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PROCÉS

La Audiencia Nacional juzgará a Trapero

Josep Lluis Trapero a su llegada a la Audiencia Nacional este viernes
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Josep Lluis Trapero a su llegada a la Audiencia Nacional este viernes (Foto: Efe)
viernes 22 de febrero de 2019, 13:13h

Josep Lluís Trapero, exmayor de los Mossos d'Esquadra, será juzgado en la Audiencia Nacional por un delito de rebelión rechazando por tanto que lo haga el TSJC.

Además de Trapero, a quien se le juzgará por el 1-O y el asedio a la Consejería de Economía, en el banquillo se sentarán el exdirector de los Mossos Pere Soler; el exsecretario general de Interior, César Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn, que está siendo juzgado en el Supremo, y la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana.

En un auto, los magistrados desestiman la falta de competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de este procedimiento planteada por la defensa de Puig, a la que se había adherido la de Soler y en la que el fiscal informó a favor de mantener la competencia del órgano central.

Las dos defensas que habían cuestionado la competencia consideraron que los delitos de rebelión y sedición no fueron incluidos por el legislador entre las materias atribuidas a la Audiencia Nacional que no son delitos contra la forma de gobierno, que es hoy una categoría vacía de contenido a descriminalizarse dichas conductas en el Código Penal de 1995 y que la Disposición transitoria de la Ley Orgánica 4/1988 solo atribuye competencia a este tribunal para conocer delitos de rebelión si fueran ejecutados por bandas armadas o elementos terroristas.

La Sala, tras analizar la normativa al respecto y la diferente jurisprudencia, "entiende que la atribución de la competencia en estas materias a un órgano centralizado y especializado es conforme a la Constitución, y mantienen que el Tribunal Constitucional ya despejó cualquier duda sobre la constitucionalidad de la conexión de los delitos de terrorismo y rebelión en la sentencia 199/1987", señala en un comunicado la Audiencia Nacional.

Añade en este sentido que “el legislador puede decidir la determinación de competencias de acuerdo a los intereses de la justicia y asignar a un órgano judiciales centralizado la instrucción y enjuiciamiento de ciertos supuestos, en atención a su naturaleza materia, amplitud del ámbito territorial o trascendencia para el conjunto de la sociedad, sin que ello afecte a la prohibición de jueces de excepción”.

En su auto, los jueces consideran igualmente que la competencia para conocer de delitos de rebelión no está limitada a los cometidas por bandas armadas.

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