La orden europea e internacional de detención emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena subraya que Carles Puigdemont obvió las advertencias sobre la posible escalada de violencia consiguiente a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Según el texto, escrito por el magistrado, el expresidente de la Generalidad de Cataluña cometió una imprudencia sobresaliente en este sentido. Las algaradas de estas semanas vendría a refutar ese criterio.
La orden de detención por la que Puigdemont fue detenido el pasado domingo en Alemania, mientras trataba de volver de Finlandia hacia Bélgica, incluye que el líder secesionista está procesado por un delito de rebelión -que podría llegar a los 25 años de cárcel- y otro de malversación de caudales públicos (llegaría a los ocho años de prisión). Además, en esa relación de acusaciones también se destacan tras infracciones que redondearon la acusación.
El escrito fijaba la residencia del mandatario catralán en en Helsinki (Finlandia) y/o Waterloo (Bélgica). El caso es que Llarena describe que el 28 de septiembre los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra se reunieron con Puigdemont, Oriol Junqueras -vicepresidente por aquel entonces- y Joaquim Forn -ex consejero de Interior-. En aquella cumbre las autoridades policiales informaron a sus homólogos políticos de la previsión de "una escalada de violencia, con brotes importantes de enfrentamiento" para el 1-O.
Llarena recalca la ilegalidad de las actividades del Govern y la imprudencia de sus dirigentes
Lo cierto es que ninguno de los dos delitos penales que menciona Llarena en su orden de detención figura entre los 32 posibles que confeccionan el formulario de la orden europea e internacional de detención. Es por ello que el juez del Tribunal Supremo se vio obligado a rellenar la casilla del delito de "corrupción" para poder emitir el documento. "Los responsables del Gobierno presentes en esa reunión conocían sobradamente los riesgos de violencia" después de los incidentes ocurridos el 20 de septiembre ante la sede de la Consejería de Economía, precisa.
En aquel brete mencionado miles de personas imiidieron la entrada de la Guardia Civil y se desarrollaron graves enfrentamientos. Llarena prosigue señalando que a pesar de esas advertencias explíticas transmitidas por los responsables policiales, Puigdemont y compañía no movieron su voluntad de celebrar la polémica votación.
El juez establece en su planteamiento global que el expresidente catalán, al igual que los demás miembros del Govern procesados, actuaron con el único e inamovible objetivo. El horizonte de materializar la independencia de Cataluña, añade, resultó preponderante sobre cualquier otra consideración. "Dicha independencia era el objetivo que pretendía alcanzarse en todo caso", proclama el texto que desembocó en la detención de Puigdemont.
"Primeramente, mediante un acuerdo pactado con el Gobierno español y, en caso contrario, de manera unilateral y forzando al Gobierno a asumir una situación de hecho que buscaba crearse. Para ambos supuestos contaban con utilizar la movilización popular", expuso Llarena en el escrito. En esa composición el magistrado recalca que el Govern acordó una hoja de ruta, que sería detallada con especificidad en el desglose del juez del Supremo.
En la relación de acontecimientos, Llarena desarrolla todas las actuaciones desplegadas en el Parlament y el Ejecutivo de la Generalidad, amén de las resoluciones del Tribunal Constitucional y las medidas adoptadas por el Gobierno central. Y autografía que las reiteradas declaraciones oficiales de nulidad por parte de las autoridades españolas, en relación con la inconstitucionalidad de las resoluciones del Parlament, el Govern mantuvo su "permanente" y "obsesiva" actividad de crear las denominadas "estructuras de estado".
Por último, el juez hace hincapié en el intento de divulgar el proceso separatista con el fin de obtener una base social en Cataluña y apoyo internacional, aunque esas actividades fueran declaradas ilegales por los tribunales españoles. De esta manera arguye Llarena una orden de detención que calcula en 1,6 millones de euros el gasto público para el referéndum del 1-O. Y repasa los eventos realizados y organizados por la Asamblea Nacional Catala y Òmnium Cultural.