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GRUPO ÁVILA

Maduro, en la Corte Penal Internacional

Maduro, en la Corte Penal Internacional
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(Foto: Efe)
sábado 14 de diciembre de 2019, 19:14h
Reproducimos a continuación un comunicado del Grupo Ávila.

Se estima que en los últimos 20 años se han registrado más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y amenazas públicas y privadas en Venezuela; más de 700 presos políticos; denuncias sistemáticas de torturas, “suicidios” de los privados de libertad; violaciones al debido proceso; represión desmedida contra manifestaciones pacíficas; cientos de asesinatos de manifestantes por parte de cuerpos policiales y parapoliciales; utilización de listas discriminatorias para impedir que los opositores (listas “Tascón y Maisanta”) accedan al trabajo, a algunos servicios públicos o incluso reciban o adquieran las bolsas de alimentos que provee el gobierno para paliar el hambre de la población (caso Carnet de la Patria); sin olvidar el despido arbitrario y sin compensación alguna de miles de trabajadores de PDVSA. Esta inédita situación ha provocado que, en los últimos años, más de 4 millones de venezolanos hayan optado por abandonar el país, huyendo del hambre, la falta de empleo y oportunidades, y la persecución por parte del poder ejecutivo, que controla todos los poderes públicos, excepto a la Asamblea Nacional.

La realidad y las estadísticas ponen de manifiesto que el gobierno no es capaz de garantizar sus más elementales cometidos, como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al trabajo y a la educación, sin dejar de mencionar el injustificable deterioro de la infraestructura y servicios generales, todo lo cual configura la existencia de un Estado fallido.

Debido a esta dramática situación, varios países de la región decidieron denunciar al gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI); sin embargo, la actuación de la Fiscalía de la Corte, que tiene la competencia para adelantar los procedimientos establecidos en el Estatuto de Roma, ha estado muy por debajo de lo que se espera de una corte de justicia. En primer lugar, al haber ampliado al máximo posible los lapsos para el inicio de los distintos procesos de la Corte. En segundo lugar, al centrar su examen de la situación solo en los eventos ocurridos durante el año 2017, y no en la secuencia de eventos registrados desde el año 2001 y hasta el presente, lapso en el cual se han producido reiteradas violaciones a los Derechos Humanos, con lo cual sería imposible constatar y determinar la existencia de un patrón de conducta sistemático durante a lo largo de esos 20 años.

La actual Fiscal de la CPI culmina su periodo en septiembre del 2020, fecha que a estas alturas parece una eternidad para los venezolanos, que mantenemos la esperanza de que las organizaciones internacionales cumplan con sus responsabilidades.

Es bien sabido que la justicia, cuando es tardía, ya no es justicia, pues su tardanza se convierte en prolongación de la impunidad para el infractor y en eterno desamparo y humillación para la víctima, con lo cual se desvirtúa su propio sentido.

Ante esta situación, exhortamos a los países que realizaron la denuncia ante el CPI por los crímenes cometidos contra la población en Venezuela, no sólo a que exijan celeridad en la investigación, para poder comenzar a hacer justicia en este caso sino a estar atentos a la designación del nuevo fiscal.

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