Cataluña y la voluntad de vencer

La puesta en libertad de Carles Puigdemont, la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein, las declaraciones de la Ministra de Justicia alemana Katarina Barley y, en general, todo lo que viene rodeando a la tramitación de la euroorden contra el político catalán, debería servir para identificar las debilidades del Estado a la hora de afrontar el desafío separatista en Cataluña.

Sin duda, el Derecho y los procedimientos son imprescindibles para desbaratar el intento de golpe de Estado que sigue en marcha en Cataluña. Sin embargo, la presión sobre los discrepantes del discurso nacionalista, el control de los medios de comunicación por parte de las fuerzas políticas separatistas y el uso de las instituciones para infringir la ley, son sólo algunos ejemplos de lo que sigue sucediendo en Cataluña y de la limitación de las medidas adoptadas hasta ahora al amparo del art. 155 de la Constitución. Sin la aplicación de la ley no se logrará nada, pero sin coraje político tampoco.

Así, mientras los separatistas mantengan dentro de Cataluña y fuera de España la hegemonía cultural que vienen fraguando desde hace décadas, todas las soluciones jurídicas -extradiciones, euroórdenes, etc.- serán imprescindibles, pero insuficientes. Allende nuestras fronteras, la propaganda separatista ha cultivado una imagen de España que la deslegitima, la somete a sospecha sistemática y la presenta como represora y corrupta. Esto, por supuesto, es falso, pero, en un régimen de opinión, descuidar a la opinión pública es un error que se termina pagando, como está sucediendo ahora.

En efecto, Puigdemont está recogiendo ahora los frutos de décadas de propaganda dentro y fuera de Cataluña y el Gobierno de España está padeciendo las consecuencias de minusvalorar la acción exterior de los separatistas. Desde Hispanoamérica hasta El Vaticano, los nacionalistas han trabajado redes de apoyo que van activando según sus necesidades. Frente a eso, La Moncloa opone razonamientos jurídicos que, siendo necesarios, no bastan para vencer.

Deberíamos tener esto en cuenta: España debe vencer a los separatistas dentro y fuera de nuestras fronteras. No caben opciones intermedias. La magnitud del pulso que Puigdemont y sus seguidores están echando al Estado exige una respuesta pareja a la osadía que han mostrado y al daño que están infligiendo a Cataluña y al resto de España. La división de la sociedad catalana, su empobrecimiento, la fractura de la convivencia y -digámoslo claramente- la violencia que los separatistas han utilizado en el pasado y siguen empleando hoy, no pueden quedar impunes. No debe hacerse nada fuera de la ley, pero deben aplicarse todos sus recursos, todas sus posibilidades y todo su peso para derrotar al separatismo.

Hasta ahora, el Estado -y el Gobierno, que dirige su política interior y exterior- parece librar un combate con una mano atada a la espalda. Desde la Alta Inspección de Educación hasta el Servicio Exterior del Estado, España dispone de abundantes medios para defenderse de quienes quieren desestabilizarla, dividirla y arruinarla. Frente al aparato propagandístico de las nacionalistas, sólo resonó la voz de Su Majestad el Rey y ella sola bastó para que la ciudadanía se movilizase y plantase cara a esa minoría -no olvidemos este dato- que pretendía dar un golpe de Estado en Cataluña. No se puede tardar un instante más en romper la hegemonía cultural y el monopolio de la “narración” que hasta ahora vienen teniendo los nacionalistas y sus aliados fuera de España.

Así, la victoria total sobre los separatistas, el castigo de los golpistas y la reconstrucción de la convivencia, deben ser los objetivos que presidan la acción del Gobierno más allá de cálculos electoralistas y tácticos sobre el ascenso de Ciudadanos, las negociaciones de los presupuestos con el PNV o el miedo a indisponerse con gobiernos extranjeros.

El envite de los separatistas al Estado dista de haber terminado. La pretendida “internacionalización del conflicto” pasa por desafiar la autoridad y el prestigio de España ante la Unión Europea, los tribunales internacionales y las Naciones Unidas. La vacilación a la hora de enfrentarse a este desafío es, en sí misma, un error y equivale ya a una derrota. El éxito cosechado cuando fracasaron los reconocimientos internacionales del resultado de la consulta ilegal del 1 de octubre debe ir seguido del fracaso de todas las demás tentativas separatistas.

Por eso, el Estado ha de emplear todos los medios a su alcance con toda la autoridad y todo el peso de la ley, pero también con toda la decisión y el valor que el momento político exige. España atraviesa su coyuntura más dramática desde el comienzo de la Transición y se juega la estabilidad para las próximas décadas.

De este modo, es preciso actuar, como hacen los propios nacionalistas en todo momento, en el plano político, en el de la comunicación, en el de la cultura. Es necesario romper el relato que la propaganda nacionalista ha construido durante años. Hay que afirmar la autoridad de España allí donde los separatistas la desafíen. Hay que vencer y para eso, en primer lugar, hay que querer.

Ojalá el Gobierno esté a la altura.