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PABLO CASADO Y LA CONSTITUCIÓN

miércoles 05 de septiembre de 2018, 10:53h
La prepotencia, la soberbia, el desdén, impidieron a Mariano Rajoy abordar la reforma de la Constitución...

La prepotencia, la soberbia, el desdén, impidieron a Mariano Rajoy abordar la reforma de la Constitución Española, exigida a gritos desde hace diez años por las nuevas generaciones, indiferentes ante el sistema al 70%, indignadas al 30% y asqueadas al 100%. Todo eso, antes de la crecida secesionista que se veía venir. Rajoy, que hizo una espléndida gestión económica y se perdería la objetividad si no se reconociera así, cometió el error histórico de no abordar desde la mayoría absoluta una reforma constitucional que hubiera encontrado además en el PSOE de Rubalcaba apoyo y colaboración.

Pablo Casado ha convocado para la primera semana de diciembre una Convención del Partido Popular que debe abordar la actualización de la Constitución. Es una decisión inteligente y el paso adelante que debió dar Mariano Rajoy y estúpidamente no lo hizo desde la suficiencia con que se enfrentó con los problemas de España.

Hay una diferencia, sin embargo. Ahora se debe hablar de la reforma constitucional. Pero no se puede poner en marcha. La situación política actual es muy diferente a la del año 2011. Abrir el melón de la reforma constitucional supondría un batiburrillo de tensiones que enfangarían todavía más la vida política española. La operación se podría intentar tras la eventual victoria por mayoría absoluta de la alianza PP-Ciudadanos, con un partido perdedor pero de Estado, serio y constructivo como el PSOE de Rubalcaba.

No está de más que se debatan y se estudien a fondo las reformas necesarias para que la Constitución de 1978 permanezca como marco de convivencia, pero habría que esperar tiempos mejores para poner en marcha el artículo 168 de la Carta Magna. Conviene no olvidar, en todo caso, que si a Pedro Sánchez le saliera bien la hoja de ruta que tiene trazada, cosa harto improbable, planteará su propia reforma constitucional, la cual liquidaría el espíritu de la Transición y también el eje en el que se asienta el actual sistema español: una Monarquía parlamentaria de las mismas características que las de Dinamarca, Holanda o Suecia y que ha presidido los cuarenta años de mayor libertad en la Historia de España.