Poco ha tardado Pedro Sánchez en quitarse la careta y ceder en las exigencias de los separatistas catalanes al levantar el control financiero sobre las cuentas de la Generalidad. El presidente del Gobierno, en su primer Consejo de Ministros, parece haber empezado a pagar las hipotecas de su pacto con los secesionistas. Es un grave error que a partir de ahora, el Ejecutivo de Quim Torra pueda reactivar con el dinero público el proceso contra la democracia española como la reapertura de embajadas o el blindaje financiero de TV3.
El control de las cuentas catalanas comenzó en 2015, ligado al uso de Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero se reforzó con un control total de pagos y facturas en septiembre de 2017, poco antes del referéndum ilegal del 1-O. Con la medida, independiente del 155, se pretendía evitar que los fondos públicos fuesen dedicados a actividades ilegales o partidistas. Aun así, la Guardia Civil demostró que se destinaron al “procés” más de tres millones de euros.
Pese a que antes de la moción de censura el PSOE, en declaraciones de José Luis Ábalos, aseguró que se mantendría el control de las cuentas catalanas, la balbuceante portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha justificado la decisión del Consejo de Ministros como prueba de la “normalización”. Una normalización que para Quim Torra significa colgar de la fachada del Palacio de la Generalidad una pancarta a favor de la libertad de los golpistas encarcelados con su correspondiente lazo amarillo, reiterar que su objetivo es proclamar la República independiente y cumplir el mandato del 1-0. Ya debería saber Pedro Sánchez que los separatistas no cejarán en su empeño de atentar contra la democracia y el orden constitucional por muchas prebendas que les conceda. Y ahora ni siquiera tendrán que justificar el derroche presupuestario para financiar el proyecto golpista.
La absurda cesión de Pedro Sánchez coincide con el acto que protagoniza la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet en Barcelona sobre “la reforma federal de la Constitución y sus derechos” y la “cordial” entrevista de Iceta con Torra de este viernes. Pedro Sánchez, además, ya ha hablado por teléfono con el presidente de la Generalidad para buscar una fecha a su reunión en La Moncloa, prevista para antes del verano.
Mal comienza el Gobierno su andadura con esta decisión. Era de esperar que la primera tarea del nuevo Ejecutivo fuera abordar el desafío secesionista catalán. Era de esperar que Pedro Sánchez intentara un acercamiento para ese “diálogo” que siempre ha prometido. Pero es un grave error comenzar plegándose a las exigencias de los separatistas al levantar el control de sus cuentas. Después de la fanfarria de la presentación de su “Consejo de ministras y ministros” al presidente ya se le ha caído la careta.