El juez del caso Lezo Manuel García Castellón ha archivado, a instancias de la Fiscalía, la investigación que abrió al expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 por 73 millones de dólares de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. Además, también archiva la causa de otros 15 implicados, entre ellos Ignacio González o Manuel Cobo.
El juez de la Audiencia Nacional adopta esta decisión en un auto al que ha tenido acceso Efe después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera sacar del procedimiento a Gallardón, ministro de Justicia en el gobierno de Mariano Rajoy, al no quedar acreditado que conociera los pormenores de esa compra.
Por el mismo motivo, y tal y como pidió Anticorrupción, García Castellón también deja fuera de esta pieza de Lezo al expresidente madrileño Ignacio González y a Edmundo Rodríguez Sobrino -considerado el hombre fuerte de González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica-, si bien ambos están investigados en otras piezas de esta causa, por lo que seguirán imputados.
El juez de la Audiencia Nacionalpropone juzgar a un total de 22 personas por las posibles irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de adquisición por parte del ente público canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa.
En un comunicado, la Audiencia informa de que el magistrado ve indicios de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos agravado.
El juez abre una pieza separada en la que incluye estos hechos, que se remontan al año 2000 cuando varios de los investigados vinculados a Agbar llegaron a un acuerdo con los socios locales colombianos de Inassa para conseguir que Agbar les vendiera toda su participación en Inassa con el fin de convertirse en socios únicos de la misma y, “a continuación, llevar a cabo las gestiones necesarias para vender esta sociedad por un precio muy superior a su valor real a cambio de lo cual los citados trabajadores recibirían un porcentaje de Inassa como así sucedió finalmente”.
El magistrado relata toda la operativa llevada a cabo por los investigados de una adquisición que, según explica “estuvo plagada de ilicitudes y contrariamente a lo autorizado”, y que determinó que el 13 de diciembre de 2001 Canal de Isabel II aceptara pagar 73 millones de dólares por la compra de Inassa “es decir, se aquietara a pagar un sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones de dólares y 35.485.981 dólares”.
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