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Y DIGO YO

Falta coherencia en el debate sobre privacidad y seguridad

martes 10 de septiembre de 2019, 19:45h

Llama la atención, nuevamente, la que se ha montado con el debate sobre los límites entre seguridad e intimidad a cuenta de la sugerencia -que no propuesta ni recomendación- de instalar cámaras en las aulas para frenar el aumento de abusos sexuales. A recordar: la Memoria de la Fiscalía General del Estado ha alertado sobre el preocupante aumento de la violencia machista y sexual protagonizada por menores, que ha subido un 43%.

Este informe destaca las violaciones perpetradas por menores de 14 años, pero también los delitos sexuales en los que la víctima es un menor y el agresor una persona cercana que lo repite con impunidad a lo largo del tiempo. Por ello, ante la dificultad de perseguirlos por producirse en entornos de estricta intimidad y llevar aparejados un componente de vergüenza por parte de la víctima, se sugiere la instalación de cámaras en espacios cerrados, como puedan ser las clases o los despachos de los profesores, por ser lugares en los que esta intimidad juega a favor del depredador.

Las reacciones, lógicamente y como no podía de ser de otra manera en una España que se echa las manos rápidamente a la cabeza cuando ve peligrar sus libertades, no se han hecho esperar y nuevamente volvemos al debate. Repito “nuevamente” porque nos encanta volver sobre lo mismo el tiempo que dure la noticia caliente para olvidarnos cuando se enfría.

Somos así. Ayer hablábamos sobre la conveniencia o no de aplicar la prisión permanente revisable porque hay una malvada (eso dicen) que se sienta en el banquillo por, supuestamente, matar a un niño; hoy debatiremos sobre la delgada línea que separa la necesaria seguridad de nuestra libertad personal e intimidad y mañana insistiremos en si hay que hacer algo con la inmigración irregular.

El caso es que la comunidad educativa ya ha rechazado la posibilidad de que se instalen cámaras en las aulas o en los despachos para luchar contra los abusos sexuales a menores por calificar la medida de “gran hermano permanente, intrusismo o ineficaz y contraria a las libertades”. Para unos, como la ministra de Educación, Isabel Celaá, la instalación de cámaras sería “terrible”, otros son partidarios del “desarrollo de la convivencia” (si es que alguien sabe qué significa esto exactamente), alguno más cree que es “excesiva”, “demasiado intrusiva”, “ineficaz, contraria a las libertades” o “desproporcionada, de dudosa legalidad y carente de rigor”.

Los sindicatos opinan que se soluciona con dinero: las aulas “no precisan cámaras de vigilancia, sino más y mejores recursos, tanto materiales como humanos” o “no resuelve el problema de fondo” en las aulas, que es “la falta de recursos humanos y materiales producto de las políticas de recorte de los últimos años”. ¡Ya está, solucionado! Si invertimos más dinero en los colegios se terminará con la violencia sexual de los menores y a los menores. Además, ya saben quién es el culpable: el que recortó. ¡Qué fácil!

Me parecen argumentos tan poco útiles que se ciñen únicamente a lo políticamente correcto del momento como absurdo el debate de ese frágil equilibrio entre seguridad y privacidad por la instalación de cámaras que observen las 24 horas del día todo lo que hacemos cuando un estudio reciente elaborado por IPSOS a este respecto revela que el 40% de las personas reconoce que desconoce las diferentes amenazas que supone un uso irresponsable del móvil.

La realidad es que nos preocupa bastante poco -y que tire la primera piedra quien esté libre de pecado- que gracias a la geolocalización de nuestro teléfono móvil alguien sepa dónde nos encontramos exactamente en todo momento y que por las fotos, las llamadas y las consultas a Google, conozcan perfectamente lo que estamos haciendo a cada instante. Y eso cuando no somos nosotros mismos los que lo vamos contando minuto a minuto a través de las redes sociales. Nos bajamos sin preocupación aplicaciones que te piden lo más íntimo. Así, saben lo que haremos, a dónde iremos, lo que nos gusta y lo que vamos a comprar. Ese ‘Gran Hermano’ que tanto temen algunos ya lo sabe todo.

Pedimos cámaras en las carreteras porque queremos saber cómo está el tráfico, las exigimos en una residencia para evitar el abuso excepcional de tres cuidadores a una persona mayor, pero se nos llevan los demonios cuando hablamos de poner una cámara en una clase de un colegio para evitar el aumento imparable de los delitos de violencia sexual con menores por medio.

Desconozco cómo acabar con la violencia machista y sexual protagonizada por menores, pero a la hora de hablar y proponer sobre seguridad y privacidad no somos coherentes.

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