.
Respecto a la intervención en el CTTI, el ministro ha explicado que de esta forma se ha evitado que se pueda utilizar el voto telemático o el recuento de los votos. Ha precisado que esta intervención, como ha asegurado que ocurre con todas las que se están llevado a cabo, se ha realizado en el marco de estricto de la ley y por orden judicial.
"Con esta actuación queda de relieve algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que este referéndum ilegal convocado por la Generalitat, ya ha sido anulado por el Estado de derecho", ha recalcado.
Méndez de Vigo ha recordado que la consulta no tiene ningún apoyo internacional, ni Sindicatura Electoral, ni papeletas oficiales, ni censo, ni constitución de las mesas. Por tanto, ha asegurado que el Gobierno afronta la jornada del domingo con "serenidad y tranquilidad".
Respecto a las concentraciones que se están sucediendo hoy en diversos ayuntamientos de todo el país en contra del referéndum y en favor de la unidad de España, el portavoz del Gobierno ha dicho que el Ejecutivo respeta siempre la libertad de expresión, reunión y manifestación de todos.
"España es una democracia madura, avanzada y la gente expresa sus sentimientos, preocupaciones, deseos y anhelos", ha añadido.
La Guardia Civil comprueba in situ el bloqueo
Agentes de la Guardia Civil han acudido esta mañana al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalidad para comprobar si se han bloqueado los servicios informáticos para el voto telemático, como ordenó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Cuatro agentes de paisano han entrado hacia las 10:30 horas en la sede del CTTI en Barcelona para determinar si han bloqueado el acceso a 29 aplicaciones informáticas que gestionan bases de datos y que se pretendían usar en el referéndum del 1-O, por lo que la juez obligó a suspenderlas en un auto que se notificó anoche a los responsables de la entidad. A primera hora de esta mañana, un grupo de técnicos del CTTI ha acudido también a la sede para analizar los riesgos de que el bloqueo de las aplicaciones señaladas por la juez pueda afectar a otros sistemas informáticos que gestiona la entidad, dependiente del Departamento de Presidencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó este viernes a la Generalidad que suspendiera los servicios informáticos que ha activado dentro de un plan para facilitar el voto telemático en la jornada del referéndum del 1-O, que se iba a materializar con una aplicación llamada 'evot'.
En un auto, la magistrada Mercedes Armas, que dirige la investigación al gobierno catalán por el 1-O, requirió al Centro de Seguridad y de la Información de Cataluña (CESICAT) que adoptara las medidas necesarias para la "detección de puntos de votación electrónica en los diferentes colegios electorales definidos por la organización del referéndum".
La magistrada tomó esta decisión tras recibir un atestado de la Guardia Civil que, en el marco de la investigación secreta sobre el 1-O abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, detectó que la Generalitat "tendría establecido un plan por el que, a través de una aplicación conocida como 'evot' se podrían contabilizar los votos en los colegios electorales y podría ser empleada para ejercitar el voto telemático".
Este plan le fue incautado, según detalla la juez, al jefe de riesgos del Cesicat, responsable del desarrollo informático de la aplicación 'evot'. El plan también incluye un sistema para el recuento o escrutinio de los votos de la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional.
El CTTI es una empresa pública de la Generalitat en la que se integran todos los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la administración catalana, mientras que el CESICAT es el organismo que garantiza la protección en materia de seguridad informática de la Generalitat. La plataforma que se iba a usar para ejercer el voto era la red Macro Land de la Generalitat, según la magistrada, que explica que en el CTTI, llevado a cabo el pasado 20 de septiembre, se accedió a información del centro de Procesamiento de Datos.
El análisis de esta información, junto a las entrevistas que los agentes de la Guardia Civil hicieron a cada uno de los responsables del proyecto, les permitió detectar un total de 29 aplicaciones que se podrían usar en el proceso electoral del 1-O, y que ahora la juez ordena desactivar.
La magistrada precisa que, como ambos organismos dependen del departamento de Presidencia, son responsables de ellos los aforados a los que investiga en la causa que abrió a raíz de las dos querellas de la Fiscalía contra el Govern por la convocatoria del 1-O. Para la juez, el uso de estas aplicaciones apuntaría además "a un necesario y previsible gasto o desembolso económico, cuya gestión también se hace necesario averiguar".
La suspensión de estas aplicaciones que la juez sospecha que el Govern quería usar para el programa "evot", se mantendrá vigente hasta la medianoche del 3 de octubre, con el fin de evitar que sirvan para el recuento telemático de votos.
Entre las aplicaciones que la magistrada ha ordenado al suspender temporalmente al CTTI figuran el relativas a la consulta de datos de entes, cargos electos y comicios locales, censos de discapacitados y entidades de voluntariado, un registro de actas y datos electorales e información sobre elecciones sindicales y ayudas a cargos eléctricos.
Para todas estas aplicaciones, la juez ordena impedir la extracción de datos, tanto de forma remota como local, con el objetivo de que no puedan ser trasladados a otra aplicación o servicio para darle uso en el marco de la celebración del referéndum.
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