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NICARAGUA

Las fuerzas paramilitares de Ortega celebran la toma de Masaya

Personas con la cara tapada vigilan las calles este miércoles.
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Personas con la cara tapada vigilan las calles este miércoles. (Foto: EFE)
Efe
jueves 19 de julio de 2018, 00:18h
La OEA insta a Ortega a adelantar las elecciones para marzo de 2019.

Cientos de efectivos de las "fuerzas combinadas" del Gobierno de Nicaragua celebraron hoy, con vítores y música, la toma de control de Masaya, donde ayer martes derribaron las barricadas y borraron pintadas con frases contra el presidente del país, Daniel Ortega.

Efectivos de la Policía Nacional, parapolicías, paramilitares y antimotines llevaron a cabo en Masaya la llamada "Operación Limpieza", que consistió en derribar los "tranques" que seguían levantados y eliminar cualquier resto que recordase que el pueblo se declaró "territorio libre del dictador", en referencia a Ortega.

El operativo policial, que se llevó a cabo de forma violenta por parte de las fuerzas estatales hacia la población, se saldó con tres personas fallecidas el martes en la localidad.

Un policía, un joven de 15 años y una mujer que estaba en la acera de su casa fueron asesinados con armas de fuego en el transcurso de la denominada "Operación Limpieza" en Masaya, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Este miércoles, el barrio masaya de Monimbó, de tradición indígena, amaneció atestado de miembros de las "fuerzas combinadas", quienes aseguraron que "ha vuelto la paz y la tranquilidad" para los pobladores. afirmación que contrasta con la escena del entierro de un joven de 15 años asesinado en la refriega de ayer.

Una tía del fallecido, quien rehusó brindar su identidad, dijo a Efe que la aparente calma que se respira en Masaya es "falsa", pero "la gente tiene miedo a salir", debido a la fuerte presencia de miembros de las "fuerzas combinadas".

La familia del joven aseguró que "si no hubiera miedo", en el funeral de Eric Antonio Jiménez López, al que apenas asistieron tres decenas de personas, "estaría lleno de gente", pero debido a la presencia policial, los masayas optaron por no salir de sus casas.

La mujer pidió el cese a la represión y el apoyo "de otros países" para que la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde hace tres meses concluya y se recupere la paz, la libertad y la democracia.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

No obstante, algunos ciudadanos de Masaya, ante la presencia policial, defienden al Gobierno y celebran que las "fuerzas combinadas" hayan tomado el control de la zona.

Carmen Velázquez González dijo a Efe que se siente "agradecida" por la labor que realizaron en el pueblo las "fuerzas combinadas" y por su presencia permanente desde el pasado lunes.

"Estábamos atrincherados y estábamos con temor hasta de salir a trabajar y gracias a Dios ya estamos liberados, aunque fue duro, pero ya estamos alegres, ya vamos a salir con libertad a la calle", explicó Velázquez, quien se mostró en contra de las protestas populares y a favor del Gobierno de Ortega.

Velázquez, quien lamentó la muerte de las más de 350 personas que fueron asesinadas desde el comienzo de las revueltas "porque todos somos humanos", señaló que "la bala viene desperdigada y uno se tiene que salvar su pellejo", por lo que evitó culpar a los efectivos gubernamentales de los asesinatos.

Adelanto de elecciones

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hoy una resolución en la que pide al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que acepte la propuesta que le hizo la Iglesia Católica de adelantar a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021.

La iniciativa, impulsada por siete países (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y EE.UU.) y respaldada por México, "exhorta" al Ejecutivo nicaragüense a que "apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional", según el texto.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo de este diálogo nacional, solicitó el 7 de junio a Ortega que adelantara los comicios al 31 de marzo de 2019; pero, el pasado 7 de julio, el mandatario rechazó esa solicitud, al considerar que ya habría "tiempo para las elecciones tal y como lo manda la ley".

La resolución fue aprobada con el voto a favor de 21 de los 34 países que son miembros activos de la OEA, mientras que tres (Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas) votaron en contra y se registraron siete abstenciones, así como tres ausentes, entre ellos Bolivia.

Eran necesarios 18 votos para aprobar la resolución, instrumento que establece el criterio de legalidad del continente sobre la crisis en Nicaragua, que ha dejado más de 350 muertos en tres meses.

En el texto, la OEA reitera su "enérgica condena y su grave preocupación" por los actos de violencia perpetrados por policías y paramilitares en Nicaragua y exige el "desmantelamiento de los grupos parapoliciales", que actúan con el consentimiento del Ejecutivo, según grupos humanitarios.

La iniciativa no señala a Ortega por la violencia, pero urge a su Gobierno a que participe "activamente y de buena fe" en el diálogo nacional, mediado por la Iglesia Católica.

En la resolución, la OEA expresó su condena al "hostigamiento" a los obispos que participan en el diálogo, así como a los "actos de violencia" contra unas oficinas de Caritas que fueron incendiadas y contra la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), que se convirtió en centro de las protestas.

Las hostilidades se han incrementado en los últimos días con ataques como el de la UNAN y el ocurrido contra la ciudad de Masaya, lo que ha provocado la condena de países como Estados Unidos y organismos, como la Unión Europea (UE).

Las protestas contra el presidente Daniel Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron hace hoy tres meses por unas fallidas reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder.

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