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JUICIO PROCÉS

Peritos de Hacienda confirman la malversación de 917.000 euros para el 1-O

Peritos de Hacienda confirman la malversación de 917.000 euros para el 1-O
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miércoles 22 de mayo de 2019, 22:17h
Se considera probado el perjuicio a las arcas públicas generado por el Govern secesionista.

La alegría que exhibían Jordi Turull y Raül Romeva el martes, en el las sesiones constitutivas del Senado y el Congreso, ha contrastado de forma notable con la seriedad que les ha ganado este miércoles. Y es que en esta fecha cuatro peritos de Hacienda gan corroborado la detección de una malversación de 917.000 euros por parte de la Generalidad en torno a la organización del referéndum ilegal que tuvo lugar en el 1 de octubre de 2017.

Este ha sido el enésimo capítulo del juicio del "procés", quizá uno de los más duros para los secesionistas, ya que sus defensas han quedado ciertamente sin margen de maniobra ni discurso que rebata las conclusiones que se extraen del testimonio de las peritos. La acusación de malversación se ha solidificado al considerarse irrelevante que la Generalidad haya pagado o no los encargos del 1-O. Lo que está claro es que se generó un perjucio a las arcas públicas porque se prestaron servicios que, "inexorablemente", conllevarían o conllevaron compromisos de pago.

Cuatro funcionarias de Hacienda ha rebatido las estrategia de las defensas en base la prueba pericial aportada este miércoles. Ha quedado invalidada, por tanto, la hipótesis de los ex consejeros del Govern secesionista, que brotaba de la asunción de que el 1-O no conllevó "ningún perjuicio" en el erario público debido a que las facturas se rechazaron y, por ende, los empresarios no llegaron a cobrar en ningún momento. El examen contable ha tumbado esa argucia argumental.

"Entendemos que el gasto está realizado independientemente de que haya estado no pagado"


La investigación normativa y económica de todos los movimientos de la Generalidad vinculados con la logística del referéndum ilegal ha dejado particularmente erocionados a los mencionados Jordi Turull y Raül Romeva. No obstante, las acusaciones que han sobrevenido tras la confirmación de la malversación apuntan directamente a los departamentos de los que eran dirigentes en el momento del desafío al Estado que desencadenaron.

"La obligación de pago existe en el momento en que existe un encargo del servicio, prestación del servicio y buena fe del contratista. Entendemos que el gasto está realizado independientemente de que haya estado no pagado", ha afirmado una de las testificantes, considerándose, por tanto, que resulta intrascendente que un encargo se haya pagado o no para determinar una presunta malversación. La deuda de la Generalidad aparece cuando se realiza el trabajo en cuestión.

Y el análisis ha proseguido su exposición, a pesar de no haber cumplido los trámites administrativos -como han enarbolado las defensas-. Mas ese detalles no excluye a la Generalidad presidida por Carles Puigdemont si e empreario acredita un trabajo que ha generado costes para su empresa. Es decir, la labores que realizaron las empresar que trabajaron para la organización del 1-O, a pedido del organismo catalán, generaron un gasto con independencia de su la administración renunió o no a abonar el monto. O si se tiene registro de facturas en negativo.

Justificado "el perjuicio patrimonial, porque los servicios públicos no son gratuitos, o los pagan los usuarios o lo pagan los ciudadanos"


Uno de los casos en los que se da esta circunstancia y que se han puesto sobre la mesa es el de los anuncios de las vías de tren que emitió la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Esa publicidad conllevó la emitió de dos facturas de 112.747 y 223.396 euros rechazadas por Presidencia al entender que se trataba de servicios "gratuitos". Pero las peritos interpretan ahí que "ha habido una utilización de los medios públicos" para promocionar actividades prohibidas por los tribunales.

Eso ya justificaría "el perjuicio patrimonial, porque los servicios públicos no son gratuitos, o los pagan los usuarios o lo pagan los ciudadanos". Las mencionadas facturas remitidas no fueron, a su vez, remitidas por la interventora general de la Generalidad a Hacienda. En contraposición a lo ocurrido en el caso de Unipost, centro de las acusaciones. Las peritos no han detallado este asunto, ya que cuando ejecutaron las pesquisas, en febrero de 2018, no habína aglutinado toda la documentación de esta empresa que estaba en relación con el referéndum ilegal.

Por este motivo han calculado la malversación en al menos 917.648 euros, impuestos excluidos. En ese monto se han metido los anuncios de las vías, pagos de Diplocat a presuntos observadores del 1-O, la campaña de catalanes en el exterior o un anuncio de una conferencia en el Parlamento Europeo, entre otros gastos contabilizados. Así, se supera con claridad los 250.000 euros que conlleva el tipo agravado, y sin haber añadido lo correspondiente a Unipost -que asciende a casi un millón de euros- o el gasto concerniente al uso de colegios.

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