El Parlamento de Marruecos ha aprobado dos leyes para crear su ZEE -Zona Económica Exclusiva- dentro de la cual, estarán las Islas Canarias. Las 350 millas a las que aspiran ampliar su frontera pueden llevarlos a reclamar, al igual que lo hace España, la propiedad de los recursos naturales de Tropic, que hoy día es como la isla del tesoro del Océano Atlántico.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se ha esforzado este miércoles en tranquilizar al presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, y al conjunto de las fuerzas políticas del archipiélago, quitando hierro a esta cuestión para preservar la buena relación que España mantiene con el país vecino.
Aunque el asunto lleva sobre la mesa desde el pasado 17 de diciembre, la ministra ha esperado a esta semana para pronunciarse, además, vía Twitter. En su cuenta personal, Laya ha defendido que la delimitación de los espacios marítimos “no podrá hacerse de manera unilateral sino por acuerdo mutuo entre las partes y de conformidad con la legislación internacional en vigor”. La adopción de ambas leyes es, sin embargo, una acción unilateral, porque no ha sido negociada con España ni tampoco con los otros vecinos de Marruecos, Portugal, Mauritania y Argelia.
Según las Naciones Unidas, si bien es verdad que los países pueden delimitar sus aguas hasta 350 millas de la costa -como hace Marruecos-, en caso de que haya otro país afectado, en este caso España, esta debe ir condicionada a un “acuerdo mutuo” en una negociación que no ha ocurrido.
Precisamente mañana viernes, la ministra se reunirá con el presidente del Gobierno de Marruecos, Saadedín Ormani, para abordar con él esta decisión.
El PP, por el momento, ha pedido la comparecencia de la ministra en el Congreso para dar cuenta de la postura que adoptará el Gobierno de Pedro Sánchez al respecto que, según la formación de Pablo Casado, debe ser “inmediata y firme”. En concreto, quiere saber si la ministra aprovechará su estancia en Marruecos para trasmitir “alguna queja” por su actuación unilateral. Un acto que, a juicio del PP, es "contrario al ordenamiento jurídico internacional del Reino de Marruecos".
Vox también pedirá la comparecencia de Laya y, a su vez, exigirá al Gobierno que frene la “ofensiva de Marruecos” de ampliar sus aguas territoriales a la costa de Canarias.
Teniendo en cuenta que la expansión que tiene planeada Rabat carece de legalidad, el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, ha asegurado que su país que "no tiene ninguna intención de imponer hechos consumados". Así, ha reconocido que España "no solo es un vecino, es un socio estratégico y aliado de confianza" para Marruecos, y por ello el país magrebí aplicará con él "el principio de la buena vecindad".
No obstante, pese a estas palabras amistosas, el Gobierno marroquí no ha intentado en ningún momento reactivar la negociación estancada con el español sobre el reparto de las aguas del Atlántico.
La diplomacia marroquí pretende, entre otros propósitos, colocarse en buen lugar para tener acceso a algunas de las riquezas que subyacen en el Atlántico. La principal es el monte submarino Tropic, al sureste de la isla del Hierro, que contiene grandes reservas de cobalto y telurio; minerales que serán claves en la revolución verde que se espera que venga, imprescindibles para fabricar coches eléctricos o paneles solares.
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