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TRIBUNALES

Shakira cree que es un "chivo expiatorio" para "meter miedo a los contribuyentes"

La cantante colombiana Shakira se presenta durante un concierto de su gira "El Dorado World".
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La cantante colombiana Shakira se presenta durante un concierto de su gira "El Dorado World". (Foto: EFE)
viernes 14 de diciembre de 2018, 14:27h
Acusa a la cantante de haber simulado que vivía en paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos.

La cantante Shakira está "convencida" de que la querella contra ella que ha presentado la fiscalía por seis presuntos delitos contra Hacienda Pública pretende utilizarla como "chivo expiatorio" para "meter miedo al resto de los contribuyentes". Según ha asegurado su oficina de comunicación en un comunicado, la cantante "ya ha pagado hasta el último euro exigido por la Agencia Tributaria y, por tanto, no debe nada al Estado español".

Añade que, al contrario de lo que dice la Fiscalía, "ha colaborado con la agencia y ha presentado toda la información de forma clara y transparente", y que la propia cantante "se ofreció a declarar y se le declinó este derecho fundamental".

La Fiscalía, que ha presentado una querella contra Shakira por seis delitos contra la Hacienda pública, la acusa de defraudar 14,5 millones de euros simulando no residir en España y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales de 2012 a 2014. Sin embargo, Shakira asegura que entre 2012 y 2014 "no estuvo más de 183 días en España", pues era "una ciudadana extranjera" y "nunca fue residente fiscal en España hasta 2015", cuando empezó a tributar en este país.

El comunicado señala: "En la querella de Fiscalía se aplica por primera de forma artificiosa una supuesta presencia para imponer una tributación en España a alguien que no ha residido previamente. Este hecho marca una diferencia fundamental con respecto a otros casos y, por tanto, lo convierte en un claro atropello recaudatorio".

Asegura también que "la estructura societaria que se discute se formó en el 2007, años antes de conocer a su pareja" (el futbolista Gerard Piqué), cuando Shakira no vivía en España "ni tenía intenciones de hacerlo" y además "fue validada por autoridades de la Unión Europea reiteradas veces como también por PriceWaterhouseCoopers (PwC)", sus asesores fiscales.

En la querella contra Shakira, presentada en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), el ministerio público pide que se cite a la cantante como investigada y se le imponga una fianza equivalente a la suma de las cuotas defraudadas más un tercio -19,4 millones- o se le embarguen bienes hasta alcanzar esa cantidad.

En el comunicado se asegura que la cantante "no ha recibido la querella formalmente", sino que se ha enterado por la prensa y considera que "lo más grave es que Fiscalía lo ha filtrado repartiéndola a la prensa incluso antes que al Juez, extralimitándose de su función con el fin de lastimar su reputación, tan relevante para una artista de su estatus".

Subraya, por último, que Shakira "ha sido una persona que ha contado toda su vida con una intachable reputación y que nunca ha tenido ningún problema de este tipo puesto que ha buscado siempre la asesoría de los más prestigiosos especialistas".

La querella se dirige tanto contra la cantante como contra su asesor fiscal en Estados Unidos, que fue director de varias de las compañías propiedad de Shakira, y apunta que por el momento "se desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional Pricewaterhouse (PwC) en el "mantenimiento o reestructuración" del entramado societario que utilizó.

Residente en España

La fiscal considera que Shakira vivía en España durante estos ejercicios, y que las estancias en el extranjero por motivos laborales fueron "esporádicas", por lo que la cantante era residente permanente en España y tenía la condición de obligado tributario.

Concretamente, el ministerio público sostiene que la cantante "canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional" -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense 'The Voice' o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.

Además, añade la querella, la intérprete suscribió acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados "Tax Ruling", para lograr unas condiciones "específicas y privilegiadas de tributación", cuando ya residía en España y tenía la obligación de pagar sus impuestos en este país.

Según el ministerio público, la cantante utilizó ese entramado "con el deseo de no tributar", a sabiendas de que "vivía de manera habitual en España y que permanecía en este país la mayor parte del año, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio".

El ministerio público recalca que la cantante ha aportado la documentación en la que se basa la querella "siempre a solicitud de la Agencia Tributaria, a medida que ésta iba realizando averiguaciones y obtenía más datos".

Según la Fiscalía, la querellada "no aportó ningún documento ni información a iniciativa propia", ni la liquidación de los derechos musicales de las sociedades que gestionaba ni de las que conformaban el entramado societario, "lo que dificultó el poder comprobar los gastos reales al existir una refacturación entre sociedades".

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