Cuando algo funciona medianamente bien, aunque sea por inercia, y a algún lumbreras al frente del tinglado se le ocurre introducir cambios de cierta entidad, uno no puede sino a echarse a temblar, sobre todo si ello ocurre en un monstruo burocrático como la Administración. Sin embargo, en contra de lo esperado, la implantación del expediente digital en el ámbito del sector público ha constituido, a mi juicio, uno de los grandes aciertos acometidos por el legislador, como dicen los cursis, y se lo digo desde mi posición de funcionario. Se acabaron, así, la impresión absurda de copias, los extravíos indiscriminados de papeleo, pero, sobre todo, la posibilidad de introducir cambios a nuestro antojo, pues ahora queda constancia digital de cualquier enmienda sobrevenida en un documento ya firmado por la autoridad competente, lo cual garantiza la seguridad jurídica del ciudadano.
Cuando comencé a currar en la Administración hace casi veinte años, me tocó la llevanza de un par de Ayuntamientos minúsculos en los cuales me ocupaba de todas las fases de ciertos procedimientos, de modo que en ocasiones elaboré expedientes huérfanos de lectores al pasar exclusivamente por mis manos, a salvo alguna firmuca que había de requerirle al Alcalde, quien por otra parte no solía ni mirar los documentos cuando se los pasaba antes de estampar su rúbrica. Ello denotaba, por cierto, una confianza absoluta en mi trabajo, algo un tanto aventurado dada mi condición de principiante. En cualquier caso, me daba la impresión de que mis cometidos, haciendo abstracción de los trámites para camuflarlos, consistían en esencia en trasladar de un montón a otro papeles que nadie leía, sobre una mesa primero, en los cajones después, y colocarlos cuando ya no coleaban en uno de esos archivadores con tantos modelos, por lo menos, como los que ornaban la estantería de la oficina, gracias a los cuales se eliminaba toda armonía por si no fuera suficiente el desbarajuste. A partir de su depósito en las cajas, uno podía olvidarse de recuperar cualquier documento, cuyo periplo, no obstante, continuaría a través de diferentes armarios según variara la distribución de los servicios administrativos; vagaría así por las dependencias del primer piso durante unos cuantos mandatos hasta que un buen día un alcalde novato con afán de posteridad considerara preciso acometer una reorganización y dispusiera el traslado al sótano de varios quintales de legajos sin discriminar cronología ni negociado. En su nueva ubicación, nuestro vetusto papel se iría degradando por efecto de la humedad y los excrementos de los parásitos, si bien tampoco acabaría ahí su errático deambular: años después, un archivero financiado por la consejería del ramo pondría al día los fondos documentales, se desharía de las cajas viejas y empaquetaría cuanto sobreviviera al expurgo en unos flamantes estuches con la enseña del Gobierno regional, a los que adheriría una pegatina con la referencia utilizando esa coqueta nomenclatura que sirve para catalogar.
Pues bien, el expediente digital ha erradicado este sinsentido, y ello lo agradecerán determinadas estructuras institucionales, en cuyo sostenimiento España constituye una potencia mundial, quizá solo superada en este aspecto por Italia. Así, en ningún lugar como en nuestro país las cuitas localistas han condicionado con tanta vehemencia la predeterminación del aparato burocrático, y sirve para corroborarlo el caso de las Canarias, donde en su momento, al constituirse la Comunidad Autónoma, resulto imposible llegar un acuerdo para fijar la capitalidad. Hoy en día, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife se distribuyen equitativamente las instituciones salvo la sede del gobierno regional, que se desplaza entre ambas ciudades con ocasión del inicio de cada legislatura. Este insólito fenómeno no de da ni en la República de Sudáfrica, donde la cabecera de los tres poderes del Estado radica en otras tantas urbes diferentes, pero ello no da lugar al trasiego cuatrienal de impedimenta burocrática que se presume en las Islas Afortunadas —otra vez el cursi haciendo de las suyas—, algo que, por fin, el expediente digital habrá contribuido a erradicar. Eso que habremos ganado, pues la solución no se vislumbra a medio plazo, dado que no cupo allí la posibilidad de situar la cabecera de las instituciones en una localidad intermedia con el fin de evitar reticencias por parte de las ciudades rivales, como ocurrió con el apaño pergeñado en su momento en Galicia o en Extremadura. Asimismo, construir una nueva capital, como se hizo en Australia, probablemente habría superado en su momento el presupuesto disponible y además no hubiera resuelto el problema, porque ¿en qué Cabildo deberían haberla situado? ¿En El Hierro, quizás? ¿En una isla artificial de nuevo cuño, al modo de Dubái?
En fin, si pensamos que un político ha de bregar continuamente con cuestiones de este tenor, un llega a la conclusión de que su oficio no obtiene en absoluto el reconocimiento merecido por parte de la opinión pública. Y lo digo sin pizca alguna de sarcasmo, de verdad.
Si (
No(
