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AUDIENCIA NACIONAL

La excúpula de Banco de Valencia, condenada a cuatro años de prisión

jueves 25 de abril de 2019, 12:26h

La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de cárcel al exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra y a penas de entre cuatro y seis meses de prisión a otros tres acusados por las irregularidades en una serie de operaciones bancarias vinculadas con proyectos inmobiliarios que causaron un perjuicio a la entidad de 198 millones de euros y pusieron en riesgo su viabilidad económica.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal condenan a Parra como autor de un delito de administración desleal y, como cómplices, imponen una pena de seis meses de prisión al que fuera director de las Empresas Participadas Alfonso Monferrer y de cuatro meses a Salvador Vila, administrador de Salvador Vila SL, y a Juan Bautista Soler, administrador de Urbanas de Levante SL. La Audiencia absuelve a los cuatro del delito de apropiación indebida del que les acusaba la Fiscalía y la acusación particular representada por la SAREB.

Los magistrados absuelven a tres de los acusados, Carlos Pascual de Miguel, Fernando Polanco Huidobro y Teresa Villalba, del delito continuado de administración desleal y blanqueo de capitales por el que les acusaba la Fiscalía.

La resolución examina las operaciones del Banco de Valencia objeto de enjuiciamiento, las realizadas con las entidades Nou Litoral, con Valenciana de Viviendas 2010 SL y con Faverch Desarrollos SL, relacionadas con operaciones inmobiliarias en Valencia y Alicante, y que causaron un perjuicio patrimonial al Banco de 90.438.495 euros, 77.859.652 euros y 29.816.004 euros, respectivamente.

Dichas operaciones, señala la sentencia, llevadas a cabo por Domingo Parra, fueron ejecutadas “sin seguir los protocolos establecidos por el Banco de Valencia en su Manual de Procedimientos aprobado a tal efecto y sin seguir las recomendaciones que anteriormente había hecho el Banco de España para la realización de operaciones de riesgo, no analizando debidamente y con un mínimo de rigor dichas operaciones”.

En concreto, subraya el Tribunal, no se percibió de forma debida y diligente el riesgo que se derivaba para la entidad bancaria la realización de esas operaciones sin el estudio necesario de la capacidad de reembolso de las personas físicas o jurídicas a favor de quien se hicieron, ni la capacidad de solvencia, ni les exigieron las garantías suficientes para que dichas personas satisficieran al Banco las deudas que contrajeron en virtud de esas operaciones “altamente arriesgadas”.

La Sala considera que los hechos constituyen un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal en su anterior redacción, ya que se cometieron con anterioridad a la Ley Orgánica 1/2015 que modificó dicho precepto -pasando a ser un delito societario a un delito contra el patrimonio- y, por tanto, resulta más beneficioso para los acusados.

Descarta la calificación de los hechos como apropiación indebida en cualquiera de sus formas, bien como incorporación definitiva al patrimonio o bien en la modalidad de distracción. En este sentido, explica la Sala que no se ha practicado prueba en el juicio acerca de que el dinero entregado por el Banco a través de las diferentes operaciones realizadas hubiera ido a parar al patrimonio de los acusados o que los fondos que recibieron en forma de financiación (línea de crédito, avales o préstamos hipotecarios) se hubieran destinado a otros fines diferentes para el que se recibieron, fundamentalmente para la compra de suelo rústico o para la refinanciación y pago de deudas anteriores que las sociedades que representaban habían adquirido previamente con el Banco de Valencia.

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