Un centro cedido por Colau acogerá una conferencia pro-adoctrinamiento en la que participan profesores y funcionarios de la Generalidad.
A pesar de todos los esfuerzos del independentismo por negar que exista una instrumentalización de las aulas en favor de la causa separatista, la realidad en Cataluña parece otra. Buen ejemplo de ello es la conferencia que organiza el sindicato secesionista Intersindical-CSC el próximo miércoles 17 de octubre en Barcelona, cuyo esclarecedor título no deja lugar a dudas: "La República comienza en las aulas".
Este sindicato independentista, que defiende "el derecho a la autodeterminación de Cataluña" y la "protección y promoción frente a toda imposición ajena de la lengua catana", está encabezado por Carlos Sastre, antiguo militante de las organizaciones terroristas Exèrcit Popular Català (EPOCA) y Terra Lliure. En 1985, la Audiencia Nacional condenó a Sastre a 48 años de prisión -aunque sólo cumpliría 11- por asesinar al empresario José María Bultó en 1977, poniéndole una bomba en el pecho.
La "cabeza de cartel" será la docente y exalcaldesa de Badalona por Podemos, Dolors Sabater, quien fue sometida a una moción de censura y expulsada del Ayuntamiento por el PP, Cs y PSC en junio de este año, debido a sus posicionamiento favorable a la creación de un Estado catalán. Algo que quedó más que demostrado cuando, en septiembre del 2017, comunicó a los funcionarios de su municipio que les recompensaría por trabajar durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Al evento acudirán, además, Toni Caserres, del Servicio Territorial de Enseñanza -dependiente de la Consejería de Educación-, Pablo Martínez, trabajador del Consorcio de Educación de Barcelona -institución que coordina la política educativa de la Generalidad con el Ayuntamiento de la Ciudad Condal- y Sergi Perelló, portavoz de Antisindical-CSC. Esta presentación tendrá lugar en el Centro Cívico Pati Llimona, cedido por la alcaldesa Ada Colau.
Actos como este demuestran que el adoctrinamiento en las escuelas catalanas es una realidad palpable. Quizá por ello, el Gobierno de Pedro Sánchez, socio del separatismo, decidió dejar guardando polvo el informe elaborado por la Alta Inspección del Estado, en el que se denunciaba "la falta de objetividad en actividades, mapas y textos" de los libros de texto catalanes, "que aportan un carácter parcial y sesgado o, cuando menos, subjetivo de la realidad de España".