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REFORMA EDUCATIVA

El Consejo Escolar acusa al Gobierno de marginar la lengua castellana incumpliendo la Constitución

La ministra de Educación, Isabel Celaá, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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La ministra de Educación, Isabel Celaá, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Foto: Efe)
EL IMPARCIAL/Efe
sábado 15 de diciembre de 2018, 08:49h
La ley de Educación elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y su calificación no se tendrá en cuenta.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado desde el primer momento una clara aversión a las modificaciones que el PP incorporó en 2013 a la LOE socialista de 2006 con la Lomce.

Así, el anteproyecto de ley orgánica por el que el Ministerio de Educación quiere derogar la Lomce y poner en marcha una nueva ley educativa ha recibido ya el primer visto bueno del Gobierno, pero casi al mismo tiempo, el Consejo Escolar del Estado ha propuesto ha acusado a la Administración del Estado de marginar el idioma español incumpliendo de esta manera la Constitución y le ha pedido que fije una proporción mínima del uso de la lengua castellana en toda España, "como lengua oficial que es".

El informe del Consejo es muy claro en su recomendación y no deja lugar a las dudas: "Se da la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el Estado, y se incumple el artículo 3 de la Constitución cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".

E insiste de manera contundente: "Al ser la lengua castellana patrimonio común de todos los españoles, no parece conveniente que la Administración central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas".

Hay que recordar que la reforma de Celaá prevé que sean las administraciones las que determinen el numero de horas en lengua castellana.

Otras recomendaciones del Consejo pasan por una coordinación entre comunidades de las políticas educativas, fijar una financiación del sistema educativo, que las becas sean un derecho subjetivo y se elimine "el adelanto de dinero por parte de las familias" y que toda la ley incluya el concepto de "ruralidad", como garantía de igualdad educativa, social, económica y demográfica.

Celaá niega la mayor

A este respecto, la ministra de Educación ha asegurado que "en absoluto" es cierto que su propuesta de reforma educativa permita a las autonomías marginar al castellano en las aulas, porque "garantiza la enseñanza y el aprendizaje oral y escrito en la lengua castellana en todo el territorio nacional".

Se ha excusado afirmando que su departamento aún no ha recibido el informe de ponencia del Consejo Escolar del Estado, pero que lo estudiarán a lo largo de la próxima semana para observar sus enmiendas y propuestas y ha asegurado que serán incorporadas en el caso de que le parezcan "pertinentes".

Celaá ha explicado que el texto normativo está aún "en fase de consultas" y aún no ha comenzado "una negociación profunda de lo que cada organismo de consulta plantea".

Ha asegurado que el texto es "absolutamente constitucional", al garantizar la enseñanza y el aprendizaje en castellano en todo el territorio nacional y asegurar igualmente el uso de las lenguas cooficiales del Estado y ha recordado que, en referencia a los gobiernos autonómicos que tienen lengua cooficial, el Estado "se reserva el 55 por ciento de todo, en el reparto de todas las materias, también de la lengua castellana". "Cuando se vea el decreto allí se establecerán las horas para cada materia, incluido el castellano", ha rematado.

Claves de la Ley Celaá de Educación

La reforma que lidera la ministra Isabel Celaá, que se prevé que se lleve al Parlamento en enero, presenta las siguientes claves:

- Lengua castellana y lenguas cooficiales. Las Administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio.

- Religión. Se elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y su calificación no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media para los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas.

- Educación en Valores Cívicos y Éticos. Se estudiará en cursos de Primaria y Secundaria, con especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad entre hombres y mujeres.

- Enseñanzas. Los contenidos básicos del currículo serán diseñados por el Gobierno y se tendrán que cumplir en un 55% de los horarios escolares en las comunidades que tengan lengua cooficial y en un 65% en aquellas que no la tengan.

- Asignaturas. Desaparece la división que hacía la Lomce de las asignaturas en troncales, específicas y de libre configuración en Primaria y Secundaria.

- Centros concertados. Se elimina la "demanda social" para su oferta. Se establece que la programación debe asegurar la existencia de plazas públicas suficientes. Corresponde a las comunidades el desarrollo del régimen de conciertos a partir de la regulación general establecida por el Gobierno.

- Bachillerato más flexible. Seguirá siendo de dos años, pero los estudiantes que hayan finalizado el primer curso con más de dos asignaturas suspensas no tendrán que repetir el curso, solo las materias pendientes. Si cumplen los requisitos que se establezcan, podrán matricularse de alguna asignatura del segundo curso, pero no del segundo curso completo.

- Títulos. Se prevé la posibilidad de obtener el título de Bachillerato por compensación, es decir, en el caso de superar todas las materias salvo una.

- Prueba de Acceso a la Universidad. Se recupera la anterior a la Lomce. Para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una única prueba que, junto con las calificaciones de Bachillerato, valorará la madurez académica, conocimientos adquiridos y capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios.

- Repetición de curso. Si en algún caso se considera que un alumno debe permanecer un año más en el mismo curso, se organizará un plan específico de refuerzo. Tendrá carácter excepcional.

- Filosofía. Se incorpora como obligatoria la materia de Historia de la Filosofía, que actualmente se imparte como optativa, en 2º de Bachillerato. En primero sigue la asignatura de Filosofía.

- Reválidas. Se eliminan y habrá evaluaciones de diagnóstico a final de etapa de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado. Tendrán carácter informativo, formativo y orientador. Serán muestrales y plurianules.

- Elimina los itinerarios de la ESO, estableciendo los Programas de Mejora de las Oportunidades a partir del tercer curso de esa etapa de Secundaria y con ellos se podrá obtener el título único de la ESO que permite acceder tanto al Bachillerato como a la FP.

- La FP Básica permitirá obtener tanto el título de graduado en ESO como la cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

- Admisión alumnos. Cuando no existan plazas suficientes se tendrán en cuenta, entre otras, las familias monoparentales o la condición de víctima de violencia machista o terrorismo.

- Comunidad educativa. Tendrán mayor responsabilidad los Consejos Escolares en la elección del director y en la gestión y evaluación de los centros. Además, en el Consejo Escolar de los centros concertados habrá un concejal o representante del ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.

Este sábado también, la ministra Celaá ha avisado de que la posibilidad de establecer una Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) homogénea para todas las autonomías "no está encima de la mesa todavía". La responsable de Educación ha defendido que la EBAU "está dando sus frutos desde hace muchísimo tiempo" y, aunque ha asumido que hay reivindicaciones para demandar que sea única para todo el Estado, ha recordado que las autonomías tienen competencias en esta materia.

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