La defensa de la exconsejera catalana ha sido citada el 15 de mayo.
Un tribunal de Edimburgo ha fijado este jueves para el 15 de mayo la próxima vista judicial sobre la extradición de la exconsejera catalana Clara Ponsatí, requerida por España en relación con el referéndum ilegal de Cataluña en 2017.
En una vista preliminar, la corte pidió al equipo legal de Ponsatí que prepare los argumentos sobre la posición de la exconsejera, que rechaza su extradición a España por considerar que los cargos que se le imputan tienen una motivación política.
Ponsatí huyó primero a Bruselas para después trasladar su residencia a Escocia, donde se incorporó a su puesto como docente en una universidad.
En la audiencia de esta mañana, que estuvo presidida por el funcionario judicial de turno, Nigel Ross, el equipo legal de Ponsatí dejó claro que ésta rechaza su entrega a España por considerar que los cargos que se le imputan tienen una motivación política.
El abogado defensor, Gordon Jackson, precisó que su cliente apelará la extradición por estimar que la euroorden de la Justicia española no es válida y para defender sus derechos humanos.
La Justicia española reclama a Ponsatí por rebelión y malversación de fondos públicos relacionados con el plebiscito del 1 de octubre de 2017, considerado ilegal en virtud de la Constitución española.
En la vista de hoy, el letrado dijo que "la posición fundamental aquí es el abuso de proceso; esto está envuelto en una forma legalista", pero que se trata "puramente" de una "decisión política".
Antes de la vista, el abogado que representa a la exconsejera, Aamer Anwar, afirmó al llegar al tribunal que su equipo tiene "intención de defender a Clara Ponsatí con fuerza contra los intentos de extradición de las autoridades españolas". "Las órdenes de extradición europeas nunca se establecieron para ser utilizadas como una herramienta de opresión política", añadió.
Anwar es el representante legal de Ponsatí, pero Jackson es quien la defiende ante los tribunales, ya que en la Justicia británica hay dos figuras de letrados (uno que representa y otro que defiende).
Anwar, que es el rector de la Universidad escocesa de Glasgow, había indicado que Ponsatí afronta cargos de rebelión y malversación de fondos públicos, de 1,6 millones de euros -según señaló-, que la exconsejera "refuta completamente".
El abogado ha subrayado que, si es extraditada, puede afrontar una pena de 25 y ocho años, respectivamente, por ambos cargos, por lo que supondría pasar el resto de su vida en prisión.
"Clara desafía la validez de la orden de arresto, que la acusa de orquestar la violencia en 2.259 cabinas de votación, pero fracasa en especificar un solo acto de violencia o de incitación que le sea atribuido a ella", indicó Anwar en una nota divulgada este miércoles.
"Clara cree que las autoridades españolas, en su afán por criminalizar el deseo del pueblo catalán por la independencia, están abusando del proceso sobre la orden de arresto europea", agregó.
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