El Consejo Superior de Deportes impulsó la destitución por una infracción "muy grave" de la Ley del Deporte. Larrea declara que habrá elecciones en la federación.
Ángel María Villar ya no es presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF). El impetuoso dirigente, que fue inhabilitado durante un año, no llegó a dimitir del cargo, pero este viernes ha sido el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) el que ha cortado el recorrido del sempiterno mandatario del fútbol nacional. Lo ha hecho ordenando su destitución alegando que ejerció como presidente de la Comisión Gestora durante el último proceso electoral mientras optaba a ser reelegido.
De este modo, los componentes de dicho tribunal han corrobodaro la decisión propuesta por la instructora del expediente abierto a Villar por dicha maniobra. Fue el Consejo Superior de Deportes (CSD) el que pidió tal dictamen durante el pasado septiembre, según han revelado fuentes cualificadas que ha recordado que según la instructora del expediente, Cristina Pedrosa, está comprobado que la mencionada actuación de Villar constituye una infracción de las previstas en la Ley del Deporte (artículo 76.2. a).
Pedrosa considera "como muy grave" ese movimiento ejecutado por el expresidente de la RFEF, ya que vulneró el deber de neutralidad de la Comisión Gestora previsto en el Reglamento Electoral. "Una vez convocadas las elecciones a la RFEF por su entonces presidente, el día 13 de febrero de 2017, éste pasó a ocupar la presidencia de la comisión Gestora. Siendo presidente de dicha Comisión Gestora y sin cesar de la misma llevó a cabo numerosas actividades dirigidas a publicitar y promover su condición de candidato a la presidencia de la RFEF y a captar el apoyo para su candidatura", relata la instrtuctora.
La investigadora atestiguó que Villar publicó su candidatura electoral bajo el apelativo de "precandidato a la presidencia". E hizo campaña a través de sus redes sociales Facebook y Twitter. Este desarrollo de acontecimientos avidencian que el gerifalte "realizó los hechos expuestos pese a la prohibición contenida en el reglamento electoral" de la RFEF. Ese texto esclarece que los candidatos que se presenten para ocupar cargos de gobierno federativos no podrán ser miembros de la Comisión Gestora.
Parecería que este revés entraba en los cálculos del magnate balompédico, ya que antes de conocer la decisión del TAD desglosó que de ser destituido recurriría la sanción. A pesar de haber cometido una infracción muy grave según la Ley del Deporte, Villar alega que "José Ramón Lete nunca me dio la oportunidad de explicarle este hecho, antes de solicitar la iniciación del expediente disciplinario. En caso contrario nunca se hubiera abierto este procedimiento contra mi persona".
"El TAD ha demorado la tramitación de este expediente iniciado el pasado 15 de septiembre, hasta tal punto que, para evitar su caducidad (a los 3 meses, es decir, el 15 de diciembre de 2017) y sin disponer de causa legal para ello, acordó la interrupción del expediente hasta que recibiera la notificación de la propuesta de resolución", argumenta el omnipotente dirigente que ha anunciado la recusación de todos los miembros del TAD. "Al entender de mis abogados, el procedimiento caducó el pasado 15 de diciembre", asegura.
A última hora del día, Villar emitió un comunicado para responder a la decisión y ante la perspectiva de la convocatoria de elecciones para la presidencia de la RFEF anunciada por Larrea.
"El TAD es un órgano gubernativo adscrito al CSD presidido por el señor José Ramón Lete y dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el CSD nombra a los integrantes del TAD, y el presidente del CSD es quien requiere la apertura de expedientes contra los presidentes de federaciones deportivas", recuerda el dirigente, dejando entrever que es una venganza del Ejecutivo ante sus declaraciones de la pasada semana y en coherencia con su hipótesis del complot en su contra.
Aduce Villar que "en el caso de que finalmente se confirmase la referida resolución y una vez me sea notificada formalmente por el TAD, ante el cúmulo de presuntas irregularidades realizadas por el presidente del CSD, señor José Ramón Lete, y, en su caso, por algunos integrantes del TAD, mis abogados estudiarán todas las acciones legales que pudieran corresponder para recurrir la referida decisión y depurar las responsabilidades penales en que éstos pudieran haber incurrido".