El caso que se sigue desde hace una década en Las Palmas contra Vladimir Kokorev, por haberse beneficiado en veinte millones de euros, supuestamente siendo ‘amigo’ de Teodoro Obiang, ha dado el enésimo giro rocambolesco. Mientras se sigue investigando si el empresario hispano-ruso, ya jubilado y enfermo del corazón, fue hace casi veinte años testaferro del presidente de Guinea Ecuatorial, ahora ha trascendido, según ha sabido El Imparcial, que la UDYCO canaria comparte información obtenida en el caso con servicios secretos de otros países, sin conocimiento ni ningún control por parte del CNI.
El mismo Inspector Jefe de la unidad canaria ha admitido, en sede judicial, que mantiene colaboración con distintos servicios secretos de otros países: “De Estados Unidos, de Ucrania… y alguno más que se me puede escapar.” Y a la pregunta de sí está proporcionado información del caso a servicios secretos de Ucrania, el inspector también ha respondido afirmativamente, tras varios titubeos.
Las reuniones con miembros del servicio secreto de Ucrania se llevarían a cabo en la Embajada del antiguo país soviético. Habría estado presente el inspector jefe de la UDYCO de Las Palmas y, supuestamente, un agente de los servicios ucranianos, que no se habría identificado ni con su nombre ni en su rango.
La razón de esta reunión, sorprendentemente, consta en la propia causa. El jefe de la policía canaria sostiene que contactó con agentes de ese servicio de información extranjero en España “al objeto de articular algún tipo de colaboración (…) habida cuenta de que ha sido localizada en la documentación intervenida [a Kokorev] numerosa información operativa que podría ser de interés para aquel país”.
Sobre esta forma de proceder, y a preguntas de De Vega sobre si había obtenido la aprobación del CNI para esparcir esos documentos de la inteligencia española, el inspector contesta que “el CNI no me dijo ni blanco ni negro”.
Estupefacción ante una acción insólita de la UDYCO
Los letrados de la familia Kokorev muestran su total estupefacción con tal peculiares actuaciones del agente canario. “Lo que el inspector jefe admite”, asegura el letrados Antonio José García Cabrera, “es que durante la investigación, él encontró documentos (elaborados por o para el CNI) que le parecieron sensibles o de interés nacional. Lo lógico hubiese sido compartir esta documentación con los servicios de seguridad de España”.
En vez de proceder de esta manera, el agente decide ‘motu proprio’, continúa García Cabrera, “y con unas motivaciones que se me escapan, concretar varias reuniones con servicios secretos de otros países y diseminar la información que obtuvo durante su investigación que nada tiene que ver con el caso (…) aún más, le indicó a esos agentes extranjeros la fuente, el origen de la documentación (…) estas colaboraciones ponen en peligro tanto la vida de Kokorev y su familia, como los intereses nacionales de España”.
Algunos de estos “documentos de inteligencia”, total o parcialmente, han sido filtrados por la investigación en el pasado a los medios de comunicación, y citas literales de informes confidenciales con información muy sensible para España (en particular, respecto del intento de golpe de estado en Guinea Ecuatorial en 2004) ya han trascendido en medios como ‘El País’. De la misma manera, se ha desvelado la conexión de la acusación popular personada contra Kokorev con el conglomerado de ONGs que opera bajo el paraguas de “Open Society Foundations”, controlada y financiada por el ‘filántropo’ multimillonario George Soros.
No es la primera vez que los abogados de defensa de los Kokorev ponen en aprietos a la UDYCO de las islas. El mismo inspector jefe admite que en la instrucción “ha habido muchos errores”. Uno de ellos, “colocar” contratos de venta de armas en un USB, afirmando que el dispositivo pertenecía al hijo de Vladimir Kokorev, un hecho falso según demostró una prueba pericial informática.
El ‘caso Kokorev’ ha sido denunciado por numerosos eurodiputados en el Parlamento Europeo por dilaciones indebidas, métodos de instrucción irregulares y vulneración de derechos fundamentales. A pesar de que investigaciones previas por supuesto blanqueo de dinero llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid fueron archivadas hasta en dos ocasiones por no encontrarse evidencias de delito, el Juzgado mantuvo al empresario en prisión preventiva 29 meses, periodo después del que se le ha tenido que intervenir de urgencia con la colocación de cuatro ‘bypass’. Los propios agentes admitieron haber manipulado el dispositivo.
Si (
No(
