La Fiscalía pide hasta 7 años para los cargos de ERC que organizaron el referendum del 1-O

La Fiscalía pide 7 años de cárcel para el diputado de ERC y exalto cargo del Govern Josep Maria Jové y seis y tres meses para el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, por organizar el 1-O.

En su escrito, presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el ministerio público sigue el criterio del Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del "procés" descarta que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma del Código Penal, previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro.

El escrito también pide un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a quien el TSJC procesó por un delito de desobediencia grave por su papel en los preparativos del referéndum del 1-0 desde el cargo que ocupaba en el Departamento de Vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras.

¡Miserables, malas personas!

La consellera catalana de Cultura, Nàtalia Garriga, ha advertido de que el sistema judicial español "no hace justicia, hace política", mientras que el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha mostrado su indignación en redes: "¡Miserables, malas personas y, sobre todo, mucha cobardía!".

Ambos dirigentes de ERC han reaccionado así a la noticia de que la Fiscalía pide 7 años de cárcel para Jové, además de 6 años y 3 meses para el presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, por organizar del referéndum del 1-O cuando ambos eran altos cargos del Departamento de Economía.

En su escrito, presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el ministerio público sigue el criterio del Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del "procés" descarta que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma del Código Penal, previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro.

El escrito también pide un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a quien el TSJC procesó por un delito de desobediencia grave por su papel en los preparativos del referéndum desde el cargo de directora de Servicios que ocupaba en el Departamento que dirigía Oriol Junqueras.

"El escrito que hemos conocido reafirma lo que hace tiempo que denunciamos: estamos ante una causa general contra el independentismo. Desgraciadamente, hace años que vemos que el sistema justicia español no hace justicia, hace política. No reculamos, continuamos trabajando", ha afirmado Garriga en Twitter.

Más contundente ha sido Jové, que ha estallado a través de las redes: "¡Miserables, malas personas y... (sobre todo) MUCHA COBARDÍA", ha escrito el ex secretario general de Economía y Hacienda en 2017. "¡Siempre de cara ante la represión! Porque lo que hicimos, hacemos y haremos lo hicimos por principios democráticos y de libertad".

Esquerra, a través de la cuenta oficial del partido, también ha lamentado que "se vuelve a hacer evidente la arbitrariedad, la injusticia y la persecución que vivimos los independentistas. Hacer un referéndum no es delito. Estamos con vosotros".