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TRIBUNA

La añorada estabilidad británica: lecciones del brexit

lunes 02 de diciembre de 2019, 20:25h

En pocos días tendrán lugar en Reino Unido unas elecciones generales que probablemente supondrán “el comienzo del fin” del proceso iniciado hace más de tres años y que culminará con casi toda seguridad (encuestas dixit, aunque en los tiempos que corren nada que dependa de las urnas puede darse por descontado) con la salida de dicho país de la Unión Europea. Es momento, pues, de sacar conclusiones en relación con el atribulado proceso vivido en las islas, conclusiones que, por lo que a estas líneas concierne, se ceñirán a su incidencia en el sistema constitucional británico.

El big bang producido el 23 de junio de 2016, cuando un 51,9% de los británicos se manifestaron en pro de abandonar la casa común europea, inauguró un período convulso como pocos en la reciente historia política del Reino Unido. Al pronunciamiento referendario siguió de inmediato (aquí las buenas costumbres no se han perdido del todo en Gran Bretaña) la dimisión del entonces ocupante de Downing Street, el señor Cameron, y la apertura de un proceso sucesorio en el seno del partido conservador que finalmente se concretó en la elección como premier de Theresa May. Sentencia del Tribunal Supremo británico de por medio, en marzo de 2017, tras la correspondiente autorización parlamentaria, se activó el mecanismo previsto en el art. 50 TUE. La snap election de mayo de 2017 distó de aclarar el panorama, pues los conservadores, si bien mantenían el gobierno, necesitaban ahora el apoyo de los diputados unionistas norirlandeses. Los meses siguientes fueron empleados en negociaciones bifrontes de la primera ministra con Bruselas y con Westminster. El preacuerdo alcanzado con la Unión fue, sin embargo, rechazado a finales de 2018 por los Comunes hasta en tres ocasiones. Acercándose el plazo inicial fijado (29 de marzo de 2019), y ante la falta de aprobación por Westminster de la hoja de ruta gubernamental (dicho sea de paso, sin que el Parlamento ofreciera ninguna concreta alternativa), May dimitió, sucediéndole como premier (tras el oportuno proceso interno de los tories) Boris Johnson. La suspensión del Parlamento acordada por la Reina bajo el “consejo” de Johnson, por la que éste pretendió ganar tiempo antes del deadline fijado para el 31 de octubre, fue declarada contraria a la Constitución británica por el Tribunal Supremo. A pesar de dicho contratiempo, aquél consiguió cerrar un nuevo acuerdo con Bruselas que pretendió revalidar en el Parlamento, si bien los Comunes forzaron la petición de una nueva prórroga a las autoridades comunitarias. Finalmente, para desatascar la situación los Comunes aprobaron la propuesta del ejecutivo de disolver la Cámara y convocar nuevas elecciones para el próximo 12 de diciembre.

Así, pues, más de tres años (y, quizás, como diría un castizo, “lo que nos queda”) plagados de idas y venidas políticas, con dimisiones, elecciones, bloqueos institucionales, sentencias de los tribunales, negociaciones de último minuto... Algo que hace unos años no hubiéramos pensado que podría darse en el sistema-paradigma de la estabilidad política. La trascendencia de la cuestión en juego es indudable, a lo que se añade el dato de que la retirada de un Estado de una organización como la Unión Europea, con un alto grado de integración (cesión de soberanía, al fin y al cabo) entre sus miembros, supone una auténtica terra incognita en cuanto a su procedimiento y articulación, y, lo más importante, en cuanto a sus consecuencias. Cierto es que la crisis institucional vivida (pues así ha de calificarse, por más que también haya habido muestras de la solidez del sistema) ha tenido un componente (y un origen) eminentemente político-partidista; no obstante, ha habido factores de derecho constitucional que también han tenido una particular incidencia en aquélla, explicando buena parte de los bloqueos y tensiones experimentadas. En este sentido, dos destacan por encima del resto.

En primer término, el referéndum. Al margen de la valoración política (o, incluso, personal o afectiva) que pueda tenerse del resultado del mismo, lo que interesa en estos momentos subrayar es que con la convocatoria del referéndum se introdujo un elemento completamente extraño a la tradición constitucional británica. Bien es verdad que no era el primero celebrado hasta la fecha, teniendo como antecedente el que tuviera lugar en 1975 en relación también con la permanencia en la entonces Comunidad Económica Europea, así como los habidos en relación con el proceso de devolución de competencias a Escocia y Gales en 1979 y 1997 y los dos celebrados durante el mandato del premier Cameron, a los que a continuación se hará referencia. Pero, más allá de los casos excepcionales señalados, el referéndum ha sido una institución que no ha gozado de gran predicamento en las islas, en particular, debido a que resulta contradictorio con el dogma sacrosanto del sistema constitucional británico, esto es, el principio de soberanía parlamentaria. A ello se añade que el referéndum ha sido considerado tradicionalmente un instituto innecesario o superfluo en dicho régimen, toda vez que el bipartidismo imperante convierte las elecciones en una opción binaria, operando los comicios como un sustitutivo del mecanismo por excelencia de la democracia directa o semidirecta ante una cuestión disyuntiva o divisoria de trascendencia planteada al electorado.

Como también sucediera con respecto a la disolución parlamentaria, fue el Gobierno de coalición conservador-liberal formado en 2010 quien rompiera con los esquemas indicados, incluyendo en su programa de acción al referéndum como método de solución de conflictos. Así, se convocaron dos referéndums con anterioridad al de 2016. En 2011 se preguntó al pueblo sobre la conveniencia de mantener o sustituir el clásico sistema electoral mayoritario por un sistema de voto preferencial o alternativo (exigencia esta de los socios liberales de Cameron), resultando abrumadora la respuesta en favor del mantenimiento del primero (cerca de un 68%). Tres años más tarde, en una arriesgada jugada por parte de Downing Street se convocó a los escoceses, para que se pronunciaran sobre la independencia del antiguo Reino, optando por el “no” un 55,3% frente a un 44,7% a favor de la secesión.

La apuesta se elevaría apenas dos años más tarde cuando el primer ministro Cameron, con el fin principal de acallar la oposición interna de los tories euroescépticos y desactivar al emergente UKIP (así como en todo caso contar con nuevas cartas para negociar con Bruselas un status más favorable para el Reino Unido dentro de la Unión), decidió jugarse un “doble o nada” en esta ocasión con la permanencia o la salida de su país de la UE. El resultado es por todos conocido: 48,1% en favor de la primera opción, frente a un 51,9% partidarios del leave.

Como se ha indicado, contrariamente a la tradición británica se adoptó una decisión trascendental tras consulta plebiscitaria (con todos los inconvenientes que la utilización de tal instrumento presenta), sin olvidar que no se estableció un threshold o umbral mínimo de participación ni tampoco de voto emitido en favor en este caso de la opción rupturista del statu quo (como, por cierto, tampoco se había hecho con el referéndum anterior sobre la independencia escocesa). De este modo, parece en principio más que razonable que ante consultas en las que una de las opciones tenga, en caso de salir aprobada, una importante incidencia política y social, con repercusiones sobre las siguientes generaciones, y respecto a las que sea muy difícil la reversión, se exija un porcentaje significativo en favor de la opción rupturista (un 60% al menos) para que la misma pueda considerarse validada.

En segundo lugar, el bloqueo vivido en los pasados meses ha demostrado el profundo error que supuso la aprobación de la Fixed-term Parliaments Act de 2010 por la que se privó al primer ministro de su tradicional facultad de disolver el Parlamento. Dicha ley también se explica en el contexto del gabinete de coalición (consecuencia del hung parliament) de conservadores y liberales constituido en 2010. Estos últimos exigieron dicho precio como garantía de que el gobierno no se rompiera al antojo del partido conservador mediante la convocatoria de elecciones en el momento en que más conviniera al mismo. En esta ocasión el tacticismo político provocó una alteración sustancial (una mutación en términos técnicos) del régimen constitucional británico. Así, si este se había definido hasta entonces como arquetipo de la denominada forma de gobierno parlamentaria, caracterizada por el equilibrio entre parlamento y gobierno mediante el otorgamiento a cada uno del instrumento de la censura y la disolución, respectivamente, la eliminación de la segunda desequilibró claramente el eje en favor de los Comunes, acercando “peligrosamente” el régimen británico a la forma de gobierno de asamblea, históricamente sinónimo de inestabilidad.

En este sentido, la supresión de la disolución por el primer ministro (y su sustitución por la autodisolución asamblearia) supuso el cierre de una de las vías de salida que los sistemas parlamentarios diseñaron ante situaciones de bloqueo como la vivida en los últimos meses. Como señalara la doctrina clásica en la materia, la disolución (o, mejor dicho, la amenaza latente de la misma) ha jugado tradicionalmente como un instrumento para cohesionar gobiernos o mayorías parlamentarias divididas. Al margen de la valoración política que a cada uno pueda merecer la actuación de las diversas facciones en Westminster, es indudable que el espectáculo vivido ha sido poco aleccionador: se rechazaba el plan del gobierno, no se ofrecía uno alternativo (o no había mayoría para el mismo), e incluso se denegaba la posibilidad de acudir al electorado para que dirimiera la controversia. Tal era lo irrazonable de la situación que, finalmente, la minoría parlamentaria “tuvo” que dar su conformidad a la convocatoria de elecciones. De este modo, en apenas nueve años se ha podido evidenciar lo desacertado de la novedad sustancial que a nivel constitucional supuso la Fixed-term Parliaments Act, que, dicho sea de paso, introdujo la misma sin que previamente el electorado se hubiera pronunciado sobre dicha cuestión en unos comicios, ya que ni los conservadores ni los liberales lo llevaban en el programa electoral de 2010 ni fue tema de campaña en los comicios de dicho año. Es precisamente dicho aspecto un requisito que siempre se ha entendido exigible en un régimen como el británico con una Constitución flexible en grado extremo (en el que las reformas constitucionales se aprueban por mayoría simple del Parlamento). Así, sucedió, por ejemplo, con la reforma de la Cámara de los Lores operada por la Parliament Act de 1911 (que redujo considerablemente sus poderes), para cuya aprobación se requirió la previa celebración de elecciones (en diciembre de 1910, y a pesar de que ya habían tenido lugar otras ese mismo año) en las que el electorado, conociendo las propuestas de cada partido al respecto, se pronunciaría con carácter definitivo.

Volviendo al presente, y a modo de recapitulación, tanto el caso del referéndum como el de la supresión de la disolución parlamentaria por el primer ministro son ejemplos muy claros de que el ecosistema o la arquitectura constitucional no pueden modificarse al albur de intereses políticos muy coyunturales sin sopesar adecuadamente las consecuencias. Las instituciones y mecanismos de derecho constitucional responden a una lógica interna que no puede ser desconocida o borrada de un plumazo sin más, en especial, cuando no se ofrece un modelo alternativo dotado de coherencia. En este sentido, la proliferación del referéndum en Gran Bretaña recuerda a las consecuencias de la introducción de especies extrañas y finalmente invasoras en determinados entornos naturales; mientras que el caso de la supresión de la disolución evocaría el juego oriental conocido como jenga en el que pierde quien extraiga una pieza de la torre derribando el edificio. De este modo, en poco tiempo el Reino Unido parece haber perdido (esperemos que no definitivamente) uno de los valores más característicos de su sistema constitucional: su estabilidad. Confiemos en que tras el día 12 de diciembre se encamine a la búsqueda del tiempo perdido.

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