El Banco Sabadell se marcha de Cataluña: tendrá sede en Alicante

El consejo de administración de Banco Sabadell ha acordado hoy en sesión extraordinaria trasladar su sede social a Alicante ante la posibilidad de que en los próximos días el Parlament de Cataluña haga una declaración unilateral de independencia. La enidad ha escogido Alicante porque es allí donde cuenta con uno de sus principales centros operativos fuera de Cataluña y donde se ubicaba la sede de la antigua CAM, que el grupo adquirió en subasta en 2011.

El cambio de domicilio social garantizará que la entidad siga estando bajo el paraguas regulatorio del Banco Central Europeo (BCE) en caso de secesión, lo que garantiza los intereses de accionistas, clientes y empleados dentro de cualquier escenario. El traslado supondrá también que el pago de impuestos de la sociedad se lleve a cabo en la ciudad que albergue la nueva sede del banco, en este caso Alicante.

Con esta salida, Sabadell se convierte en la segunda gran empresa catalana (junto a Oryzon) que abandona Cataluña tras el 1-O. Una dinámica que contrasta con las perspectivas optimistas de algunos políticos catalanes, como el vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, quien esta mañana aseguraba que "no va a haber una huida de empresas de Cataluña", a la vez que defendía los "récords históricos de inversión extranjera directa" y "de exportaciones" de Cataluña.

Fundado en 1881, la vocación del Banco Sabadell siempre ha sido la de financiar la industria y la empresa local de Cataluña. A pesar de la expansión de la entidad, que cruzó el Atlántico en dirección a Florida y cuenta con negocios en España (donde tiene 11 millones de clientes), Reino Unido, Estados Unidos y México, sus directivos no olvidaban su origen e identidad corporativa catalana de filiación a las empresas y negocios catalanes.

Aún así los servicios centrales del Banco Sabadell, que concentran a un gran número de empleados, seguirán estando previsiblemente en Cataluña. El Banco Sabadell ha perdido más del 10 % de su valor desde el pasado domingo, a causa de la incertidumbre que se respira tras el referéndum ilegal del 1-O y la voluntad de la Generalidad de proclamar la independencia.

Catalana Occidente y Caixabank se lo piensan

Otra de las grandes empresas que se está planteando su situación es la aseguradora Catalana Occidente. Con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), la compañía sigue con atención la situación política en Cataluña y se plantea "tomar las medidas oportunas para preservar los intereses de los clientes, trabajadores, mediadores y accionistas".

Fuentes del sector asegurador han señalado que el grupo está preparado para aplicar medidas "de forma ágil" cuando lo considere oportuno y sigue de manera atenta "todos los acontecimientos que están ocurriendo" para actuar "en función de cómo se desarrollen éstos".

La aseguradora, cotizada y presente en 50 países, "velará por que sus productos y servicios no se vean afectados por la coyuntura económica y social, con la prioridad de garantizar el cumplimiento de sus garantías contractuales".

Catalana Occidente es una de las empresas que se plantean tomar decisiones sobre sus sedes ante el riesgo de una declaración unilateral de independencia por parte del Parlament en los próximos días.

El presidente de la aseguradora, José María Serra Farré, ha recogido la preocupación que siente en un comunicado interno enviado a sus trabajadores. El grupo, uno de los líderes del sector asegurador español, aumentó un 9,4 % su resultado consolidado en el primer semestre del año, hasta alcanzar los 190,2 millones de euros. Su red cuenta con 1.600 oficinas y cerca de 19.000 mediadores, nombre bajo el que se agrupan a los corredores de seguros.

Por su parte, en Caixabank (el tercer banco español) ya han anunciado que convocarán mañana un consejo de administración extraordinario para aprobar el traslado de su sede social fuera de Cataluña, según han confirmado hoy a Efe fuentes financieras. Este cambio sería posible gracias a una modificación legal que prepara el Gobierno y que le permitiría realizar este trámite sin que la entidad someta esta decisión a aprobación de la junta de accionistas.