Razones para una renta básica universal

En el debate actual sobre la renta básica se están proponiendo diversas motivaciones. Sin excluir ninguna de ellas, en España, y en estos primeros años del siglo XXI, existe una poderosa razón adicional para instaurarla. También la hay en otros países europeos. Se trata de la defensa del ciudadano contra la prepotencia y corrupción de los partidos políticos, o de la clase política en general. Si la gestión de dicha renta básica se hiciera directamente por la Agencia Tributaria, más del 50% del dinero público escaparía a las manos torticeras de los políticos.

Solemos quejarnos de que la Agencia Tributaria conoce todas nuestras cuentas corrientes. En efecto, los ordenadores y la informática consiguen lo que antes era impensable. Está al alcance de la tecnología actual obtener una información completa de las necesidades básicas y objetivas de cada ciudadano, persona a persona. Lo mismo que de sus ingresos. Y comparar esos ingresos con esas necesidades básicas. Los menores de edad formarían parte de las necesidades básicas de sus padres o tutores.

Nuestra propuesta consiste en que la Agencia Tributaria haga cada año el cálculo de los ingresos netos y de las necesidades mínimas de todos y cada uno de los ciudadanos. Si los ingresos netos igualan o superan a esas necesidades mínimas, no hay que hacer nada. Si los ingresos no llegan a ese mínimo, hay que compensar la diferencia.

Los impuestos estatales se establecerían de modo que se cubra esa renta básica para todos, aparte de otros temas como obras públicas, defensa, cuerpo diplomático, correos, etc. En todo caso, el montante dela renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos se determinaría y gestionaría por la Agencia Tributaria de modo independiente de los políticos. De ninguna manera por el Gobierno o el Parlamento.

Si esta propuesta se llevase a cabo, no habría pobres. Nadie tendría que mendigar nada de nadie. Con esta renta básica universal se habría agotado la competencia del estado en cuanto a la llamada justicia social. Si todo el mundo tiene lo necesario para vivir dignamente, en teoría deberían desaparecer las injusticias sociales, junto con las revoluciones tan sangrientas como inútiles que conoce la historia. Debería desaparecer hasta la envidia. Que alguien sea rico no sería una ofensa para nadie, al contrario de lo que ocurre ahora. Y también a los ricos les vendría bien saber cuál es el mínimo que cubriría sus necesidades básicas, lo que debiera bastarles para vivir con dignidad. La paz social estaría mucho más cerca. La lucha de clases ya no tendría sentido.

Asegurada la renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos, que es todo lo que esperamos del estado, la tarea sería completada con la beneficencia privada. Pues es deseable que se amplíe y extienda la igualdad económica. El socialismo habría muerto como doctrina. El mismo Marx se sentiría satisfecho. Pero la beneficencia privada seguiría teniendo sentido.

La ventaja práctica más importante de nuestra propuesta estaría en que el manejo de buena parte del dinero público se arrebataría a los prepotentes y corruptos políticos, y pasaría a estar en las manos profesionales de los funcionarios de la Agencia Tributaria. Esta Agencia tendría que tener garantizada su independencia frente a las presiones de los partidos políticos. Sus funcionarios han superado una oposición para ingresar como Inspectores de Hacienda del Estado, o en los demás cuerpos que la integran. No están pendientes de las próximas elecciones, como los políticos, que tienen que aprovechar el poco tiempo a disposición para enriquecerse. De hecho, la Agencia Tributaria española está considerada entre las más serias y eficientes del mundo. Como señala Fernández Ajenjo, El estado de salud de la democracia española presenta una fuerte paradoja: mientras la cúspide de las tres ramas políticas presenta un importante grado de corrupción, el cuerpo administrativo funciona cercano a la excelencia.[1]

La propuesta no comprende todo el dinero público, desde luego, pero más del 50% pasaría a ser manejado por la Agencia Tributaria, y substraído a la inepcia y corrupción de la casta política. Se asestaría un gran golpe a la partitocracia actual. Los políticos no tendrían ya que molestarse para legislar sobre el salario mínimo, alquiler máximo o zarandajas ad hoc, muchas veces contraproducentes. Sólo se ocuparían de temas laterales como horarios de trabajo, higiene y medidas de seguridad en las empresas, vigilancia para evitar monopolios y asegurar la libre competencia, o cuestiones semejantes. Podríamos añadir la responsabilidad para evitar que la renta básica se convierta para algunos aprovechados en gorronería, o no trabajar pudiendo hacerlo. Pues hay que contar con la inevitable picaresca, que en este caso consistiría en vivir a costa del trabajo ajeno y hurtar la propia aportación al bien común.

En todo caso, se devolvería al ciudadano su dignidad como persona. Quedaría bien claro que la sociedad es para la persona, y no al revés. Cada ciudadano sería independiente económicamente. Los políticos no podrían mixtificar las elecciones con promesas del tipo te daré esto, si me votas. Ya tiene el mínimo para vivir, vote lo que vote. El ciudadano no tendría que sufrir la humillante burla del incumplimiento posterior de las promesas, una vez pasadas elecciones. Se acabaría con el llamado voto cautivo. Se recordaría a los políticos que están para servir a los ciudadanos, y no para servirse de ellos.

Desglosemos la renta básica en tres apartados: educación, sanidad y el resto. Se suelen considerar seis necesidades básicas. El resto comprendería éstas cuatro: alimentación, vestido, vivienda y transporte.

Empecemos por este resto. Ahora todo eso cae bajo las llamadas prestaciones sociales. Se trata de la enorme jungla de disposiciones y subvenciones que los diversos gobiernos -estatal, autonómicos y municipales- presentan como ayudas de viudedad, orfandad, maternidad, paro, minusvalías, becas, bonos de transporte, apaños en las tarifas eléctricas y hasta los viajes del Imserso. Toda esta descomunal barahúnda burocrática desaparecería en la forma actual de dinero manejado dudosamente por los políticos. Pasaría a ser mera información en poder de la Agencia Tributaria, para que ésta calcule el concepto único de renta básica de cada ciudadano. Habría una monumental simplificación administrativa. En todo caso, las pensiones por jubilación se computarían como ingresos, pues son prolongación de la profesión o trabajo que se desempeñaba.

Pongamos un ejemplo. A alguien le faltan dos dedos de una mano y sólo consigue el 80% de la productividad de sus compañeros. Se le puede deducir, sin el escándalo a que nos tienen acostumbrados, los sindicatos, el 20% del salario de los demás. Pagarle ese 20% que no produce, no sería justicia, sino distorsión económica. En cambio, esa discapacidad sería tenida en cuenta por la Agencia Tributaria como un dato más para calcular la renta básica de este minusválido. Y puede suceder de todo. Puede que, por mera casualidad, el 20% del salario de los demás complete exactamente su renta básica. Eso será lo que reciba. Puede que no lo complete, y la Agencia Tributaria le abonará la diferencia. Y hasta puede que el discapacitado sea rico por su casa y no haya que darle nada.

Ante todo, habría que fijar un índice de partida, que cubra el caso normal o sin circunstancias especiales. De hecho en el Congreso de los Diputados se tramita actualmente una Ley de renta mínima, en que se propone la cantidad de 426 euros al mes. Establecido el índice de partida que sea, habría que incrementarlo luego con los diversos datos particulares de cada persona referentes a alimentación, vestido, vivienda y transporte. Obviamente hay que ir caso por caso, pues cada persona es un caso. Y de un año a otro pueden variar las circunstancias de su vida. Ha podido tener un accidente que le incapacite, o haberse quedado en el paro por cierre de la empresa en que trabajaba. O puede que le haya tocado la lotería.

Pasemos a la educación. La renta básica se refiere aquí a los padres o tutores, que tengan a cargo menores de edad. Los padres recibirían un cheque escolar que cubra todos los gastos y todos los años de enseñanza obligatoria. El 50% del cheque se asigna a la madre, y la otra mitad al padre. Lo más importante y decisivo frente al totalitarismo actual es que los padres recuperarían la competencia sobre la educación de sus hijos, ahora secuestrada por el estado mediante conciertos, subsidios condicionados y demás triquiñuelas parecidas.

Los políticos ya no podrían imponer el contenido de la educación, sino sólo aspectos externos: si las aulas son de un modo u otro, si la zona de recreo debe tener tales o cuales características, etc. No podrían imponer que se estudie en catalán o en vasco, o envenenar a los niños con mentiras históricas, o con cuestiones discutibles como la ideología de género. Los políticos no podrían legislar sobre el contenido de la enseñanza. Y ello por la sencilla razón de que los padres tendrían dinero suficiente para enviar a sus hijos al colegio que ellos, y sólo ellos, decidan.

Si los políticos no pudiesen ya manipular las materias de las asignaturas en la enseñanza elemental y secundaria, la demanda de los padres generará la oferta adecuada. Surgirían colegios privados en catalán, en castellano o en chino mandarín. En realidad, sería bien posible que desapareciese la enseñanza pública. Sólo en alguna zona remota, donde no hubiese oferta privada alguna, tendría sentido que los gobiernos cubriesen esta deficiencia. Y sometiéndose en todo caso al criterio de los padres en cuanto al contenido de lo que se enseña.

El tercer apartado de la renta básica es la sanidad. Sin duda es muy encomiable que se haya avanzado tanto hacia una sanidad gratuita para todos. Pero como este vasto proyecto se ha hecho sin vincularlo con los recursos de los pacientes, constituye en rigor una grandísima injusticia. Las personas que pueden pagarse la sanidad de su propio bolsillo están en igualdad de condiciones con las que no pueden hacerlo. Paradójicamente, esta igualdad es una violación del valor ético Igualdad. Aquí este valor ético pide que se ayude sólo a los que están necesitados. Que se dé sanidad gratis a los que pueden pagarla, es en realidad un robo que se hace a los que verdaderamente la necesitan.

Contra esta obvia injusticia no se ha protestado mucho. Pero quizá un tercio de la población no sea merecedora de la sanidad gratis. Con todo, sea el que sea esa proporción, la propuesta de la renta básica acabaría con esta flagrante injusticia. Sólo se entregaría el cheque sanitario a las personas que no puedan pagar de su propio bolsillo el costo de sus concretas enfermedades. .

Obviamente, como el examen se hace persona a persona, puede haber de todo. Algún rico puede padecer una enfermedad tan cara que acabe por arruinarse y empiece a tener derecho al cheque sanitario. Y puede que algún pobre disfrute de tan estupenda salud que no haya que darle ninguna ayuda sanitaria. Por supuesto, el cheque sanitario de los que tengan derecho a él cubriría todos los gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos que exija su peculiar y específica enfermedad.

Al estar la demanda sanitaria en manos de quienes, o bien tienen el cheque sanitario, o bien pueden pagarla de su propio bolsillo, lo esperable es que la sanidad privada desplace a la sanidad pública, lo mismo que en el tema de la educación La sanidad pública sólo tendría ya sentido en aquellas zonas, o en aquellos enfermedades, en que, por una razón u otra, la sanidad privada no llegase. En todo caso, la actual y agria polémica sanidad pública versus sanidad privada dejaría de tener los vidriosos prejuicios ideológicos que ahora la envenenan.

Aunque motivada más bien por razones éticas, esta propuesta ha sido ya expuesta en mi libro, El socialismo ha muerto y el liberalismo está naciendo (Madrid, 2019, Ed.. Ultima Línea) Allí se consideraba también un sueldo a las madres de familia y a las amas de casa. Para simplificar la propuesta, omitimos aquí este extremo. Suponemos que se quedarían contentas, si recibiesen la renta básica. Aunque en rigor estarían renunciando al plus que les corresponde, no ya en justicia como valor ético, sino como mera racionalidad económica.