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TRIBUNALES

La justicia estudia desimputar a la esposa del ‘amigo español’ de Teodoro Obiang

La justicia estudia desimputar a la esposa del ‘amigo español’ de Teodoro Obiang
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domingo 07 de octubre de 2018, 11:05h

Una investigación de diez años, un supuesto testaferro de Obiang atrapado cautelarmente en Las Palmas sin procesar, y una esposa que verá de forma inminente si el juzgado de instrucción nº5 de la capital gran canaria o la Audiencia Provincial le separan de la presunta responsabilidad penal de su marido, Vladimir Kokorev, el ‘amigo’ hispano-ruso del líder de Guinea Ecuatorial que habría lavado veinte millones de euros de origen dudoso, según los investigadores.

Las defensas del empresario jubilado, confinado en Las Palmas sin poder salir de la isla como inusual medida cautelar, entienden que “se ha pretendido crear un nuevo tipo de sujeto de responsabilidad penal: no una persona física ni jurídica sino ‘la familia’”; y que ésa es la razón por la que Julia Maleeva, ama de casa de 65 años, ha pasado preventivamente dos años en prisión y ahora no puede abandonar la isla por riesgo de fuga.

En diversos escritos, tanto al juzgado de primera instancia como a la Audiencia Provincial de Las Palmas, se ha acreditado que en la mayoría de autos dictados se emplea casi como sinónimo la palabra ‘Vladimir y la de ‘Julia’, su esposa, “sin que se haya sido capaz de concretarse una actividad delictiva de ésta última”. En sus informes, la propia UDYCO canaria utiliza esos mismos sinónimos al referirse a las actividades empresariales desarrolladas por Kokorev en la antigua colonia española, unos negocios (compra-venta y reparación de barcos, y aportación de diversos bienes de equipo) en los que se ha probado ante la jueza De Vega y el fiscal Luis del Río que no tenía participación su mujer.

Testimoniando en el pasado ante el Parlamento Europeo, del que salió una denuncia de numerosos diputados denunciando presuntas irregularidades e ilegalidades en la instrucción del caso, Julia Maleeva ha declarado que “yo sólo era la mujer, la parte de mi marido, su apéndice (…) nunca nadie, ni policía, ni fiscal, ni juez nombró algo concreto que yo hubiera hecho, nunca fui interrogada de forma separada de mi marido, nunca recibí un papel del juzgado que fuera diferente del suyo”.
Su propio letrado, Antonio García Cabrera, apostilla que “no se han obtenido datos nuevos de carácter inculpatorio al haber estado siempre al margen de los negocios y la operativa de su marido (…) no hay perspectivas razonables de hacerlo, por lo que debería procederse al archivo de su causa”.

Es la razón por la que tanto jueza como fiscalía anticorrupción valoran ahora si, tras argumentarse que no tenía ninguna funciones profesionales ni en la sociedad inicialmente investigada -Kalunga Company- ni en otras compañías administradas por su marido, archivan su caso. A más abundamiento, ponderando que la policía canaria no ha refutado que Julia Maleeva ignoraba la procedencia de los fondos bajo sospecha y nunca podría haber tenido voluntad alguna de participar en la comisión de eventuales delitos.

La decisión a adoptar llega después de que meses atrás tanto el inspector como la subinspectora de la unidad que lucha contra el crimen organizado en Canarias se sentaran para ser interrogados y declarar ante la juez por presunta manipulación del material informático incautado en los domicilios del supuesto ‘hombre de paja’ de Obiang en España. Los agentes respondieron sobre los presuntos delitos de “infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento”, después de que el empresario presentase un informe pericial en el que se acredita que en determinados documentos aportados a la causa “no hay garantías de autenticidad ni de integridad”, rompiendo principios básicos de la cadena de custodia con la alteración, por añadidura, de los metadatos de algunos de los materiales informáticos.



Un caso que revisará el Tribunal Europeo Derechos Humanos

En esta tesitura, el abogado europeo de la familia hispano rusa, Scott Crosby, estudia el caso a fin de presentar denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De acuerdo con el testimonio de Julia Maleeva, de 65 años, durante su paso por la prisión gran canaria de Juan Grande ha sufrido “tortura psicológica de quienes, asustándome, han intentado doblegar mi voluntad y romper mi personalidad haciendo cruzar la frontera entre la vida normal y la de la prisionera”.

En ese testimonio en primera persona, la esposa de Kokorev, que compartió módulo durante dos años de prisión preventiva con mujeres condenadas, se pregunta cómo es posible que “una inocente sea sometida a la injusticia de ser tratada como personas que están siendo reeducadas por sus crímenes”, y abunda en un “trato denigrante, al tener que mantener una actitud siempre alerta viviendo entre gente imprevisible y a veces peligrosa… un castigo personal que no sabía cómo explicar ni a mi misma ni a las demás”.

Entre los legajos a presentar ante la corte europea, Julia Maleeva detalla “cómo funcionarios que podían ser mis hijos por su edad, y en cuyo poder absoluto me encontraba, creaban artificialmente situaciones para mostrarme su poder, humillando y despreciando a una mujer mayor, asustada y obediente, y no condenada, y supuestamente al menos tan inocente como ellos mismos”.

Mientras tanto, la jueza Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis del Río siguen dilatando la instrucción, después de una década, entendiendo que “no ha concluido el conjunto de diligencias de investigación acordadas para el esclarecimiento de los hechos y determinación e los responsables”; y apelando, diez años después, a “la voluminosa documentación incautada y la complejidad de la investigación”.

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