Tras el Consejo de Ministros de este viernes, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha repasado las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea, que "mejora las previsiones" de los últimos meses. "La inestabilidad en Cataluña puede tener un efecto", ha reconocido Méndez de Vigo.
El 8 de noviembre, el Tribunal Constitucional anuló la DUI y la ley de transitoriedad, ha recordado el ministro antes de mencionar la declaración ante el Supremo de los miembros de la Mesa del Parlament, quienes "se comprometieron a acatar la legalidad". Está "claro", dice, que los presuntos delitos "siguen ahí" porque lo que ha sucedido en Cataluña es que ha habido una "desobediencia consciente" de las leyes.
El Gobierno cree que tras el pleno "vergonzoso" del 6 y 7 de septiembre y lo sucedido posteriormente, las consecuencias "siguen ahí", ha insistido y añade: "Inestabilidad, desconfianza, preocupantes datos económicos...".
Méndez de Vigo ha informado de que el Ejecutivo ha mantenido contactos con los organizadores del Congreso de Móviles para garantizarles que a Cataluña ha vuelto la legalidad después de que hayan manifestado sus dudas sobre mantener Barcelona como sede del congreso dada la situación política.
La huelga del 8 de noviembre "tuvo muy poco seguimiento", ha afirmado Méndez de Vigo. "Los piquetes han perjudicado como siempre los intereses del resto", ha apuntado.
En el turno de preguntas, Méndez de Vigo ha valorado que los miembros del Parlament acudieran a su cita con la justicia. "Me parece muy bien que hayan dicho que no van a vulnerar el orden constitucional", se ha limitado a contestar. Sobre Puigdemont ha dicho que "nota" que cada día habla "con un tono más alto y más agrio".
"El Gobierno no da por perdido nada", ha contestado el portavoz a una pregunta sobre los rumores que apuntan a que Barcelona ha sido descartada como sede de la Agencia Europea del Medicamento.
Acuerdos y anuncios
El Consejo de Ministros va a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 9/2017, del gobierno de las Islas Baleares, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en esta comunidad autónoma.
Se considera que esta Ley balear incurre en inconstitucionalidad "porque invade o menoscaba competencias estatales que regulan las condiciones de básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes". También invade, señala, "competencias estatales en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; de la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español; así como en las de seguridad pública"
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