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Magistrados de un Estado liberal democrático

Juan José Laborda
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1718lamartingmailcom/12/12/18
miércoles 16 de julio de 2008, 21:38h
Me interesó conocer cómo terminaría en los tribunales el caso del ácido bórico. La sección 15 de la Audiencia madrileña, ha sentenciado que los policías procesados no incurrieron en el delito de falsedad en documento oficial, cuando ordenaron que se modificase el informe del perito Manuel Escribano, el cual escribió que el ácido bórico encontrado en la casa de un islamista lo relacionaba con ETA, ¡pues un terrorista vasco tenía también ese producto en su domicilio! Desde luego, el perito no escribió que el ácido bórico carece de propiedades explosivas o de alguna utilidad para ataques terroristas. El perito, según su lógica, podría haber mencionado que los islamistas y los etarras consumían azúcar, por cierto, sustancia con alguna cualidad explosiva. Pero al señor Escribano, le impresionaron más los reportajes periodísticos sobre “la conexión de los yihadistas-ETA-Gobierno español-Gobierno de Marruecos”, que todo lo que había estudiado para profesar de perito en explosivos. Lo que sucedió, era lo obvio: el superior enmienda el informe poco lógico de su subordinado. Así funcionan las organizaciones de cualquier especie. Pero a la juez Gemma Gallego, la lógica de la administración, de las empresas o de la universidad, no le afectaban en lo más mínimo. Es más, el sentido crítico, el sentido común, la lógica de los comportamientos, caían ante la justiciera actitud de la encargada de un juzgado de Madrid. Esa objetividad perfecta, que no cedía ni ante la ciencia química, lástima que tuviese una falla, pequeña, pero falla, en una persona tan recta: la juez Gemma Gallego era meritoria para formar parte del próximo Consejo General del Poder Judicial. Ella ahora debe tener una comprensible decepción ante la política, al comprobar que sus personales valedores de ayer, hoy no deciden esas materias en el parlamento, haciendo que tantos servicios prestados a la causa, en estas circunstancias, no hallen la recompensa merecida.

La juez Gallego, quizás considere que su proceder ha sido plenamente democrático. Sin duda, algo hay de eso al imputar a los máximos responsables de la policía científica. Ante la justicia, “nadie es más que nadie”, según un conocido axioma político. Pero cuando el impulso democrático, no respeta las libertades básicas, y prescinde intencionadamente de los hechos, ese impulso es mero populismo, el mayor enemigo de la libertad, según pensaba Kant. Los magistrados de la Audiencia de Madrid, nos devuelven la confianza en su crucial función, al fallar con justicia un caso que nunca debió llegar a donde la juez Gallego, y sus secuaces mediáticos, la hicieron llegar. Una vez más, la independencia judicial es el atributo esencial de un Estado democrático. ¿Por qué deduzco que en este episodio judicial, se descubre la falta de consideración hacia los procedimientos y los derechos en que se fundan las libertades fundamentales? Porque ha habido una miope saña de personas y de dirigentes políticos, creando un clima perverso con un asunto como el del ácido bórico. ¡Y han sido escasas las actitudes de sincera preocupación por la libertad profesional, y no sólo por la de los policías que estaban siendo juzgados! Deberíamos precisar los límites para el juego de las tácticas partidarias, pues éstas han estado a punto de socavar unos principios que deberían estar por encima de cualquier circunstancia. Una vez más, casi todo ha vuelto a depender del buen juicio de unos magistrados independientes.

Juan José Laborda

Consejero de Estado-Historiador.

JUAN JOSÉ LABORDA MARTIN es senador constituyente por Burgos y fue presidente del Senado.

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