Una ley de 1839 en el siglo XXI

Se acaban de cumplir 179 años desde la promulgación de la ley de 25 de octubre de 1839, producto a su vez del Convenio de Vergara (31 de agosto) que sentó las bases para la finalización de la primera guerra carlista. Después de un intenso debate en las Cortes, la ley confirmó los Fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra, “sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía”. Como hoy reconoce casi unánimemente la historiografía, esta ley hizo posible la continuidad del régimen foral, que vivió una fase en la que se consolidó el fuerismo, quedando demostrado con los hechos que era compatible con la Constitución.

Como toda visión o tesis historiográfica, puede no ser compartida, pero si se pretende considerar esta ley como origen o inicio del conflicto vasco quedan muchos interrogantes y, a mi modo de ver, contradicciones. En la primera guerra carlista se enfrentaron carlistas y liberales, siendo derrotados los primeros. ¿Sintieron esta derrota como final del fuerismo o de una hipotética causa vasca, o como cierre de las posibilidades de volver al absolutismo para toda España? Hay muchos motivos para pensar lo segundo, pues no hay razones objetivas para creer que el fuerismo de los carlistas y su aplicación en el desarrollo del régimen foral fuera más intenso o genuino que el de los liberales. Por lo tanto, la identificación del conflicto vasco con la derrota de los carlistas, representada por esta ley de 1839 como si fuera abolitoria, obliga, si somos coherentes, a emparentar el nacimiento de dicho conflicto con la interrupción del absolutismo español, adjetivo este último que conviene subrayar, pues es indiscutible que lo que defendían los carlistas era para toda España. Quiere esto decir que si hubieran vencido los carlistas hubieran cerrado las puertas al constitucionalismo (como en 1814 y 1823), sin que tengamos ninguna garantía de que el fuerismo que hubieran hecho realidad ofreciera mejores expectativas que el que, de hecho, se plasmó en la práctica política e institucional del liberalismo, si bien es cierto que predominó la versión moderada de este último.

Como en otros casos históricos en que se plantea una doble alternativa posterior a una guerra civil o a un debate que deja fuera a una de las partes en conflicto, resulta difícil extraer consecuencias, debido a que la dualidad enfrentada lo es entre lo que hicieron unos, los liberales en este caso, con “lo que hubieran hecho” los otros. Para poder achacar a esta ley la abolición o aminoración del régimen foral tendríamos que saber qué hubieran hecho los carlistas si hubieran permanecido en el poder. No cabe duda de que también ellos hubieran tenido que intervenir, o seguir haciéndolo, en la adecuación o “arreglo” del régimen foral. Era impensable para unos y otros mantenerlo sin modificación alguna. Efectivamente, es un hecho que en los años anteriores a la muerte de Fernando VII se fomentó una vía reformista que afectaba, inevitablemente, al régimen foral. Pero esa adecuación fue de clara tendencia uniformista y centralizadora, lo que demuestra que la centralización no era ajena a un gobierno de orientación absolutista y tradicionalista a ultranza, que era el que defendían los carlistas.

El siguiente conflicto armado, en forma también de guerra civil española, fue la considerada como segunda guerra carlista (1870-1876), en cuya génesis y desarrollo influyó de nuevo poderosamente más que cualquier otro factor, la resistencia al liberalismo español, aliado en esas fechas con el movimiento que ponía fin al Estado vaticano de la Iglesia Católica. En la línea de emparentar el conflicto vasco actual con los anteriores, también en este caso quien defienda la tesis de la relación directa y piense que desde entonces el pueblo vasco es víctima de abuso e injusticia, está obligado a alinearse con los que se sublevaron contra el régimen liberal, pero, en su caso, debe ser consecuente e identificarse con los móviles que tuvieron realmente para ello, no con los que les queremos atribuir desde nuestra visión actual.

En la siguiente guerra civil, la iniciada en 1936 se abrió de nuevo la necesidad de optar por alguno de los dos bandos en conflicto. Por primera vez les tocó definirse a los nacionalistas vascos, pero no solo a ellos, naturalmente, sino también a los liberales y republicanos, así como a los carlistas, tradicionalistas y monárquicos en general, es decir, a los que se consideraban derrotados en las dos guerras civiles anteriores. La de 1936 se produjo también como consecuencia de un levantamiento armado contra el régimen gobernante, en el que de nuevo se encierra un fuerte debate entre concepciones enfrentadas sobre cuestiones como la estructura administrativa, los derechos y libertades de las personas y el grado de laicismo del Estado y de las instituciones públicas. En este caso se trataba de materias tratadas de forma innovadora y puestas en práctica en clave constitucional moderna. De nuevo la cuestión religiosa irrumpió con fuerza como móvil y estímulo para la adhesión al levantamiento contra el poder, constituido en este caso con plena legitimidad democrática.

Llegados a este punto procede volver a la cuestión de la conexión entre el "conflicto vasco" actual con las guerras carlistas y la de 1936. En las dos primeras no existía el nacionalismo vasco. Lo que éste consideraba como legado del pasado y objeto de reivindicación y defensa estaba representado en el siglo XIX por el fuerismo. Si los nacionalistas del siglo XXI se empeñan en considerar iniciado el conflicto, pendiente aún de “solución”, en la derrota carlista de 1839 o en la de 1876, tendrán que asumir que en aquellas ocasiones los perdedores defendían sobre todo el absolutismo y el tradicionalismo antiliberal. En lo que al régimen foral se refiere, los liberales fueristas tradujeron su vasquismo en la práctica foral en la forma y medida demostrada en una larga treintena de años, precisamente iniciada en 1839.

En la posición que cabe adoptar ante los tres episodios de conflicto armado, con categoría real de tal, que han presidido la historia de España de los últimos 180 años, ¿cabe una valoración continuista de las “derrotas” derivadas de la acción del Estado español? Los defensores de esta tesis no pueden olvidar que la padecida en 1936 la sufrieron los nacionalistas juntamente con las fuerzas constitucionales y democráticas que fueron desbancadas, y sustituidas, conviene no olvidarlo, por otras entre las cuales las identificadas con el tradicionalismo de abolengo carlista, partidario del absolutismo antiliberal, ocupaban un espacio nada desdeñable.

A estas alturas del siglo XXI, si se plantean continuidades de larga duración en la dinámica del conflicto-guerra-derrota, es preciso hacerlo con coherencia, evitando la mezcla de factores y razonamientos heterogéneos e incluso incompatibles y contradictorios si se presentan en una perspectiva de reacción ante el agravio y el abuso permanente de un estado opresor. Se produce una confusión notable si, a la hora de juzgar los antecedentes, se mezclan unos con otros o se suman de manera meramente acumulativa.

En nuestra dramática actualidad, plasmada ahora en una Cataluña en la que una parte de su población se siente derrotada desde 1714, se rememora en Euskadi el 25 de octubre de 1839 como el inicio de una derrota de larga duración. Pero se hace como si la única manera de afrontar la cuestión vasca fuera la de sumarse a la opinión de que el conflicto vasco nació en 1839. Con esta postura no se descarta solo a los no nacionalistas, sino a todos los nacionalistas que pueden poner en duda la tesis de que la recuperación del estatus foral anterior a 1839 (el dogma sabiniano de la reintegración) hubiera traído consigo la resolución del problema. En aquellas fechas, muchos de los partidarios de la vuelta al pasado y de poner el contador de la historia en esa fecha mágica, hubieran visto con agrado que se incluyera en la reintegración, por ejemplo, a la Inquisición.