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DESAFÍO SECESIONISTA

La Fiscalía mantiene la acusación de rebelión contra los líderes del procés tras el aval de Estrasburgo

Carles Puigdemont durante su intervención ante el pleno del Parlamento catalán este miércoles
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Carles Puigdemont durante su intervención ante el pleno del Parlamento catalán este miércoles (Foto: Efe)
martes 28 de mayo de 2019, 14:53h
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da la razón al Tribunal Constitucional sobre su actuación tras el 1-O.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado este martes la demanda presentada por el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y otros 74 diputados contra la anulación del pleno de octubre de 2017 en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.

Avalada por Estrasburgo, la Fiscalía ha remitido un escrito al tribunal que juzga a los procesados por el procés en el que mantiene la acusación de rebelión al considerar que ha quedado acreditada la existencia de una violencia permitida y dirigida por ellos.

Según el TEDH, la decisión de la Mesa del Parlamento es el resultado de un claro incumplimiento de las decisiones del Constitucional, que tenían por objeto proteger el lorden constitucional

La Corte europea afirma en su decisión que la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional era "necesaria en una sociedad democrática" para "mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades ajenas".

El TC suspendió cautelarmente el pleno del Parlament al admitir el recurso de amparo que presentó el PSC con el argumento de que si dicho pleno declarase la independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una "aniquilación" de los derechos de los diputados.

La suspensión del pleno del Parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña era "necesaria en una sociedad democrática", en particular para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás

En su sentencia, el TEDH argumenta que "a la luz de las circunstancias del caso, considera que los derechos y libertades invocados por los demandantes les afectan individualmente y no son imputables al Parlamento de Cataluña como institución".

"Al adoptar la medida cautelar de suspensión, el Tribunal Constitucional trató de garantizar el cumplimiento de sus propias decisiones", señala al tiempo que apunta que "esta suspensión parece justificada porque, como señala el Tribunal, los tribunales constitucionales pueden adoptar medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de sus sentencias".

Asimismo, Estrasburgo se muestra de acuerdo con el TC cuando afirma que "un partido político puede hacer campaña a favor de un cambio en la legislación o en las estructuras jurídicas o constitucionales del Estado, siempre que utilice medios legales y democráticos y proponga un cambio compatible con los principios democráticos fundamentales".

Por último, el tribunal europeo concluye que puede considerarse que la injerencia en el derecho de los demandantes a la libertad de reunión satisface una "necesidad social imperiosa" y que, por lo tanto, dicha injerencia era "necesaria en una sociedad democrática".

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