Después de una década de instrucción, interrumpida durante varios años y archivada en dos ocasiones, la juez que investiga a Vladimir Kokorev, el presunto testaferro de Teodoro Obiang en España, podría tener en horas el informe final de las fuerzas de seguridad en el que se acreditaría el lavado de dinero de unos 20 millones de euros por parte del empresario, ya jubilado y con la prohibición de salir de Las Palmas de Gran Canaria cautelarmente.
Hasta hoy la jueza Ana Isabel de Vega y el fiscal anticorrupción Luis del Río Montesdeoca no han dado crédito a la documentación oficial (facturas, contratos, hojas de encargo, transferencias) que, remitidas por Guinea Ecuatorial, acreditan los ingresos de la empresa Kalunga, de Kokorev, que operó hace ya cerca de dos décadas en el sector naviero teniendo como uno de sus clientes a la administración de la antigua colonia española.
En los aparentes estertores de la instrucción, las defensas de quien aún no ha sido formalmente acusado no sólo denuncian dilación indebida en el procedimiento sino falta de cadena de custodia. A través de diversas pericias informáticas independientes que se han llevado al Parlamento Europeo y que podrían terminar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se pone de relieve, según el abogado de la familia hispano-rusa, Antonio García Cabrera, que “no se han tomado las medidas y precauciones adecuadas para asegurar que la prueva que se podría valorar en un hipotético juicio es la misma que fue intervenida al señor Vladimir Kokorev, en este caso diverso material informático tanto en el momento de su detención hace tres años como en las entradas y registros a sus domicilios”.
Los informes científicos, que cuestionan en pleno las salvaguardas que no tomó la UDYCO canaria para conservar el material sobre el que se ha investigado, aseguran que voluntaria o involuntariamente, los documentos contenidos en soportes informáticos han sido alterados, voluntaria o involuntariamente, perdiendo su validez y su efecto ante el juzgado de instrucción nº5 de Las Palmas: “no se ha obtenido, por expresarlo claramente, el ‘precinto digital’”.
Dudas sobre la prórroga de una instrucción empantanada
En las últimas semanas la Fiscalía ha pedido más tiempo para avanzar en las averiguaciones acerca de las sociedades a las que Kokorev habría derivado los ingresos obtenidos originalmente de su relación con Guinea Ecuatorial, en lo que el letrado García Cabrera interpreta como una prueba de que “nos hallamos ante una investigación prospectiva de manual: “no es aceptable en un Estado de Derecho que se aíslen datos reales, que se mezclen o atribuyan a fuentes no fiables, que se planteen elucubraciones sin fundamento. Y no lo es porque el propio Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prohiben las llamadas ‘causas generales’ dirigidas a la búsqueda genérica de infracciones penales, sea en una persona, una familia o una organización de otro tipo”.
En este sentido, las pericias informáticas presentadas ante la juez instructora acreditan que “no es que haya un problema puntual con la preservación de la cadena de custodia (…) es que hay un fallo metodológico sistemático” en el trabajo policial que sostiene la causa. “Alguien tuvo la voluntad de alterar la prueba digital sin dejar rastro de ello tras haber optado por no implementar los protocolos mínimos necesarios para arrancar la cadena de custodia”, concluye la pericia.
Con gran parte de los supuestos indicios de blanqueo de capitales que hoy ve la justicia canaria, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España desechó hace más de una década las razones para investigar o, en su caso procesar, al antiguo socio de Teodoro Obiang
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