No son pocas las voces críticas con la Justicia penal: que si es lenta, que si goza de inseguridad jurídica, que si está politizada… y peor aún, se da por sentado que con frecuencia vulnera el derecho de defensa. Como dijo en cierta ocasión cierto juez de la Audiencia Nacional, “en España no se ha hecho la transición en justicia”. ¿Nos parece normal? ¿Es cierta esta proclama?
La justicia penal española está anclada en el siglo XIX con una ley de 1889, contaminada todavía de tintes inquisitivos. No, no nos encontramos lamentablemente ante una justicia moderna que cumpla su fin de seguridad y libertad para la ciudadanía. Tenemos una ley, que refiere que el que investiga el proceso es el juez instructor pero sin embargo quien practica la investigación es la policía. Esto produce que muchas diligencias o nunca lleguen, o lleguen tarde, o se hagan mal. Y por si fuera poco, el legislador se encona y se ceba en discutir si la investigación penal debiera de quedar en manos de la fiscalía, lo que abre un nuevo debate en ocasiones espeso y poco clarificador sobre la idoneidad de esa propuesta.
No nos topamos con un problema de calidad moral de los actores jurídicos, sino de estructura legal: un juez instructor que hace de fiscal en la mayoría de los casos, y no de juez de garantías para velar realmente por la búsqueda imparcial de la verdad; unas resoluciones judiciales en una línea en las que se “motiva” la denegación o confirmación de los autos de prisión; unos juicios en los que, antes de entrar en sala, juez y fiscal han estado despachando toda la mañana juntos. Ciertamente, ¿esto salvaguarda el pleno y sano ejercicio del derecho de defensa?
Existen muchas pequeñas actuaciones que podrían ser reguladas, más allá de tintes electorales o partidistas, que fortalecieran el derecho de acusación y defensa. Por ejemplo, mejorar la regulación de la detención policial, o reformar la práctica de pruebas de investigación, o poder participar en la elaboración del atestado policial desde el inicio. Y, desde luego, reformar de una vez la arbitrariedad de la prisión preventiva que queda en una total interpretación.
Hace apenas unos días, en una causa idéntica con dos acusados, mi detenido en Alcobendas quedó en libertad, mientras mi detenido en Madrid, en el mismo proceso y con la misma supuesta participación, acabó entre rejas.
No. Lo siento. La justicia no puede quedar en una suerte de cara o cruz. Y el derecho de defensa, piedra angular de nuestro sistema garantista, para víctimas y para acusados, no puede seguir siendo el último derecho en ser cuidado y protegido.
Si (
No(
