Giro en la estrategia del ex 'president' Carles Puigdemont: tras descubrir el juez Llarena que el fugado líder independentista pretendía ser detenido en Copenhague para poder recurrir al voto delegado. Sin embargo, tras retirar el juez Llarena la petición de la Fiscalía de una euroorden de detención, Puigdemont ha decidido retirar el documento en el que pedía el voto delegado. Este movimiento abre la posibilidad de que Puigdemont regrese a España.
En rueda de prensa en Copenhague, Puigdemont ha manifestado que trabajará para estar en el Parlament y comenzar un debate, todo ello tras recibir al president de la Mesa, Roger Torrent. En respuesta a las preguntas de la prensa, ha calificado de "delirio" el auto del juez Llarena.
El viaje de Carles Puigdemont a Copenhague y el rechazo de activar la euroorden de detención por parte del Tribunal Supremo ha sido interpretada como una estrategia del magistrado Pablo Llarena para cortar las alas a la hoja de ruta del expresident para ser investido. De haber admitido la petición de la Fiscalía de ejecutar la orden de detención ante las autoridades danesas, Puigdemont habría sido detenido, lo que le habría servido como excusa para no acudir al debate de investidura y, en tal caso, solicitar delegar el voto como han hecho Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn en el pleno de constitución del Parlament.
En caso de haber alcanzado ese escenario, en el que Puigdemont resultara elegido president, si el Tribunal Constitucional anuala su nombramiento aduciendo su invalidez por tratarse de una investidura telemática, dicha resolución no afectaría al líder de JxCat por estar bajo el paragüas de la jurisdicción danesa. Además de rechazar la euroorden para evitar que Puigdemont sea arrestado y encuentre, así, un resquicio legal para delegar su voto, el juez Llarena cree que una petición de entrega precipitada podría limitar los delitos por los que en un futuro podrá ser juzgado.
"La jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar no tiene otra finalidad que buscar la detención" para "burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria", argumenta Llarena en su auto. "Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero busca (...) alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener", añade.
El Estado requerido podría denegar la entrega por alguno de los delitos requeridos y ello podría suponer "una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentren fugados", explica. Esa previsión, en todo caso, no supone una desconfianza respecto de la actuación jurisdiccional de un Estado en concreto, argumenta el juez. Se trata más bien de que entre distintas legislaciones existen "lógicas divergencias", pero también de que de la investigación se encuentra en un momento inicial y, cuando haya avanzado, habrá más indicios en los que sostener la petición de entrega por los delitos que se consideren. Ese fue su criterio en diciembre y hoy no ha encontrado motivos para cambiarlo.
Reacciones
En cualquier caso, Puigdemont ha reabierto las especulaciones sobre su eventual regreso a territorio español, una posibilidad ante la cual el Gobierno del Estado está extremando la vigilancia para impedir que pueda traspasar la frontera clandestinamente. En su segunda y última jornada en Dinamarca, ha ofrecido una rueda de prensa en el Parlamento danés, donde ha explicado que está trabajando para acudir a la sesión de investidura del próximo presidente de la Generalitat, para la que ya ha sido propuesto por el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent.
Precisamente, Torrent viajará este miércoles a Bruselas para encontrarse con Puigdemont, a fin de preparar los detalles aún inciertos de la investidura, que como muy tarde se celebrará el 31 de enero. Para Puigdemont, poder regresar "sin ningún riesgo" a Cataluña sería "el primer paso para la restauración democrática que se necesita".
"Ese es mi camino en los próximos días", ha señalado Puigdemont, que ha calificado de "sorprendente" y "delirante" la argumentación del juez Pablo Llarena, que ayer decidió no reactivar la euroorden de detención con motivo de su viaje a este país nórdico. Preguntado por cuándo volvería a España, ha asegurado que le gustaría hacerlo "ahora mismo", siempre que "se respetasen los resultados de las elecciones" y no hubiesen "miedos ni amenazas".
Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha explicado que las fuerzas de seguridad están trabajando intensamente para evitar que Puigdemont acuda al Parlament para ser investido, por lo que hay previsto un dispositivo para impedir incluso que acceda oculto en el "maletero de un coche". Zoido ha dicho que expertos de Policía Nacional y Guardia Civil están trabajando para que Puigdemont no aparezca en el Parlament el día de la investidura: "Estamos sin duda muy preocupados por esa conducta porque no se sabe qué es lo que puede hacer y estamos viendo todas las posibilidades que tiene para evitarlas".
No hay alternativa
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que "no hay alternativa a la ley" ante el propósito de Puigdemont de ser investido presidente de la Generalitat y ante la posibilidad de que el Parlament intente dar los pasos para ello. En paralelo, Junts per Catalunya (JxCat) ha retirado la petición de delegación de voto de Puigdemont para el pleno de investidura, lo que ha contribuido a alimentar las especulaciones sobre su regreso.
Fuentes de JxCat no descartan ningún escenario, ni una investidura presencial ni una elección a distancia, y tampoco descartan volver a enviar a la Mesa una nueva petición de delegación de voto dentro de unos días. Mientras tanto, el resto de diputados de JxCat y ERC en Bélgica sopesan renunciar a su escaño en las próximas horas para blindar así la mayoría absoluta independentista en el Parlament.
Diversas fuentes soberanistas consultadas han explicado que es probable que Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret dejen pronto su acta de diputados, aunque las fuentes consultadas apuntan que Antoni Comín se muestra reticente a ello. Con la sustitución de como mínimo tres diputados en Bélgica, y suponiendo que la CUP sumara sus votos a JxCat y ERC, los independentistas se asegurarían para la investidura al menos 68 votos -sin contar el de Puigdemont, pero sí el de los tres diputados que permanecen presos, que ya pudieron delegar su voto en la sesión constitutiva- y no haría falta recurrir al voto delegado de nadie.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa ha afirmado que el viaje que hará Torrent a Bruselas para entrevistarse con Puigdemont "rebaja la dignidad del Parlament" y ha anunciado que pedirán una relación de los gastos del desplazamiento.
Igualmente, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha solicitado por carta a Torrent que "no permita que se someta a consideración de la cámara" una investidura telemática, en la que el candidato a president no esté presente en el hemiciclo.
La portavoz de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha descartado que su grupo participe en un "sainete" en el debate de investidura, aunque tampoco contribuirá a la judicialización de la política con reconsideraciones y recursos judiciales.
Por su parte, la diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha advertido de que su formación "no tiene constancia" de que JxCat y ERC "quieran formar un Govern republicano" y no meramente autonómico, por lo que ha reclamado hablar menos de cómo hacer la investidura y más de lo que quiere hacer el nuevo ejecutivo.