Las comunidades fijarán la proporción del uso de la lengua castellana.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, presenta en el Congreso las directrices del anteproyecto con el que quiere reformar o derogar la Lomce, que quita peso a la Religión y los centros concertados y deja en manos de las comunidades la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular.
La semana pasada, Celaá no descartó quee con su reforma educativa se derogue toda la Lomce, aunque también puede suceder que solo afecte a algunos de sus artículos.
Celaá ha defendido hoy "el aprendizaje del castellano con la presencia adecuada de las lenguas propias de cada comunidad" y ha asegurado que la reforma de la ley educativa "hará hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la ESO con el nivel adecuado en la capacidad de expresarse tanto en castellano como en las lenguas cooficiales".
Además, la ministra ha resaltado que el sistema descentralizado "ha tenido y sigue teniendo en la actualidad más ventajas que inconvenientes para un sistema educativo de calidad".
Con la nueva norma, la administración central se reserva el derecho a determinar entre el 55 y el 65 % de los currículos educativos, que completarán las comunidades autonómicas, aunque se establecerá un control por parte del Gobierno central.
"En los últimos cursos de educación primaria y secundaria se hará con carácter muestral y plurianual una evaluación de diagnóstico que establecerá una información valiosa sobre las metas alcanzadas por los estudiantes para velar por el equilibrio territorial que establece la Constitución", ha señalado Celaá.
Además, ha señalado que hay que ser cuidadosos para "no caer en regulaciones que no sean escrupulosamente leales con la Constitución" y ha recordado que "la redacción que hizo la Lomce de la disposición adicional 38 ha sido parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional"
Se trata de una disposición que obligaba a las comunidades con lengua cooficial a pagar un centro privado a las familias que quisieran que sus hijos estudiaran castellano como lengua vehicular y no encontraran un centro publico para ello. Celaá ha subrayado además que "la utilización de una lengua no puede ser objeto de discriminación".
editorial
La Ley de Educación elimina el castellano
EL IMPARCIAL
Principales puntos que propone Celaá
- Lengua castellana y lenguas cooficiales. Las Administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio.
- Educación en Valores Cívicos y Éticos. En cursos de Primaria y Secundaria. Con especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad entre hombres y mujeres.
- Centros concertados. Se elimina la "demanda social" para la oferta de estos centros. Se establece que la programación debe asegurar la existencia de plazas públicas suficientes, una vez considerada la oferta existente de centros públicos y privados concertados. Corresponde a las comunidades el desarrollo del régimen de conciertos a partir de la regulación general establecida por el Gobierno.
- Repetición de curso. Si en algún caso se considera que un alumno debe permanecer un año más en el mismo curso, se organizará un plan específico de refuerzo para que pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias básicas correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante las etapas y tendrá, en todo caso, carácter excepcional.
- Evaluaciones de diagnóstico a final de etapa de las competencias básicas alcanzadas por su alumnado. Tendrán carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa.
- Religión. No se tiene que ofertar en Bachillerato.
- Título de Secundaria. Permitirá acceder al Bachillerato, a la FP de grado medio y, superando la prueba correspondiente, a los ciclos de grado medio de artes plásticas y diseño y a las enseñanzas deportivas de grado medio; asimismo permitirá el acceso al mundo laboral. Quienes cursen Secundaria y no obtengan el título recibirán una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias básicas.
- Bachillerato. Se contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a ese título. También oídas las comunidades, se fijarán las condiciones en las que los alumnos puedan realizar el Bachillerato en tres cursos, en régimen ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen.
- Enseñanzas. Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 % de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 % para aquellas que no la tengan. Además, se podrán establecer currículos mixtos del sistema educativo español y de otros sistemas educativos, conducentes a los títulos respectivos.
- Admisión alumnos. Cuando no existan plazas suficientes se tendrán en cuenta, entre otros temas, las familias monoparentales, la condición de víctima de violencia machista o terrorismo.
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