En referencia al auto que concede la libertad bajo fianza a los integrantes del denominado grupo de La Manada, las reacciones no se han hecho esperar. Así, desde el Gobierno, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha asegurado este viernes que las mujeres están "perplejas e inseguras con alguna decisión de algunos tribunales". Ha defendido que las mujeres deben permanecer "firmes" en el ejercicio de los derechos que les corresponden y "firmes en todo el poder" que les pertenece. Calvo ha hecho un llamamiento para que "la política se parezca más a la vida y menos al poder".
Desde el PSOE, su vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha defendido que "todos los operadores jurídicos necesitan formación en violencia de género y violencia sexual" y ha considerado que es una "mala noticia política y jurídica".
El president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha opinado que la sentencia es consecuencia de una "mentalidad machista, que es demasiado mayoritaria aún en muchos ámbitos de la institucionalidad". "Soy respetuoso con las decisiones judiciales en un estado de Derecho, garantista", pese a lo cual cree que "hace falta un cambio de mentalidad", más allá de variar las leyes.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho que "como mujer" se siente "profundamente decepcionada y muy frustrada" y ha considerado que es el momento de abordar la reforma del Código Penal.Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que no se puede dar el mensaje de que un delito "tan grave" como el que han cometido los delincuentes de La Manada "sale barato".
El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha expresado su respeto por la decisión judicial de dejar en libertad provisional a los cinco miembros de La Manada, si bien ha admitido que "no les gusta" y que la lentitud de los tribunales es el problema que ha provocado esta situación. "Respetamos la sentencia judicial y no nos gusta; nos disgusta esta sentencia desde hace mucho tiempo, pero el problema tiene que ver con la lentitud de los tribunales. Si los tribunales hubieran actuado de forma mas rápida, no estaríamos en esta situación", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso. Hernando ha añadido que "a la gente no se la puede mantener en prisión más allá de lo que marca la ley y este es el problema".
De "mala noticia" ha calificado la resolución el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha asegurado que queda de manifiesto que "el Derecho no funciona".
La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha asegurado que "entiende y comparte" la "incomprensión, el hastío y la indignación que ha provocado en la mayoría de la sociedad la puesta en libertad de La Manada". De esta forma, ha respondido a una ciudadana que ha preguntado si permitirán que "cinco violadores vuelvan a los Sanfermines en tres semanas". "Respondiendo directamente a tu pregunta, he de decirte que la potestad de limitar la libertad de movimientos de una persona recae exclusivamente en la justicia, en este caso en particular, en la Audiencia Provincial de Navarra".
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho un llamamiento a las instituciones a "revisar lo que se tenga que revisar" en la legislación vigente para evitar "mensajes de impunidad" ante una "violación múltiple".
Desde el ámbito sindical, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha opinado que "no hay ninguna explicación jurídica" para la decisión sobre La Manada. A juicio de CCOO, solo puede entenderse "como un claro desafío al sentido común de la democracia", a la vez que ha alertado de que "asistimos a una nueva vuelta de tuerca que golpea con más fuerza que nunca la dignidad de las mujeres".
Los jueces piden respeto
Por su parte, portavoces de asociaciones profesionales de jueces y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías han pedido respeto para los jueces que han decretado la libertad provisional para los integrantes de La Manada en un auto ajustado a la legalidad y "razonado". Además, han subrayado el nivel de formación de los jueces en perspectiva de género.
Macías ha destacado que es una resolución que se atiene a los parámetros de constitucionalidad, en la que se refleja que ha disminuido el riesgo de fuga y que se pueden adoptar medidas de protección a la víctima menos lesivas que la prisión. El auto, ha recalcado el vocal del CGPJ, "no es insólito", ya que "la situación normal mientras no existe sentencia firme es la libertad", y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de forma "muy, muy reiterada", ha puesto de manifiesto que la prisión provisional tiene que adecuarse a la evolución del caso.
Frente a las críticas y ante quienes subrayan la necesidad de más formación en asuntos de género para los jueces, Macías ha reconocido que "siempre, en todo, absolutamente en todo, se puede mejorar", pero ha subrayado que el CGPJ está "haciendo mucho": en los últimos cinco años se han ofrecido más 4.000 plazas de formación en violencia de género, la comisión de igualdad evalúa todo el programa formativo y el 70% de las actividades considera el impacto de género con carácter transversal.
Con él ha coincidido el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Castro, quien ha rechazado que se pueda tildar de "machista" a la carrera judicial. "No puede ser que cada vez que haya una decisión que no guste políticamente se diga que los jueces no están formados", ha subrayado Prado, convencido de que "hay cuestiones ante las que no es necesario una especial sensibilidad: cuando a alguien le roban, golpean o violan, cualquier ser humano entiende que es una canallada".
El portavoz ha pedido confianza en el sistema judicial y ha destacado que, en el caso de La Manada, se han impuesto medidas cautelares "importantes", aunque ha reconocido también que existía la opción de prorrogar la prisión provisional y que hay juristas que la defienden.
Para la presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, las manifestaciones políticas sobre la resolución judicial son "absolutamente incorrectas" y, además, supone una "temeridad" pronunciarse sobre el auto sin tener en la mano toda la información de la que disponen los jueces. "Están bien las críticas, pero no hasta el punto de decir que hay que cambiar la mentalidad; todo esto sobra en un ministro", ha señalado Rodríguez en referencia a las palabras de la titular de Justicia, Dolores Delgado, quien señaló, tras conocer el auto, que se necesitan "reformas mentales".
Como en toda la sociedad, ha añadido, "bienvenida sea" más formación, pero en el ámbito penal hay conocimiento y sensibilidad hacia la perspectiva de género y "la grandeza de la justicia es abstraerse de las presiones que pueda haber y responder de acuerdo a derecho".
En un comunicado, el magistrado emérito del Tribunal Supremo y director del área penal de Life Abogados, José Antonio Martín Pallín, ha querido dejar claro que el auto que concede la libertad provisional "en nada afecta al fondo del asunto" ni va a influir en las decisiones de los tribunales que tienen que revisar el caso. A su juicio, la decisión se ajusta a la legalidad y si ha provocado una oleada de protestas es por la "opinión infundada de que favorece una posible absolución".