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AL PASO

Hablando de lenguas

martes 02 de octubre de 2018, 20:20h

La problemática sobre la Constitución de la organización, esto es, sobre los aspectos institucionales u orgánicos de la misma, es más sencilla de explorar que la que se refiere a la Constitución de la integración, esto es, la que atañe a los elementos espirituales o pertenecientes a la conjunción. Obviamente no se trata de hacer en la Norma Fundamental contraposiciones a ultranza sino de trazar diferencias fértiles que mejoren los instrumentos del análisis, sobre todo cuando se piense en una posible modificación de la Constitución.

Por ello, porque pensaba que de la reunión saldrían planteamientos útiles justamente a la Constitución de la integración, asistí con el mayor interés al Seminario que sobre el español como lengua de creación e integración organizaba la pasada semana la Cátedra de la Monarquía Parlamentaria en el Senado bajo la dirección, bien atinada, de Juan José Laborda.

El director de la Academia de la Lengua, don Darío Villanueva, realizó algunos apuntes curiosos sobre la posición del castellano en nuestra América que pueden contraponerse a quienes señalan el uso del español como lengua del imperio. La suerte del español en la época colonial estuvo en manos especialmente de las órdenes religiosas y su oficialización en las nuevas republicas correspondió a la decisión de los gobernantes independizados.

María Teresa Echenique, sólidamente, insistió en la convivencia social de las lenguas durante el antiguo régimen, ejemplificando la hermandad implícita de las mismas como manifestación plural de la facultad del lenguaje humano a que se refería don Luis Michelena.

Me resultó particularmente interesante la intervención de la escritora Carmen Riera que comenzó confesándose monarquicana, aludiendo a una fórmula de José Luis Sampedro que se refería a la capacidad, al menos en el caso español, de que la forma política monárquica albergase un contenido republicano, entendiendo por tal los valores e instituciones de la democracia constitucional. En segundo lugar, Carme Riera hizo una bella defensa de la idea de España como Nación de naciones, como correspondencia espiritual del pluralismo lingüístico español. En un tercer desarrollo, se refirió a una inutilizada defensa del catalán desde la derecha ideológica, que no es otra que la de Menéndez Pelayo, en relación con su maestros Milá y Rubió y ejemplificada en el conocimiento y admiración por esta lengua, que el polígrafo montañés dominaba por escrito. Resulta curioso que la derecha española no tenga en cuenta esta veta historicista de su pasado y prefiera, no siempre, pero muchas veces, para fijar su posición sobre las lenguas españolas, otra tradición (afrancesada) centralista y uniformista.

Xavier Vidal-Folch, desde Cataluña, se refirió a la situación lingüística catalana presente como un exitoso logro de la democracia española, que ha asegurado en términos muy satisfactorios una convivencia indudable entre el castellano y el catalán.

Merece la pena resaltar que este panorama en el que se pueden anotar deficiencias indudables en el terreno efectivo, algunas indicadas en sus intervenciones por Angel López García Molins o la señora Remei Seipi ( trabas por ejemplo a la utilización de los idiomas en las instancias de representación del Estado, escasa presencia universitaria de la enseñanza de otras lenguas que el castellano en la universidad española, por comparación a lo que ocurre en departamentos lingüísticos de Europa y Estados Unidos, infraconsideración del castellano en relación con la enseñanza en inglés en las escuelas catalanas) tiene su base en el sistema lingüístico constitucional, que es extraordinariamente sofisticado, y ha permitido un desarrollo normativo y jurisprudencial muy satisfactorio en términos generales. Desarrollaré por mi parte esta idea.

La Constitución asume el pluralismo lingüístico, como una muestra de la riqueza del patrimonio nacional, a conservar y proteger. El régimen lingüístico establecido en la Norma Fundamental, artículo 3 CE, asegura un determinado papel, de preferencia que no de dominación, al castellano, que es lengua común y oficial del Estado, lo que indudablemente refuerza su posición jurídica. Pero garantiza en las Comunidades Autónomas la cooficialidad las demás lenguas en los términos establecido en los Estatutos. Así, la regulación correspondiente a las lenguas queda diferida a las Comunidades Autónomas, en su norma básica y en la legislación ordinaria correspondiente, respetando la Norma Fundamental, pero con su garantía.

La cuestión reside en saber qué se puede establecer en la legislación autonómica sobre la cooficialidad que responda a su protección constitucional y que, al tiempo, refleje la voluntad de autogobierno autonómico en este campo. La respuesta equivale al desarrollo de la garantía institucional del bilingüismo, que es lo que asegura la cooficialidad prevista en la Constitución como régimen lingüístico en las Comunidades Autónomas.

¿Cómo debe ser el bilingüismo que se corresponda a la cooficialidad a que se refiere la Constitución? Sin duda debe tratarse de un bilingüismo perfecto o equilibrado, que exprese una convivencia normal entre la lengua, impropiamente llamada propia, de las Comunidades Autónomas y el castellano. No puede tratase de un sistema que aspire a la superación de la sustancial igualdad entre las lenguas por un modelo territorializado, como el que existe en Suiza, en donde se confiere la oficialidad exclusiva a uno de los idiomas. Tampoco un bilingüismo que impida un esfuerzo por compensar la situación histórica desigual de la lengua vernácula. Por el contrario, hay que afirmar la plena legitimidad de una política lingüística, acordada democráticamente en las leyes de normalización, cuya finalidad sea corregir y superar los desequilibrios existentes entre las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma ( STC 337/1994). En este sentido, la Sentencia sobre El Estatuto de Cataluña ha reconocido que el idioma propio de la Comunidad Autónoma se constituya en el centro de gravedad del sistema lingüístico, o que pueda ser objeto de políticas de recuperación, que compensen sus desventajas deducibles de un descuido y postergación durante siglos quizás, si no persecución en algunos periodos, como ocurrió durante el franquismo, y de desconsideración durante otras épocas.

Pero no parece respetuoso con la cooficialidad el nulo empleo de alguna de las lenguas en el funcionamiento normal de las instituciones autonómicas o su marginación en las declaraciones públicas (no en el sentido necesariamente de oficiales) de sus autoridades u órganos. O la exclusión de la condición de vehicular del castellano, como consecuencia de la declaración estatutaria de este carácter de la lengua propia. Entonces es perfectamente posible que la lengua originaria sea considerada estatutariamente como lengua vehicular para los poderes públicos correspondientes, catalanes por ejemplo, pues ello cabe dentro de las atribuciones del Estatuto, pero esto no impide que el castellano tenga asimismo ese carácter. “El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña” (STC 31/2010).

Este puede ser el núcleo esencial, brevemente explicado, de un sistema lingüístico que la Constitución establece, decíamos, en unos términos de complejidad y sofisticación indudables. Una muestra, sin duda, remarcable, de sensatez e inteligencia.

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