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El alto tribunal catalán le atribuye delitos de prevaricación y falsedad documental.

El tribunal considera que el nuevo modelo lingüístico vulnera el Estatut y varios artículos de la Constitución, incluido el derecho fundamental a la educación.

Se reafirma en defender el derecho del niño cuyos padres denunciaron el monolingüismo del centro, mientras se tramita el decreto-ley de la Generalidad.

El Parlamento catalán aprobó una ley para saltarse la obligación de impartir un cuarto de las clases en castellano con apoyo del PSC.

Con la crisis Pegasus lejos de resolverse y en su momento de mayor debilidad, el Gobierno hace frente a un nuevo capítulo de contestación separatista.