Dicen que el traslado de sus hijos a la cárcel causa problemas a los menores.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado en diferentes ocasiones la excarcelación de los independentistas catalanes presos y los letrados han decidido adoptar ahora una nueva estrategia: el acercamiento a Cataluña.
El primero de todos ellos en realizar esta petición ha sido el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. No obstante, está previsto las solicitudes del exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raül Romeva y Josep Rull -todos ellos en centros penitenciarios madrileños- lleguen pronto, según publica el diario Ara.
Se trata de una estrategia coordinada por el abogado especializado en derecho penitenciario Carlos García Castaño, que entiende que no hay motivo para mantenerlos recluidos en Estremera, Soto del Real y Alcalá-Meco ya que la fase de instrucción en la causa por rebelión está casi finalizada.
El abogado defiende que todos son padres y considera que, si no se admitiera la petición, se estarían vulnerando los derechos de los niños a relacionarse con el padre, reconocidos tanto por la legislación española como por las Naciones Unidas.
Precisamente, este es el argumento principal de la petición de Cuixart registrada este lunes en Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior. La defensa del líder de Òmnium entiende que los traslados constantes a la prisión de Soto del Real de su hijo, que solo tiene un año, afectan al menor porque la prisión tiene efectos psíquicos y emocionales.
La compañera de Cuixart, la periodista Txell Bonet, ya lo denunció en la sede de la ONU en Ginebra el mes pasado: "Mi niño de 11 meses y yo hemos viajado 22 veces para que pueda ver a su padre, a menudo solo detrás de un vidrio durante 40 minutos, con contacto físico solo permitido una vez al mes. Hemos recorrido ya 30.000 kilómetros".
A pesar de que la petición de traslado depende del Ministerio del Interior, fuentes de este departamento aclaran que la última palabra siempre la tiene el juez instructor, en este caso Pablo Llarena, que ya se lo denegó a Oriol Junqueras.
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