Así lo ha confirmado el ministro de Interior galo en una entrevista.
"Estamos obligados a hacer una selección porque, llegado un momento, no podremos dar un futuro a todo el mundo", proclamó Gérard Collomb, ministro de Interior del Gobierno de Francia este domingo, al ser cuestionado por los datos de expulsiones de inmigrantes sin papeles bajo su gestión. El dirigente justificó de ese modo el aumento del 29% de las expulsiones de ese grupo de población que se ha registrado en este enero con respecto al mismo mes en 2017.
"Queremos que aquellas y aquellos a los que acojamos en Francia tengan un futuro en nuestro país", arguyó en una entrevista concedida a la emisora de radio 'France Inter'. Collomb ha desglosado en su alocución que en todo el año pasado llegaron un total de 100.000 demandas de asilo en el país galo, lo que constituyó un aumento del 7% con respecto al monto registrado en 2016, año en que se venía de un aumento del 23% sobre 2015.
Sobre estas estadísticas, el ministro defendió que su país no puede acoger a un número de ciudadanos que crece de manera "exponencial". Además, aclaró que su equipo de trabajo está estudiando la creación e implementación de un proyecto de ley que favorezca la integración de los refugiados -dándoles un tratamientol diverso al que reciben los inmigrantes económicos, reduciendo a un máximo de seis meses la tramitación de sus solicitudes y preparando cursos de francés y de oficios-.
El otro epígrafe dle texto en el que trabaja el Ejecutivo francés contempla la aceleración de los procedimientos de expulsión de aquellos que no consigan demostrar que son refugiados. Asimismo, esta medida afectará a aquellos inmigrantes económicos que no posean la documentación correspondiente en regla. Este último punto se abordará con acuerdos con sus países de origen, en orden de agilizar la repatriación y para prolohngar el plazo de retención administrativa gasta los 90 días.
Por último, el ministro hizo hincapié que en en 2017 fueron expulsadas de Francia 26.000 personas, una cifra que refleja un crecimiento de un 14% con respecto a 2016. Si bien sólo una parte de estos repatriados fueron puestos en la frontera por la fuerza (14.000), estos crecientes datos respaldan la directriz tomada por el mando de Emmanuel Macron sobre su política migratoria.
Todo ello en el mismo día en que se ha confirmado que el partido más reaccionario contra la inmigración, el Frente Nacional, votará el cambio de nombre de esta formación de extrema derecha "justo después del congreso" que está programado los próximos 10 y 11 de marzo. Así lo ha publicado su presidenta, Marine Le Pen, principal impulsora de buscar una nueva denominación porque la formación "está en un nuevo capítulo de su historia".
"El movimiento de oposición que somos se convertirá en un movimiento de gobierno", expuso para, a continuación, aclarar que "no se trata de renegar de nada", en alusión a la historia de una formación creada en 1972 por su padre, Jean-Marie Le Pen, con el que está en conflicto abierto por la herencia política.
Esta publicación llega dos días después de que el Tribunal de Apelación de Versalles confirmara la exclusión del FN de Jean-Marie Le Pen, decidida por su hija, aunque dictaminó que el histórico dirigente mantendría el estatuto de presidente de honor de la formación. Le Pen padre, de 89 años, declaró hace un mes que el cambio de nombre del Frente Nacional sería "una verdadera traición a los militantes y a los electores" que lo han apoyado desde hace 45 años. Y se quejó del "ensañamiento" de su hija.
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