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ANDALUCÍA

¿Por qué la Fiscalía no quiere que Susana Díaz testifique en la pieza política de los ERE?

¿Por qué la Fiscalía no quiere que Susana Díaz testifique en la pieza política de los ERE?

EL IMPARCIAL
lunes 15 de enero de 2018, 22:56h
La presidenta de la Junta de Andalucía no ha sido citada para declarar como testigo.

El juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía ha llegado este lunes a la etapa en la que las acusaciones y defensas han mostrado sus argumentos ante las cuestiones previas planteadas la pasada semana. Todo ello en lo respectivo a la pieza política del caso de los ERE. Pero la noticia capital de la fecha es que la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a citar a Susana Díaz como testigo en el juicio contra Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El organismo ha declinado la petición efectada por la acusación popular realizada por el PP. La delegación andaluza del partido que gobierna en España instaba a incluir a 31 nuevos testigos en el juicio de la pieza política del caso ERE. En dicha solicitud se encontraban el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, Mar Moreno -exconsejera y actual senadora- y la presidente de la región andaluza, Susana Díaz.

El Partido Popular consideró en su texto que Díaz poseía un "amplio conocimiento de los hechos", corroborado en sus comparecencias públicas. Además, arguyeron desde el PP que la lideresa socialista fue consejera de la Presidencia (de junio de 2012 a septiembre de 2013). En ese intervalo se dictó el decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes sobre protección sociolaboral. Según la acusación popular, aquella medida "vino a convalidar en parte las subvenciones otorgadas" mientras que Díaz ejercóia como responsable del Gabinete Jurídico.

Pero la Fiscalía ha considerado que "no procede" su citación como testigo. Y tampoco que se pueda acusar a Chaves y Griñán de asociación ilícita. El organismo explica que dicho decreto era competencia de la Consejería de Empleo y señaló que el gabinete jurídico dependió de Díaz en una fecha posterior a los hechos corruptos que son motivo de enjuiciamiento. Por ende, tampoco testificarán sus agobados, que se personaron como acusación particular aunque luego pidieron el archivo. Lo que sí ha aceptado la Fiscalía es que testifiquen Moreno y Barrios.

En este sentido, el Ministerio Público ha aprobado que sobre los procesados sólo pese la acusación de prevaricación (malversación) y no de asociación ilícita. Tanto la defensa de los acusados como Manos Limpias solicitaron tal consideración al alegar que se trataba de una "acusación sorpresiva" que el PP no planteó en la instrucción, por lo que consideran que vulnera el derecho a la defensa. El texto de la Fiscalía esclarece que durante la instrucción "no se desprende con claridad" hechos que desnuden "asociación ilícita".

Por otro lado, los letrados que defienden a los acusados han planteado el rechazo a la petición del fiscal al tribunal para que confirme que se juzga la creación del "procedimiento específico" a través del que la Junta repartió 850 millones en ayudas "sin control" y de forma "arbitraria" durante 10 años. Esto es, con "expresa exclusión" de juzgar la concesión y pago de cada ayuda. Porque la Fiscalía, concluyen los abogados defensores, trata de "dejar sin efecto los apartamientos acordados" de acusados como José Antonio Viera, Antonio Fernández (exconsejeros) o Javier Guerrero -exdirector general de Trabajo-.

Las defensas consideran que sus clientes ya son juzgados por las ayudas en este juicio y no se les puede juzgar dos veces por los mismos hechos. Y critican que el fiscal quiere "según vaya o no este procedimiento" tener "más oportunidades que Platanito" para juzgar a los acusados "en otros 270 procedimientos", y "echa a pelear" a dos secciones de la Audiencia reclamando a la primera, encargada del juicio, "que se pronuncie sobre si asume o no las decisiones" de la séptima, que resolvió los recursos.

Finalmente, estuvo sobre el orden del día la nulidad de la instrucción desde enero de 2016 -cuando entró en escena el juez Álvaro Martín pese a no ser el titular del juzgado de instrucción 6-, por haberse vulnerado el derecho al juez natural predeterminado. En este punto se han opuesto la Fiscalía y el Partido Popular andaluz y se ha mostrado a favor Manos Limpias, que cree que "se ha hecho mal" y es el "mal menor" devolver la causa a la instrucción hace dos años. Aún así, las defensas piden expulsar al polémico sindicato como acusación.

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