El Gobierno recula y defenderá a Llarena "hasta las últimas consecuencias"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado que el Gobierno defenderá en Bélgica "hasta las últimas consecuencias" la integridad jurisdiccional y los intereses de España, que pasa también por "defender la actuación jurisdiccional" del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

En una entrevista en Radio Nacional, Delgado ha querido poner de manifiesto la "transparencia" que ha presidido toda la actuación del Ministerio desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le informara de la demanda civil que el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y cuatro de su exconsejeros habían interpuesto en Bélgica contra Llarena, que instruye la causa del procés.

Tras enumerar todos los pasos que se han ido dando hasta el momento, Delgado ha sido tajante: "Ahora trabajamos en la estrategia para defender los intereses de España, que pasa por defender la actuación jurisdiccional del juez Llarena". "Vamos a defender hasta las últimas consecuencias a la jurisdicción española y a quien la desarrolla, en este caso Llarena", ha aseverado.

"No vamos a transigir lo más mínimo", ha asegurado Delgado, quien ha negado que haya algún tipo de "fisura" entre la Abogacía del Estado y el Gobierno o ella misma

En espera de saber si el día 4 de septiembre tendrá que comparecer Llarena en Bélgica y si finalmente se admite la demanda, Delgado ha salido al paso de las críticas que se han vertido los últimos días al Gobierno, la titular de Justicia ha defendido la "línea constante" que ha mantenido el Ejecutivo y la "gran responsabilidad" con la que ha actuado. Y ha reiterado que la posición de España ha sido siempre la de defender su soberanía jurisdiccional, desde que en torno al pasado 10 de julio el CGPJ informara de la demanda civil contra Llarena.

Ahora, la mayoría de las asociaciones judiciales que durante este fin de semana han instado al Gobierno a asumir la defensa de Llarena, celebran que "se haya impuesto la sensatez y el interés de España". Una actuación que, a ojos de la mayoría de las asociaciones, supone una "rectificación" de la postura mantenida por Justicia hace unos días, cuando explicó que solo se personaría si el juez belga cuestionaba la instrucción del procés pero "en ningún caso" por manifestaciones de carácter privado del juez Llarena.

En el lado contrario se encuentran Podemos y ERC, que han criticado la nueva postura del Gobierno. Por su parte, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, se ha mostrado en contra de que "todos los españoles" costeen la defensa del juez Llarena. En declaraciones a Radio Nacional, reconocía así que el Gobierno ha cambiado su actitud con este asunto y ha considerado que la primera, de no asumir esa defensa, era "más sensata", ya que la demanda está motivada por unas declaraciones del juez en el ámbito privado.

Mientras que el diputado de los republicanos en el Congreso Gabriel Rufián ha considerado en declaraciones a los periodistas que este hecho demuestra la "poca valentía" de Sánchez y del PSOE y "la nula separación de poderes en el Estado".

Rufián: "Que defiendan a un juez que se ha mostrado lacayo de según qué despachos de Génova 13, lo que hace es constatar que el PSOE lo único que quiere es no molestar mucho"

También se ha sumado a los reproches el portavoz de PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, quien ha lamentado que Sánchez se haya "amedrentado ante la derecha judicial y política" y haya decidido "proteger y amparar" al juez. En declaraciones en el Congreso, Campuzano ha asegurado que "no tiene sentido" que el Ejecutivo ampare "las declaraciones de Llanera en un medio de comunicación formulando una acusación falsa" sobre Puigdemont.

"No comprendemos el cambio de criterio", ha insistido el diputado catalán para añadir más tarde que Llarena "no merece que se le ampare" y que Sánchez "se ha equivocado".