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DESAFÍO SECESIONISTA

La Generalidad retuerce la ley para sacar de prisión a los condenados por el 1-O

Oriol Junqueras y Raúl Romeva, en una imagen de archivo..
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Oriol Junqueras y Raúl Romeva, en una imagen de archivo.. (Foto: EFE)
domingo 01 de marzo de 2020, 08:48h
Gracias a la dudosa aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario siete de los presos separatistas disfrutan ya de un "tercer grado encubierto".

El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario se ha convertido en el salvoconducto al que se agarran los presos separatistas para burlar las penas de prisión impuestas por el Tribunal Supremo, en un ejercicio que para muchos constituye un flagrante fraude de ley.

Gracias a la aplicación de este precepto normativo, a lo largo del último mes siete de los nueve políticos encarcelados ya han conseguido obtener un régimen de semilibertad que les permite salir de prisión entre tres y cinco días a la semana. Los dos últimos presos a los que se ha aplicado el 100.2 han sido el exvicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, y el exconsejero de Exteriores, Raúl Romeva, condenados a 13 años y 12 años, respectivamente, por sedición y malversación. Según la propia consejera de Justicia, Ester Capella, es "previsible" que se pueda aplicar el artículo 100.2 al resto de convictos, con independencia de que a alguno de ellos se le conceda el tercer grado cuando se revise antes de junio su actual clasificación.

Todo esto, dejando a un lado los 36 días al año que pueden salir de la cárcel (como establece la ley) y los privilegios penitenciarios de los que se han beneficiado los políticos separatistas desde que el Supremo aceptó trasladarlos a prisiones catalanas. Tal y como han denunciado El Mundo o El Español, los internos disfrutan de un régimen de visitas abierto (recibieron más de 2.300 "oficiales" tan solo en medio 2018), despacho propio, las mejores celdas, menú a la carta, acceso a internet y televisión, todo tipo de ocio...

La Fiscalía ya ha recurrido la aplicación del 100.2 a 'los Jordis' y es previsible que recurra el resto. El ministerio público ha cargado contra el Govern por lo que considera un "tercer grado encubierto", utilizando la "excepcionalidad", que prevé el citado artículo, como una "generalidad".

Jordi Sànchez, esta semana, tras salir de prisión para hacer voluntariado.

Preparando el terreno

A principios de enero, el Servicio de clasificación de Prisiones en Cataluña clasificó en segundo grado a los nueve reos separatistas. Este hecho, tal y como temía la Fiscalía, abrió la puerta a que todos estos políticos pudiesen solicitar indiscriminadamente la aplicación del 100.2, como ya está sucediendo.

Algo poco sorprendente, si se tiene en cuenta que el responsable de esta macrosecretaría penitenciaria (creada ad hoc por la Consejería de Capella en enero de 2019), es Amand Calderó, un independentista recalcitrante que luce orgulloso el lazo amarillo en la solapa. Calderó ya se valió del 100.2 para conceder el régimen de semilibertad a Oriol Pujol Ferrusola, después de que la Justicia revocase su arbitraria clasificación en tercer grado. Por otro lado, conviene recordar, a este respecto, que la Generalidad es la comunidad autónoma con más transferencias competenciales a su favor en materia penitenciaria (189) y la única que ejecuta la gestión de prisiones desde 1983.

No existe un requisito temporal para conceder el tercer grado, salvo en ciertos casos tasados y previstos en el artículo 36.2 del Código Penal (terrorismo, organización criminal o delitos contra menores). Cuando se condena a un individuo a más de cinco años por alguno de esos tipos delictivos el reo deberá cumplir al menos la mitad de la pena para poder pedir el tercer grado. Es lo que se denomina 'periodo de seguridad'. Para todas las demás penas superiores a cinco años, la ley deja en manos del juez decidir si impone o no ese periodo de seguridad. En el caso del procés, el Tribunal Supremo rechazó en su sentencia la petición de la Fiscalía, que precisamente reclamaba que los condenados tuviesen que cumplir la mitad de sus penas para poder disfrutar del tercer grado.

Cuando la Consejería de Justicia de la Generalidad clasificó en el régimen ordinario a los presos del procés, el ala más radical del separatismo se le echó encima por no concederles el tercer grado. Pero lo cierto es que el departamento de Capella era perfectamente consciente de que, por mucho que presionasen a las Juntas de Tratamiento y a los directores de las cárceles para que lo otorgasen, la Fiscalía se opondría y el caso, como prevé la ley, terminaría en el Supremo, tribunal que anularía los terceros grados.

El presidente Quim Torra y el secretario general de Prisiones, Amand Calderó | EFE

A vueltas con el artículo 100.2

El polémico artículo del Reglamento Penitenciario dice lo siguiente:

"(...) Con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad".

La naturaleza jurídica de este precepto es, pues, la de flexibilizar el régimen penitenciario del preso, posibilitando que a este puedan aplicársele aspectos de diferentes grados (primer grado: régimen cerrado; segundo grado: permisos puntuales; y tercer grado: régimen abierto o semilibertad) a fin de cumplir con mayor efectividad con el programa de tratamiento que diseña la Junta de cada cárcel. Sin embargo, como señala la Fiscalía en su último informe, no menos relevante es el concepto de excepcionalidad que señala la norma. No se trata de un derecho al que cualquier preso pueda acogerse sino de un supuesto excepcional aplicable a casos concretos.

Según han confirmado fuentes penitenciarias a este diario, cada año el artículo 100.2 se aplica en Cataluña a unos 400 de los más de 8.000 reclusos que tiene esta comunidad. Alrededor de un 5 %. En el resto de España ese porcentaje cae hasta menos del 2 %: en 2018, el 100.2 fue aplicado a alrededor de 900 de los 48.000 encarcelados.

Hasta ahora, siete presos separatistas se han beneficiado del 100.2: Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquím Forn, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Raúl Romeva. Estos reos, que cumplen penas de entre 9 y 12 años por sedición, han alegado motivos familiares, laborales o de voluntariado para poder salir de la cárcel durante el día, en un régimen prácticamente indistinguible del tercer grado, como ha denunciado la Fiscalía y han reconocido a este periódico las fuentes jurídicas consultadas.

"Lo que me preocupa de estos casos es que se les dé un tratamiento distinto al de otros presos. No digo que esté mal. Puede estar bien, pero tengo la impresión de que no es algo generalizado", explica Carlos Pérez del Valle, exmagistrado del Tribunal Supremo y decano de la facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo. "Me resulta llamativo que se conceda el 100.2 a todos los condenados por un mismo delito en un solo caso, porque esto depende de las personas. Se trata de una medida individualizada y no tengo claro que se esté aplicando así", añade.

"Hay que morderse un poco la lengua", admite el procesalista José Carlos Gómez-De Liaño, de la Universidad de Oviedo, quien admite que se trata de una medida "posible técnicamente", pero la ve "improcedente para delitos con una condena tan importante". "Parece que se está utilizando la normativa penitenciaria para favorecer a los presos del procés, y, probablemente, habrá un aluvión de solicitudes de este tipo", esgrime.

La semilibertad de Forn

Joaquím Forn, que salió de prisión hace poco más de una semana, puede resultar ilustrativo. El exconsejero de Interior, que ha sido contratado por Mediapro, ha recibido permiso de la Junta Penitenciaria de Lledoners para salir a trabajar en la compañía de Roures 12 horas y media diarias, cinco días a la semana.

El artículo 86 del Reglamento Penitenciario, que regula las salidas de prisión de los reos en régimen de tercer grado señala:

  1. Los internos podrán salir del Establecimiento para desarrollar las actividades laborales, formativas, familiares, de tratamiento o de otro tipo, que faciliten su integración social.
  2. Estas salidas deberán ser planificadas y reguladas por la Junta de Tratamiento, señalando los mecanismos de control y seguimiento que se consideren necesarios, de acuerdo con lo establecido en el programa de tratamiento.
  3. El horario y la periodicidad de las salidas autorizadas serán los necesarios para realizar la actividad y para los desplazamientos.
  4. En general, el tiempo mínimo de permanencia en el Centro será de ocho horas diarias, debiendo pernoctarse en el Establecimiento, salvo cuando, de modo voluntario, el interno acepte el control de su presencia fuera del Centro mediante dispositivos telemáticos adecuados proporcionados por la Administración Penitenciaria u otros mecanismos de control suficiente, en cuyo caso sólo tendrán que permanecer en el establecimiento durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento para la realización de actividades de tratamiento, entrevistas y controles presenciales.

Como puede observarse cuesta distinguir entre el segundo grado con que la Generalidad ha premiado a Forn y el tercer grado que recoge la Ley.

La Fiscalía reta al Govern

Por el momento la Fiscalía ya ha recurrido la aplicación del artículo 100.2 al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, al considerar que la Generalidad está "generalizando" (valga la redundancia) la flexibilización del régimen penitenciario a todos los líderes independentistas presos.

En ambos casos, el Ministerio Público insiste en que ninguno de los penados ha reconocido el carácter delictivo de su conducta ni ha asumido responsabilidades, requisitos indispensables para que se pueda reeducar, alejando de manera "rotunda" el riesgo de una recaída. Es más, Jordi Cuixart ha dicho expresamente que "lo volvería a hacer" y ha publicado un libro con ese título.

"La pena no es solo la resocialización, sino que debe mostrar que las normas están vigentes", recuerda el Catedrático en Derecho Penal, Carlos Pérez del Valle. "Si quien la infringe manifiesta su voluntad de volver a hacerlo no respeta la norma. Y al poner de manifiesto esta voluntad, no parece correcto que le correspondan beneficios o se le apliquen medidas que impliquen un aminoramiento de la severidad de la pena", zanja.

Según el Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, uno de los requisitos para poder disfrutar de este tipo de permisos es que los afectados "acepten" que cometieron un delito y se "comprometan" a no volver a hacerlo. Bañeres ha retado esta semana al Govern de la Generalidad, instándole a solicitar el tercer grado para los presos si los considera "rehabilitados", sabedor de que ello implicaría que el caso terminaría recalando de nuevo en el Supremo, donde rechazarían esta medida.

La primera reunión de la mesa de diálogo celebrada el pasado miércoles.

Código Penal, amnistía y tercer grado

Mientras todo esto sucede en Cataluña, el Gobierno, que depende del independentismo para echar a andar la legislatura, ya valora varias opciones para contentar a sus socios.

El que más cuerpo ha tomado en las últimas semanas es la reforma del Código Penal para maquillar el delito de sedición. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado "necesario y preciso" reformar este delito "cuanto antes". En una línea similar, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que someterá la reforma de la sedición al "más amplio debate". El propio líder del PSC, Miquel Iceta, ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo de que esta reforma "alivie las penas" de los separatistas.

Según ha informado El Mundo, la reforma que se planea entre bambalinas, introduciría un subtipo de sedición agravada por malversación de caudales públicos, superior en pena a la mera sedición, pero inferior a la condenas de Junqueras (13 años) y las de Romeva, Turull y Bassa (12 años). Debido al efecto retroactivo de la Ley Penal, estos cuatro presos se beneficiarían inmediatamente de la reducción de penas y saldrían antes de prisión.

El independentismo continúa insistiendo en la amnistía, como quedó patente en la primera reunión de la mesa de diálogo. Los separatistas prefieren hablar de amnistía y no de indulto, puesto que lo primero implica el perdón del delito, sin reconocimiento de culpa, mientras que el indulto tan solo condona la pena y el individuo sigue siendo culpable.

No obstante, y pese a la posición abierta de Pedro Sánchez (que necesita sí o sí a los separatistas para aprobar leyes fundamentales como la de presupuestos), la concesión de una amnistía requeriría la elaboración de una ley que se aplicase expresamente al colectivo solicitante, en este caso, los presos del procés, y dicho procedimiento tomaría su tiempo.

El 'plan b' del independentismo pasa por el tercer grado oficial. "Mientras no haya una amnistía tenemos que hacer el cesto con los mimbres que tenemos. Dentro de seis meses, muchos de estos presos podrían acceder al tercer grado. No es nada descartable", ha señalado la consejera de Justicia catalana, Ester Capella. Será entonces cuando la Generalidad revise de nuevo la clasificación de los presos del procés y, quizá entonces, muchos de ellos pasen ya a un régimen totalmente abierto o se beneficien de un régimen de segundo grado aún más permisivo que el actual.

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