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EXDIRECTOR DEL IVIMA

La Justicia sobresee la querella contra Juan Van-Halen

La Justicia sobresee la querella contra Juan Van-Halen
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miércoles 16 de enero de 2019, 12:33h
Éxito del político que actuó siempre de forma ejemplar.

El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha sobreseído y archivado las diligencias previas por un presunto delito de malversación en la venta de 2.935 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs en 2013.

En un auto al que ha tenido acceso El Imparcial, el Juzgado acuerda el sobreseimiento de las diligencias previas, que en su momento fueron promovidas por la ‘Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de IVIMA’ y por la ‘Asociación de Lucha contra la Corrupción’ CORRUPTIL, al considerar que la Fiscalía no aprecia delitos de prevaricación, malversación ni fraude a la Administración por parte de los principales investigados, los exdirectores del IVIMA Juan Van-Halen y Ana Gomendio.

La adjudicación, por un valor total de 201 millones de euros, de 32 promociones inmobiliarias con un total de 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos fue anunciada el 29 de agosto de 2013, aunque sin justificación previa y dos meses más tarde se comunicó a los arrendatarios la transmisión de la propiedad de sus viviendas.

El director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento, Juan Van-Halen, presentó su inmediata renuncia al cargo, tras haber sido citado a declarar como investigado por la venta de estas viviendas.

Según el criterio judicial, que acoge el de la Fiscalía, no hubo delito de prevaricación en ninguno de los actos investigados en la causa, aunque reconoce "irregularidades" en el procedimiento administrativo, en cuanto a la justificación de la necesidad de enajenar dichas viviendas.

La venta de las viviendas, dice el auto, "no comprometió la función social en su conjunto del IVIMA, dado que las viviendas enajenas no resultaban necesarias a tal fin".

Añade que "la posibilidad de enajenación de promociones de viviendas de protección pública en bloque, a favor de fondos de inversión, estaba expresamente prevista y resultaba por tanto legalmente posible".

La Justicia sostiene también que la venta se produjo “en la difícil situación de la economía española en general y de la Comunidad de Madrid en particular, en el momento de los hechos, [ante] la necesidad de obtener liquidez como presupuesto para el funcionamiento normal de los servicios públicos, sin los que la realización de las políticas sociales resultaría imposible”. Agrega que “la venta fue eficaz en este sentido es indiscutible” ya que “supuso el ingreso de una cantidad importante de dinero, cuyo uso o aplicación a políticas sociales fue posible”. En este sentido, se impulsó la venta “con el propósito de obtener liquidez con que alcanzar el objetivo de reducción del déficit público, lo que constituía una prioridad política en el momento de los hechos”.

“La tasación pericial practicada permite sostener que con la venta no se produjo un perjuicio patrimonial al IVIMA”, puede leerse también en la sentencia, que aclara que todos los informes en el procedimiento de enajenación fueron favorables, en un expediente administrativo que consta de 1.601 folios, y en el que participaron diversos servicios tanto del IVIMA como de la Comunidad de Madrid, como señala el Fiscal.

Además, la venta no produjo ningún perjuicio a los inquilinos, como han acreditado todos los pronunciamientos los juzgados de lo contencioso-administrativo, ya que el comprador se subrogó en la posición del IVIMA y las relaciones arrendaticias se mantuvieron inalteradas, argumenta el juez.

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