A estas alturas del siglo XXI, la inmensa mayoría de españoles defiende las reivindicaciones feministas. Desde el PP hasta Podemos, todos los partidos políticos coinciden en la necesidad de eliminar cualquier diferencia entre hombres y mujeres. Nadie discute el derecho a la igualdad en todo: en la equiparación salarial, en el acceso a los puestos directivos en las empresas, en la conciliación laboral, en las tareas domésticas… Más aún, en nuestra nación es absoluto el rechazo a la violencia de género o machista.
Pero la propaganda de los partidos de izquierdas busca acaparar el protagonismo en el movimiento feminista y en las manifestaciones del 8-M, como ha podido comprobarse este domingo. Incluso, dentro del Gobierno, Carmen Calvo e Irene Montero han forcejeado por el contenido de la controvertida ley de libertad sexual. Y, como el año pasado, las dirigentes de Ciudadanos que se incorporaron a la manifestación fueron increpadas y amenazadas hasta obligarlas a abandonar la concentración. Precisamente por esa politización, este año ha descendido notablemente la asistencia a las marchas.
La defensa del feminismo debería unir a todos los partidos políticos en un pacto de Estado. El anteproyecto de ley que pronto desembarcará en el Congreso de los Diputados puede ser modificado y mejorado con las enmiendas de todos los grupos. Supondría un gran éxito político que fuera aprobado por unanimidad o, al menos, por una abrumadora mayoría del Hemiciclo. Pero el sectarismo de la izquierda lo impedirá introduciendo artículos o propuestas delirantes e inasumibles. Quiere hacer suya la bandera del feminismo. Y de momento está en sus manos. No se sabe si del PSOE o de Podemos.