El Grupo Ávila se suma a la denuncia e indignación nacional por el nuevo asesinato de un grupo de habitantes de la comunidad pemón, que confirma la situación de Estado Fallido y forajido, en que nos encontramos, donde la población es objeto de exclusión, marginalidad y una sistemática violación de sus derechos humanos fundamentales.
No debemos olvidar que en el mes de febrero del presente año un grupo de aproximadamente 25 miembros de la comunidad pemón fueron acribillados por fuerzas militares y parapoliciales del régimen en Santa Elena de Uairén, cuando prestaban su apoyo al ingreso de alimentos y medicinas donados por la comunidad internacional, para tratar de paliar la crisis humanitaria que enfrenta el país.
Esta nueva masacre de la población indígena confirma las denuncias que ha presentado la Sra. Michelle Bachelet como Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en su detallado y contundente informe sobre la situación venezolana presentado ante el Consejo de los Derechos Humanos de esa organización.
En la grave situación que enfrenta la población del sur del país se evidencia la incapacidad del gobierno de mantener el control y la seguridad de esa zona donde prevalecen los negocios ilícitos, el lavado de capitales, el comercio de extracción y se denuncia incluso la presencia de grupos vinculados a las guerrillas y el terrorismo internacional que actúan con el beneplácito del régimen.
Además de la inseguridad que enfrenta la población venezolana y, en particular, la indígena, en la zona minera y el arco minero, se suman los graves problemas de salud, alimentación, ambiente, vivienda, y educación; lo que conforma un dramático cuadro de violación de los derechos humanos fundamentales, situación que contradice claramente la pretendida “normalización” de la situación nacional, una supuesta paz y convivencia por decreto, cuando los sectores más débiles y vulnerables enfrentan graves dificultades para lograr los recursos básicos para sobrevivir.
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