Al ministro le sorprende que el Consejo General del Poder Judicial no actúe.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reconocido que le ha "sorprendido la reacción de magistrados y fiscales" que le han criticado por declarar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente contra el magistrado que elevó el voto particular" en la sentencia contra La Manada. El ministro ha defendido en una entrevista en Herrera en Cope que él no ha hablado de sanciones, aunque ha añadido: "Todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe".
Catalá ha rehusado explicar cuál es ese problema y ha asegurado que el magistrado Ricardo González tiene "algunos expedientes ya abiertos". "En España tenemos 5.500 jueces magníficos y muy profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas con dificultades. Si en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocían esta situación, debería haberse actuado preventivamente".
El ministro ha asegurado que el texto del magistrado González recoge "expresiones y consideraciones impropias de un voto particular" y ha reconocido que la línea entre violencia e intimidación "es muy sutil y provoca resultados como los que hemos visto estos días".
El magistrado Ricardo González emitió un voto discrepante de la sentencia condenatoria contra los miembros de La Manada, que asciende a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado. En su escrito, afirmó que en los vídeos grabados por los acusados solo observa a cinco varones y una mujer practicando "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo".
El ministro ha dicho ser "partidario de que las leyes se adapten a la realidad" y ha considerado que "si hay desajustes, como se ha visto en este caso, hay que legislar". Por ello, ha pedido a los expertos del Ministerio de Justicia que estudien y valoren si es necesaria una modificación de la ley y que los grupos políticos decidan si es necesaria esa reforma.
Decenas de miles de personas se manifestaron la semana pasada en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que condenó a los cinco acusados por la violación grupal a una joven durante los sanfermines de 2016 a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado y no por violación, porque los magistrados consideran que los hechos se produjeron sin violencia ni intimidación.
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