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AL PASO

Los argumentos de legitimidad del procés

Juan José Solozábal
martes 22 de mayo de 2018, 20:37h

Quizás algo temerariamente en el recuadro anterior me había atrevido a sugerir que la diferente suerte del proceso soberanista catalán y el vasco impulsado por Ibarretxe, siendo así que ni su propósito secesionista ni su significado anticonstitucional difiriesen significativamente, se podría deber en parte a la distinta valoración que desde la academia habían recibido ambas propuestas. La viabilidad constitucional del procés había resultado ciertamente discutida en la academia, pero desde luego no descalificada, como ocurrió en el intento de Ibarretxe. Sucedía además, que la Sentencia sobre el Estatut fue recibida de modo desfavorable en algunos sectores doctrinales lo que resultó un estímulo considerable, al menos como pretexto, para abogar por la ruptura constitucional.

Aunque no advirtamos diferencias entre el alcance anticonstitucional de los procesos vasco y catalán, sí que hay una discrepancia radical entre ambos fenómenos: el plan de Ibarretxe nuca pretendió superar el marco constituicional; lo que si fue el caso en el procés, que, a partir de la Declaración soberanista de 2014, se sitúa claramente fuera del ordenamiento jurídico español, hablemos de sus estructuras normativas esenciales, esto es la Constitución y el Estatuto, o de las decisiones interpretativas correspondientes, y sus mismas decisiones ejecutivas, del Tribunal Constitucional.

En el procés catalán el desbordamiento del sistema jurídico español ha sido tan obvio y patente que, para no aparecer como arbitrario y desprovisto de otra apoyatura que la del capricho del quienes mandan, esto es, como mero apéndice instrumental de un gobierno sin ley, ha exigido un considerable esfuerzo justificativo. Aludo con esto a un conjunto de referencias procedentes de la teoría política, que resumen las exigencias democráticas al imperio de la escueta regla de la mayoría, o de derecho comparado.

En efecto, los gobernantes de la Generalitat justifican su actitud de desobediencia recurriendo a pautas de justicia, asumidas desde parámetros de ética o razonabilidad universales, esto es, acogibles en los estándares comúnmente admitidos de democracia y participación, y además incorporados al ordenamiento internacional y aun la práctica de diversos Estados. Se produce así un enfrentamiento entre el orden constitucional positivo, y un conjunto de criterios, valores y principios integrantes de una esfera ética o lógica que está fuera y sobre el derecho positivo vigente.

El caso paradigmático en que se utiliza este tipo de argumentación, recurriendo, según indicábamos, además, al derecho comparado, de cuya invocación se extrae el argumento inexorable del traslado de tal expediente donde se emplee a nuestro sistema político, es el derecho de autodeterminación. ¿Por qué no se reconoce el derecho de autodeterminación en nuestro ordenamiento y se posibilita su ejercicio, se dice, como así ha ocurrido en otros sistemas políticos, que son considerados, como el nuestro, estados de derecho, según es el caso de Escocia en el Reino Unido o de Quebec en Canadá?

Responder a esta pregunta requiere de varias consideraciones.

Antes de nada, convendría entender la misma noción de autodeterminación, como decisión soberana en un solo acto de una comunidad territorial sobre su forma política, decidiendo continuar o abandonar el Estado del que forma parte. No tiene nada que ver por tanto ni con el derecho a decidir, como fórmula ambigua de participación política, que pretende acarrear a la autodeterminación el atractivo de la democracia, ni con un hipotético derecho de autorrealización o plenitud nacional, acogiéndose también a los encantos del vocabulario nacionalista. En segundo lugar, es ventajista presentar la autodeterminación, no como una pretensión política, sino como un derecho. Utilizar el lenguaje de los derechos es una muestra de prepotencia, pues supone añadir a la autodeterminación los títulos preferentes del derecho y la ética. ¿Quién puede oponerse a una exigencia debida según el ordenamiento, al menos internacional, o respaldada por la razón de la lógica o la ética?

Como es sabido el derecho internacional no respalda la solicitud como derecho de la autodeterminación, a no ser que estemos hablando de una colonia o un territorio en el que se incurra en violación sistemática de los derechos fundamentales. Antes bien, el orden internacional respalda el derecho de los Estados a su integridad territorial. Nada de extraño teniendo en cuenta que las Naciones Unidas son una organización de Estados, y por tanto, a sus miembros no les atrae la posibilidad de favorecer su cuestionamiento. En el plano europeo, la Unión considera parte de su derecho las constituciones de sus miembros, de modo que su impugnación inconstitucional equivale a la infracción del ordenamiento comunitario.

La posición capital de la reclamación de la autodeterminación en el ideario nacionalista, no solo como vía hacia la independencia sino como decisión existencial de la propia comunidad, lleva a referirse imitativamente a este expediente, respecto a aquellos sistemas en los que se ha ejercido, explícita o solapadamente, la autodeterminación. Aquí se produce una contraposición de opiniones entre los observadores sobre los referéndums celebrados al respecto, se presenten como se presenten, que resulta muy curiosa. Son los nacionalistas quienes ordinariamente no dudan en considerar los comicios al respecto como verdaderos referéndums de autodeterminación, reparando, especialmente, en sus efectos políticos; mientras que otros, preferentemente desde la academia los consideran como meras consultas, atendiendo a su presentación confesada y a su naturaleza jurídica. Me estoy refiriendo a los referéndums celebrados respectivamente en Quebec en 1980 y 1995 y en Escocia en 2014.

Se trata de supuestos claramente diferentes como veremos en un próximo recuadro.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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