Rectifica a la vicepresidenta que sostuvo que era un asunto privado.
Bandazo del Gobierno en la cuestión de la defensa del juez Pablo LLarena. En menos de una semana, el Ejecutivo de Sánchez ha dado un giro de 180 grados al defender una cosa y la contraria. La pasada semana, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguraba que la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, encargado de instruir el juicio por rebelión en el marco del 'procés' de Cataluña es una cuestión privada y que el Gobeirno no tomaría acciones ante la demanda civil que los separatistas han presentado en Bélgica.
Preguntada por la intervención del Gobierno en la demanda ante la justicia belga, la vicepresidenta fue tajante: "Cualquier juez o jueza de nuestro país tiene que recibir el amparo legal y el apoyo establecido en el ámbito de su propio poder, en este caso, el Judicial. Al poder Ejecutivo no le corresponde esa función".
La reacción no se hizo esperar y cinco asociaciones de jueces y fiscales exigieron al Gobierno, a través de un comunicado "en defensa de la soberanía jurisdiccional de España", que asumiera la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia belga.
En la nota, que está firmada por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales, acusan al Ejecutivo de "dejación de funciones".
La oposición también se pronunció al respecto. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, aseguró que su partido está "muy decepcionado" con el Gobierno por "no prestar defensa" al juez Pablo Llarena en Bélgica. Muy similar fue la reacción del PP, cuyo secretario general, Teodoro García Egea, anunció acciones de apoyo al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el Congreso, en el Senado y en la calle, dado que "Pedro Sánchez es el mejor abogado de Puigdemont contra el juez".
Sin embargo, este lunes el Gobierno reculaba y admitía desde Madrid que defenderá a Llarena. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se encuentra de gira por Latinoamérica, contradecía a su vicepresidenta al afirmar que la defensa del sistema judicial español no es una cuestión privada, sino "de Estado" y, por tanto, ha atendido "desde el primer momento" los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial.
Sánchez respondía de esta forma en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Santiago de Chile junto al presidente del país, Sebastián Piñera, a la pregunta de si el Gobierno había rectificado su posición inicial sobre la defensa de Llarena ante la demanda civil contra él interpuesta por el expresident Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers.
El jefe del Ejecutivo español ha insistido en que el Gobierno escucha al órgano de gobierno de los jueces y ha atendido esos requerimientos en la medida en que se han ido planteando.
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