En el Congreso y frente al pueblo

La expectativa está asociada a la posibilidad razonable de que algo suceda. Para que haya expectativa tiene que haber algo que la sostenga; vale decir, un proyecto, de lo contrario sería una simple esperanza que puede ser irracional o basarse en la pura fe. La expectativa surge siempre en casos de incertidumbre cuando aún no está confirmado lo que ocurrirá y es aquello que se considera más probable que suceda; en definitiva, la expectativa es una suposición más o menos realista. Ahora bien, si a mediano o largo plazo la expectativa no se cumple, la gente puede experimentar decepción. Sin embargo, por lo general, cuando la realidad supera la expectativa se siente alegría por la sorpresa. De manera tal que, además, la expectativa está vinculada a las predicciones y previsiones; por consiguiente, a mayor cantidad de certezas en el futuro mayor será la credibilidad o viceversa. Agreguemos, por otro lado, que en el contexto de la misma expectativa se juega un papel fundamental dependiendo si esta es positiva o negativa.

En su balance habitual, que todo presidente debe hacer al empezar el año ante la Asamblea Legislativa (y en este caso a punto de cumplir sus simbólicos primeros cien días de gobierno), Alberto Fernández no pudo exhibir la luna de miel que suele caracterizar a todos los presidentes debutantes. En un país que atraviesa tamaña crisis, no hay margen para eso. En verdad, si somos realistas, con lo que contó el gobierno de Fernández fue apenas con paciencia, resignación y acaso una muy modesta y relativa esperanza, casi deportiva y desprovista de cualquier forma de entusiasmo.

El diagnóstico económico sobre el fracaso de Macri en todos los aspectos se ubica más allá o más acá de toda grieta y hasta es compartido dentro de la misma coalición que perdió las elecciones; pero nadie sabe cómo salir de la encrucijada que dejó la combinación –llamémosle así piadosamente- de los desaciertos del Gobierno anterior. Aunque teniendo en cuenta también los idénticos despropósitos de su antecesora Cristina Kirchner, que en 2015 no dejó precisamente un lecho de rosas.

Si medimos ahora con la vara de la ecuanimidad, podemos decir que el de Alberto Fernández en el Congreso Nacional fue un discurso progresista, no populista, hecho por un presidente coherente y moderado, decididamente conciliador que no apela -y esto, sin duda, es lo novedoso y positivo- al culto de la personalidad. Probablemente, se deba a que no tiene un poder político que le permita hacerlo; pero, conociéndolo, sobre todo a su sensatez y a su mesura.

Dos temas centrales fueron los que ocuparon el discurso de Fernández. Por un lado, el proyecto para la despenalización del aborto, que es una idea que trae desde el comienzo de su gestión, e incluso desde antes. Ya en su primera reunión con el episcopado en Buenos Aires se refirió a esto, aclarando “Yo no soy abortista en lo personal, pero voy a promover la despenalización del aborto porque me parece un acto de justicia”.

Sobre esta cuestión cabe observar un detalle importante. Hay quienes se lo atribuyen a Fernández y otros a una abogada que actualmente ocupa el cargo de Secretaria Legal y Técnica de la Nación, la señora Vilma Lidia Ibarra, y es que el pensamiento de muchas de las iniciativas institucionales de este Gobierno, se apoyan en que la despenalización del aborto no es un proyecto del oficialismo en el Congreso, sino del Poder Ejecutivo. Algo muy distinto, por cierto, de lo que sucedió con el matrimonio igualitario, el cual sí tuvo su origen en el Congreso, y fue llevado adelante, precisamente, por la entonces diputada Ibarra. Pero en este caso es el Ejecutivo el que se propone ir hacia adelante con esta cuestión, independientemente de la opinión de la Iglesia. Y, sobre todo del Papa, uno de los principales aliados del Gobierno. De manera tal que durante la reunión que mantuvo el Presidente con la Conferencia Episcopal, sus miembros quedaron menos escandalizados por el enojoso asunto del aborto, que impresionados por la prioridad que se estableció en relación de la lucha contra el mucho más enojoso asunto de la pobreza, que horriblemente y a pesar de los planes sociales y los comedores escolares sigue rozando el 40 por ciento.

El otro tema que destacó Fernández en su discurso también resulta por demás álgido. Se refiere a la muy polémica cuestión de la Justicia Federal y su contaminación o concomitancia con los casi inmanejables Servicios de Inteligencia. Un tema de larga data que empezó tenuemente y que abarca, además, otras censurables cuestiones como el no cobro de ganancias a los miembros de la justicia y las exorbitantes jubilaciones que cobran jueces y fiscales (cuarenta o cincuenta veces superiores a la mínima que cobra cualquier jubilado). Algo que se estableció durante la censurable presidencia de Carlos Menem, siguió con el ecléctico mandato de De la Rúa y se agudizó con el gobierno de Néstor Kirchner y luego con su esposa.

El papel de los Servicios de inteligencia, se sabe, y sobre todo el de un personaje tenebroso como Jaime Stiuso, sirvió casi incondicionalmente al gobierno de la doctora Kirchner; en tanto que el manejo de la Justicia Federal estuvo muy ligada a los de sus acólitos de turno.

Sin duda, con todo esto se propone Fernández romper, justamente con una agenda que debería haber sido la de Macri, cuando algunos de sus colaboradores llegaron con una propuesta que era justamente la de disolver el poder o el oligopolio de sus centros establecidos en los edificio donde esta funciona (Comodoro Py y los Tribunales del centro), con un fuero federal más amplio que se extiende a los juzgados del fuero ordinario penal, el que en la ciudad de Buenos Aires atiende sólo delitos penales ordinarios, como hurtos, robos o asesinatos, dejando de lado la agenda federal que se concentra en temas vinculados al narcotráfico, terrorismo, contrabando y, sobre todo, al urticante tema de la corrupción.

La idea de Fernández; vale decir, el proyecto que según dicen en el Gobierno todavía está en estudio, es convertir parte de estos juzgados nacionales del fuero ordinario en juzgados federales; es decir, parte de los juzgados nacionales y los del fuero penales económicos se convertirían de esta forma en una nueva Justicia Federal. Así, de los 60 juzgados ordinarios se federalizarían 30. Agreguemos que casi todos ellos están vacantes y llegan a la calamidad de no tener jueces y deben ser subrogados por jueces de otros juzgados. Esta iniciativa le permitiría al gobierno de Fernández designar 30 jueces federales nuevos, lo cual es una novedad que muchos especialistas en la materia se encuentran analizando, pero que el Presidente obvió o pasó por alto en su analítico y enérgico discurso.

Cabe señalar que hoy en la Argentina la designación lleva demasiado tiempo, incluso si el proceso se hace de inmediato, demora aproximadamente de dos a tres años; lo cual no sólo hace que se frenen las causas, sino que conduce a prestar atención en otro detalle del discurso, que tiene que ver con la reforma en el Consejo de la Magistratura. En fin, un asunto profesional demasiado discutible que aún está sobre el tablero. El cual, según afirman algunos especialistas, no incidiría en la composición, pero sí en el reglamente interno, justamente para que los concursos sean la instancia final de la designación de los jueces. Un arduo y complejo entramado del que alguien debe hacerse cargo. Pues todos sabemos que un país sin justicia o con una justicia desequilibrada deja de ser una Nación ecuánime que, por consiguiente, desprotege a sus ciudadanos.

Con estas reformas el Gobierno podría tener disponible la designación de 30 jueces federales de los 50 que habría en la Capital, y con una modificación sobre el reglamento interno del Consejo de la Magistratura lo podría hacer en un año. Vale decir que Fernández está pensando, muy probablemente, en dejar su marca en la historia del fuero federal porteño. Algunos legisladores opositores de la coalición Cambiemos apoyan esta indudable y coherente reforma. Así sea.

Otro punto esencial es que parte de los juzgados se federalizarían y parte serían transferidos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser el presupuesto económico de esa transferencia? Es decir, se cuenta con recursos suficientes para alimentar a estos nuevos juzgados en un momento de crisis como el actual. Por supuesto que esta va a ser una gran discusión para el Parlamento y la actual administración, cuya lógica, prioridades y dinámica son difíciles de entender si uno no advierte que se trata de un gobierno con sentido popular, que tiene en el jefe del Gobierno Porteño un adversario insoslayable ya que pertenece al partido opositor. Pero hablar de justicia federal no es sólo hablar de un problema estratégico para la calidad institucional, sino de todo un paquete que, incluso, involucra Al crucial tema de la droga.

Este no es el único problema que está detrás del discurso del presidente Fernández. Todo su impulso de saneamiento de la Justicia tiene un límite y acaso un tangible problema, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, vice-presidenta y presidenta de la Cámara de Senadores. Ahí, se debe tener en cuenta la situación judicial de ella misma, su familia y otros altos funcionarios de su gobierno, asunto nada sencillo por cierto para el Presidente, que, se sabe, lo ha discutido con gente de la oposición. Esto nos lleva a imaginar que forma parte de un acuerdo o de una conversación más o menos explícita entre el Presidente y quien lo eligió para ocupar ese cargo.

Los casos de corrupción son demasiados y filosos y, a no dudarlo, su saneamiento institucional tiene preocupada a la Vice Presidenta que ve con indignación cómo la Oficina Anticorrupción (UIF) mantiene las querellas contra ex funcionarios de su administración, algunos ya presos. Esto hace también que se irrite cuando, como sucedió días atrás, según se filtró por un abogado de la AFIP, la doctora alegó que Lázaro Báez debía ir preso porque encarnó una matriz de corrupción fundada por Néstor Kirchner. En la Casa Rosada aducen lo primero. En la vicepresidencia, creen lo segundo. Contradicciones que, seguramente, se resolverían a favor de Fernández si él tuviera más poder político. Para eso, necesita un éxito económico; es decir, sacar a la Argentina de la recesión con una considerable baja de la inflación, y en un plazo breve y razonable, ya que marzo puede ser complicado con el regreso de las vacaciones y la vuelta de los chicos al colegio. Y ese, el de la economía, todos sabemos, es el centro del problema que hoy quita el sueño al Presidente.

La deuda y su posible negociación es el otro tema de conflicto interno e internacional. Hay que pagar y de lo que se carece por estos días en la Argentina es de dólares. Esta salida depende de lo que pase con la economía a no demasiado largo plazo. Pero las deudas son deudas y hay que pagarlas o, como dicen ciertos economistas, honrarlas (No hay deuda que no se pague / ni plazo que no se cumpla), dice sabiamente nuestro libro nacional, el Martín Fierro. El riesgo país no bajo, sino que, por el contrario sube y hace bastante tiempo que supera los 2000 puntos. Lo cual significa que los mercados permanecen indiferentes a la Argentina, territorio pantanoso e inseguro para realizar inversiones; sobre todo productivas, porque para las otras (las especulativas) hacen cola los muchachos. A esto se suma el Corona Virus, una peste ecuménica que ya nos está pisando los talones; eso sí con dengue y sarampión incluidos y quizá adosados por la inflación. Todo esto figura en la agenda y se está viniendo encima, aunque Alberto Fernández no lo expusiera de manera explícita en su democrática alocución del Congreso.

Se comenta en los pasillos del Ministerio de Economía que hubo ya una negociación de un “bono dual”, donde en la reestructuración lograron ponerse de acuerdo sólo con un 10 por ciento de los bonistas; después intentaron con un nuevo bono, pero fue desierta la licitación. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, el Gobernador Kicillof sigue aterrorizando al mercado; aunque, al fin, termina pagando (sin duda, por aquello de Martín Fierro…). ¿La deuda privada que se tiene que discutir de aquí al 31 de marzo probablemente se va a hacer con esta lógica y a la luz de estos cruciales antecedentes?

¿Hacia dónde irá la reestructuración o el debate con el mercado, con el cual, el ministro Guzmán ha retaceado su contacto, aunque no así con el FMI, que seguirá apretando? Probablemente, este esquema de negociación tiene como criterio principal una gran quita a los acreedores privados, avalada por el Fondo en este caso.

Hay, sin embargo, algunos optimistas que creen que la economía argentina arranca con una gran quita; pero, se suman problemas. No se sabe cuál va a ser la tasa de interés que va a tener esta aún hipotética economía. Tampoco se espera que el llamada “reperfilamiento” (término lacuziano, inventado por el precoz anterior ministro Economía Hernán Lacunza, no registrado por la Real Academia), acomode las condiciones para que esta renegociación signifique un relanzamiento de la Argentina al mercado internacional. Tampoco existe, tal vez, la posibilidad de una buena negociación sin un plan económico. Y de esto es de lo que parece carecer la Argentina. Las respuestas las balbuceó Fernández, aunque la realidad parece no ofrecer soluciones posibles.