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"EN SUIZA, REBELIÓN ES UNA INSURRECCIÓN ARMADA"

El abogado de Gabriel dice que su extradición es "imposible"

jueves 22 de febrero de 2018, 10:19h
Anna Gabriel junto a su abogado en Suiza Olivier Peter
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Anna Gabriel junto a su abogado en Suiza Olivier Peter (Foto: Efe)
Oliver Peter defendió en Estrasburgo a los terroristas de la T4.

Olivier Peter, el abogado suizo de Anna Gabriel, ha dicho en declaraciones a Catalunya Radio que el derecho suizo "no permite" la extradición de la exdiputada de la CUP porque en su "persecución" hay una "voluntad política". Su extradición, insiste, es "imposible".

Peter, especializado en causas dirigidas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, fue uno de los defensores de los terroristas implicados en el atentado de la T4 que denunciaron la mala praxis de la Guardia Civil cuando se produjo su detención.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó este miércoles que no no prevé "ninguna dificultad" para la extradición de Gabriel tras la orden de detención emitida por el juez del Supremo Pablo Llarena. Catalá recordó que el Estado español tiene un tratado de extradición firmado con Suiza, en el que se establecen los procedimientos y circunstancias para concederla.

Sin embargo, según ha relatado Peter a los micrófonos de radio catalana, el convenio europeo de extradición "no prevé esta medida para un supuesto delito de rebelión". En este sentido, ha explicado que en Suiza "una rebelión es una insurrección armada" y que los acontecimientos ocurridos en Cataluña "no tienen nada que ver con eso".

El pasado 13 de febrero, el TEDH condenó a España por los malos tratos infligidos durante el arresto y detención incomunicada a los miembros de Eta Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal que atentaron en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas el 30 de diciembre de 2006.

El fallo indica que España vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en su aspecto material (el maltrato en sí) y procesal (no investigarlo), que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cuatro de los siete jueces de la Sala Tercera votaron a favor de que el Estado indemnice a los dos demandantes, Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal, con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales.

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