¡Ley, ley y ley!

La democracia es sobre todo ley. 155 días han pasado desde que entrara en vigor el artículo 155 de la Constitución y la detención en Alemania del fugado Puigdemont. Ese tiempo ha sido suficiente para que actúe de modo implacable e impecable uno de los Estados de Derecho más desarrollados de Europa, el Estado español, que goza de todas las garantías de un genuino Estado de Derecho. Por cierto, una de las grandes “instituciones” de este Estado es nuestro código penal, que fue aprobado en nuestro Parlamento por Convergencia y Unión, PNV y PSOE, sólo se abstuvo el PP, o sea, es un código plenamente democrático. Nadie, pues, en su sano juicio puede mantener que nuestro código penal es, como han dicho algunos dirigentes separatistas y un dirigente de un partido político de la extrema izquierda alemana, pre-democrático. A Puigdemont y el resto de separatistas se les está juzgando con un código penal que aprobó CiU, o sea su propio partido…

En efecto, el Código Penal de España ha sido el instrumento jurídico clave utilizado por el juez Llarena para redactar un auto de procesamiento modélico por rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia a las leyes contra Puigdemont y otros dirigentes separatistas, que están ya encarcelados o huidos de la justicias por su intento de “golpe de Estado”. Con este telón de fondo, es obvia la respuesta que tiene que dar el Estado contra las algaradas callejeras y las declaraciones de los separatistas, empezando por la llamada a la agitación y la toma de la calle por parte del actual presidente del Parlament. Sí, la violencia y el crimen secesionista solo pueden atajarse con más Estado de Derecho, o sea, más y mejor aplicación de la ley contra quienes quieren eliminar nuestro orden democrático. Nadie olvide que el Estado de Derecho no es algo acabado de una vez por todas, sino que es un instrumento de la democracia en permanente construcción y perfeccionamiento.

Si el el propósito y la acción de los separatistas es seguir plantándole cara al Estado de Derecho e inicia una nueva escalada de tensión y violencia, el Estado tendrá que mostrar con firmeza su compromiso con una de las sociedades más desarrolladas y democráticas de Occidente, la española. En estas circunstancias de violencia separatista, el poder Ejecutivo tendrá que extremar su rigor democrático, o sea, no es el momento de retirar el artículo 155, sino de aplicarlo con mayor rigor en defensa no sólo de los millones de catalanes no separatistas, sino para proteger la democracia española y el proyecto de la Unión Europea. En fin, sigan, pues, haciendo su trabajo los Tribunales de Justicia y la Fiscalía. Prepárense las Fuerzas de Seguridad del Estado para atajar la agitación callejera. Y los partidos políticos constitucionalistas deberían preparar una respuesta conjunta y contundente a la persistencia de la estrategia de tensión y toma de la calle de los separatistas.

El respeto a la ley es, hoy por hoy, la expresión máxima para defender la unidad de España en la UE. La democracia, sí, es ley o no es.